Más que imprudentes me parecieron las agresivas e irresponsables declaraciones del director de la DIAN, el exministro Santiago Rojas, al director de noticias de Caracol TV, en las que reveló un supuesto complot de contrabandistas empeñados en tumbar la ley anticontrabando en la Corte Constitucional (CC), para lo cual tendrían destinados cuantiosos recursos. Rojas parece ser tranquilo, pero en esta ocasión se le fueron las luces acusando sin pruebas a la CC y a quienes están inconformes con la ley.
En primer lugar, que un grupo de personas que se sientan afectados por una ley se organicen para demandarla no puede ser un complot, sino el ejercicio legítimo de los instrumentos legales que ofrece el Estado de Derecho. Entre esos mecanismos con los que cuenta todo ciudadano, está el de la formulación de demandas de inexequibilidad contra las leyes, los cuales no deben generar reacciones tan descompuestas, y menos de un alto servidor público.
El mensaje del zar de los impuestos en últimas es tan inexacto como injusto, pues se traduce en que quien demande la ley anticontrabando, además de contrabandista, es un conspirador. Rojas habló al mejor estilo del talante uribista, pero los hechos tozudos no le dan la razón porque, a juzgar por las marchas convocadas en todo el país, quienes están en desacuerdo con esa ley son comerciantes, no contrabandistas.
Pero el asunto no termina allí. El director de la DIAN se atrevió a sugerir que hay montañas de dinero que se estarían invirtiendo para conseguir que la malhadada ley caiga pulverizada en la maltrecha CC. Insinuación irrespetuosa, por decir lo menos. Hablar de dinero como parte importante de una campaña en una corporación judicial para tumbar una ley, sin referir además un solo indicio, es una acusación subliminal de que hay alguien que está dispuesto a recibir sobornos o a vender su voto para sacar del firmamento jurídico la ley anticontrabando.
Lo mínimo que esperábamos quienes oímos su reportaje, fue que el jefe de la DIAN revelara las evidencias de sus graves acusaciones y las enviara a la Fiscalía, para que se apersone de la investigación correspondiente. Lo que hizo Rojas fue tirar la piedra y esconder la mano.
Los magistrados de la CC que todavía no han logrado salir del episodio de Fidupetrol —a pesar que algunos de ellos olímpicamente vaticinaron que la institución saldría fortalecida— deberían de estar furiosos con esta sindicación que los lastima en grado superlativo. Cómo así que el director de impuestos lanza semejante sospecha contra toda esa corporación y nadie se da por aludido. Algo malo debe de estar pasando para que, luego del escándalo en el que están comprometidos varios de los togados, no haya quien sea capaz de salir a defender el máximo tribunal constitucional de las alevosas insinuaciones del alcabalero funcionario.
El desgano para repudiar ataques contra la integridad moral de las altas cortes no es mal que afecte únicamente a la CC. También el Consejo de Estado recientemente aceptó unas rectificaciones hipócritas a la sindicación del procurador de que había una alianza para sacarlo del cargo entre el Gobierno y unos magistrados cooptados por el ejecutivo con nombramientos de familiares. Hace un par de años se impuso multa a quien usó la expresión coloquial de que el Consejo “se está haciendo el de la vista gorda” para significar que no tomaba decisión frente a un cuantioso asunto, pero hoy cuando lo acusan de intercambiar puestos por fallos judiciales, nadie se enfurece.
Mientras Santos se rasga las vestiduras exhortando a que cesen las discrepancias y la segunda “patria boba”, sus subalternos zahieren con expresiones hostiles y criminalizan la opinión disidente, como lo ha hecho el mandamás de la DIAN con quienes tienen derecho a no estar de acuerdo con una ley.
