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Ya es bueno que el país tome conciencia de que el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, es ambicioso, está detrás de todo y tras bambalinas promueve canonjías o construye trampolines para apoderarse de más cargos para sí o para los miembros de ese excluyente círculo de sus amigotes, una cofradía de vándalos de cuello blanco.
Hay que pararle bolas a este contralor quien a punta de llamar “jefe” a todos ha llegado muy lejos, al extremo de que hoy coadyuva en favores para el fiscal Barbosa, la procuradora Cabello, el defensor Camargo, el registrador Vega y, por supuesto, para el mediocre y cuestionado ministro de Justicia, Wilson Ruiz, y los abogados siniestros que merodean en las oficinas de estos funcionarios. Todos, de la mano pródiga del contralor, han reportado beneficios porque él maneja con maestría la lisonja y también el arte de advertir sin que parezca amenaza a través de mensajes crípticos. Ahora logró encantar a varios togados de altas cortes en las que tiene influencias, tanto en la Suprema como en la Constitucional e inclusive en el Consejo de Estado, donde apoya al hermano del director de Planeación aspirante a magistrado de la Sección Quinta. Valido de ese poder inmenso, está por concretar una reforma a la justicia que es un esperpento y está a solo un debate de ser aprobada, porque este Gobierno tramposo silenciosamente la ha tramitado en pleno paro, como lo viene haciendo con otros proyectos también inconstitucionales. Estos filipichines mandamases de hoy solo podían reformar la justicia a espaldas de todo el mundo y en plena crisis social.
Nada tiene que hacer el jefe del control fiscal en reuniones con congresistas para hablar del malhadado proyecto de reforma a la justicia, en el que no hay una sola disposición que sirva.
Ya se ha sabido que este proyecto trae un articulito que, de ser aprobado, le permitirá a Córdoba, cuando termine sus estudios de Derecho que alterna con sus tareas de hoy, hacer valer como experiencia para aspirar a fiscal o magistrado el haber sido contralor. No es lo único. También pretende repetir en la nueva ley el odioso control jurisdiccional automático a las sanciones de responsabilidad fiscal, que “alguien” —fácil imaginar quién— metió recientemente en una ley ordinaria y que el magistrado del Consejo de Estado Martín Bermúdez con razón se negó a aplicar por inconstitucional.
También saldrá favorecida la Defensoría del Pueblo, porque el proyecto pretende que en cada municipio haya un defensor, lo que multiplicará la nómina de suyo costosa, como lo están haciendo en la Contraloría y lo harán en la Procuraduría convirtiendo en jueces a los delegados. Semejante derroche en medio de la pobreza de la pandemia.
Las altas cortes participarán del ponqué, pues aumentará el número de magistrados, como si eso solucionara el letargo judicial. Y hasta se permitirá que aquellos togados que antes de serlo lo fueron también en tribunales pero no alcancen a jubilarse en una corte puedan retomar sus anteriores cargos. La joya de la corona será el empoderamiento de la Comisión Interinstitucional conformada por todos los presidentes de altas cortes, cuyo concepto será vinculante para elaborar el Presupuesto General de la Nación. Además, esta Comisión podrá nombrar al director ejecutivo de la Rama Judicial, quien por supuesto influirá en el nombramiento de los directores en cada departamento. Un caballo de Troya de la politiquería metido en las entrañas de la organización judicial a nivel nacional y regional, para asegurar el botín a manzanillos locales.
Nada que valga la pena para el ciudadano trae este proyecto. Obligar a las altas cortes a que sus fallos los divulguen 30 días después de los comunicados de prensa, en vez de que estén escritos cuando se divulguen; distribuir las vacaciones colectivas de fin de año en junio y diciembre; remunerar a los conjueces, lo que antaño ha sido un servicio cívico gratuito que entraña una distinción, y cosas parecidas. A nadie se le ocurrió, por ejemplo, decretar la emergencia judicial por un periodo razonable dentro del cual los magistrados fallen individualmente los asuntos represados en vez de hacerlo en las complejas salas colectivas.
Otra vez la fórmula lampedusiana de modificar todo, pero para que nada cambie. No hay derecho a que le hagan este mal a la justicia.
Adenda. Bienvenida la CIDH y que se reúna no solo con el Gobierno. Hay mucho para contar.