Adenda. Me resisto a creer que la ministra Cecilia Álvarez contará con garantías de imparcialidad en la investigación que le ha abierto el procurador homofóbico por supuestas irregularidades en la ejecución de la Vía de la Prosperidad, en el departamento del Magdalena, curiosamente la misma región de donde es oriunda la viceprocuradora.
notasdebuhardilla@hotmail.com
Más que imprudentes me parecieron las agresivas e irresponsables declaraciones del director de la DIAN, el exministro Santiago Rojas, al director de noticias de Caracol TV, en las que reveló un supuesto complot de contrabandistas empeñados en tumbar la ley anticontrabando en la Corte Constitucional (CC), para lo cual tendrían destinados cuantiosos recursos. Rojas parece ser tranquilo, pero en esta ocasión se le fueron las luces acusando sin pruebas a la CC y a quienes están inconformes con la ley.
En primer lugar, que un grupo de personas que se sientan afectados por una ley se organicen para demandarla no puede ser un complot, sino el ejercicio legítimo de los instrumentos legales que ofrece el Estado de Derecho. Entre esos mecanismos con los que cuenta todo ciudadano, está el de la formulación de demandas de inexequibilidad contra las leyes, los cuales no deben generar reacciones tan descompuestas, y menos de un alto servidor público.
El mensaje del zar de los impuestos en últimas es tan inexacto como injusto, pues se traduce en que quien demande la ley anticontrabando, además de contrabandista, es un conspirador. Rojas habló al mejor estilo del talante uribista, pero los hechos tozudos no le dan la razón porque, a juzgar por las marchas convocadas en todo el país, quienes están en desacuerdo con esa ley son comerciantes, no contrabandistas.
Pero el asunto no termina allí. El director de la DIAN se atrevió a sugerir que hay montañas de dinero que se estarían invirtiendo para conseguir que la malhadada ley caiga pulverizada en la maltrecha CC. Insinuación irrespetuosa, por decir lo menos. Hablar de dinero como parte importante de una campaña en una corporación judicial para tumbar una ley, sin referir además un solo indicio, es una acusación subliminal de que hay alguien que está dispuesto a recibir sobornos o a vender su voto para sacar del firmamento jurídico la ley anticontrabando.
Lo mínimo que esperábamos quienes oímos su reportaje, fue que el jefe de la DIAN revelara las evidencias de sus graves acusaciones y las enviara a la Fiscalía, para que se apersone de la investigación correspondiente. Lo que hizo Rojas fue tirar la piedra y esconder la mano.
Los magistrados de la CC que todavía no han logrado salir del episodio de Fidupetrol —a pesar que algunos de ellos olímpicamente vaticinaron que la institución saldría fortalecida— deberían de estar furiosos con esta sindicación que los lastima en grado superlativo. Cómo así que el director de impuestos lanza semejante sospecha contra toda esa corporación y nadie se da por aludido. Algo malo debe de estar pasando para que, luego del escándalo en el que están comprometidos varios de los togados, no haya quien sea capaz de salir a defender el máximo tribunal constitucional de las alevosas insinuaciones del alcabalero funcionario.
El desgano para repudiar ataques contra la integridad moral de las altas cortes no es mal que afecte únicamente a la CC. También el Consejo de Estado recientemente aceptó unas rectificaciones hipócritas a la sindicación del procurador de que había una alianza para sacarlo del cargo entre el Gobierno y unos magistrados cooptados por el ejecutivo con nombramientos de familiares. Hace un par de años se impuso multa a quien usó la expresión coloquial de que el Consejo “se está haciendo el de la vista gorda” para significar que no tomaba decisión frente a un cuantioso asunto, pero hoy cuando lo acusan de intercambiar puestos por fallos judiciales, nadie se enfurece.
Mientras Santos se rasga las vestiduras exhortando a que cesen las discrepancias y la segunda “patria boba”, sus subalternos zahieren con expresiones hostiles y criminalizan la opinión disidente, como lo ha hecho el mandamás de la DIAN con quienes tienen derecho a no estar de acuerdo con una ley.
Adenda. Me resisto a creer que la ministra Cecilia Álvarez contará con garantías de imparcialidad en la investigación que le ha abierto el procurador homofóbico por supuestas irregularidades en la ejecución de la Vía de la Prosperidad, en el departamento del Magdalena, curiosamente la misma región de donde es oriunda la viceprocuradora.
notasdebuhardilla@hotmail.com