Cuando en el próximo siglo las futuras generaciones estudien la historia de nuestro tiempo, despojados de la polarización política suscitada por la ira del uribismo, sus abogados y el caso del exministro Andrés Felipe Arias, se preguntarán cómo fue posible que le sucediera a la Corte Suprema de Justicia, en los albores del milenio, todo lo que le ha pasado.
Denuncia penal de un presidente de la República a un presidente de la corte, grabadoras instaladas subrepticiamente en la mesa de deliberaciones de la corporación, espionaje a los magistrados, y, lo último, convertir en basura uno de sus fallos legítimamente proferido para proteger un solo reo, sin importar que ello desbarajuste todo el sistema judicial. En 100 años quienes nos sucedan difícilmente se explicarán cómo pudo subsistir la Corte.
El reciente ataque a la estabilidad jurídica de la más alta instancia de la justicia ordinaria está por producirse, cuando la Corte Constitucional –también en crisis– decida que un exministro condenado penalmente de acuerdo con las reglas vigentes al ser juzgado, consiga tumbar un fallo, aplicando retroactivamente la decisión que implantó la segunda instancia para esos juicios. Que los historiadores del porvenir entiendan semejante maroma del Estado no les quedará fácil, porque tampoco las almas libres que estamos siendo testigos de esta amarga hora hemos podido comprender nada.
El entramado para liberar a Arias de una condena legítima ha confirmado que nuestra Corte no es suprema, sino rey de burlas de los demás poderes. En ningún otro país esta situación se habría resuelto como aquí ha sucedido.
Arias, sabedor de que sería condenado, salió intempestivamente del país y se instaló a vivir en los Estados Unidos. Un buen día las autoridades americanas, ante el pedido de extradición de Colombia, lo encarcelaron y luego de muchas vicisitudes judiciales lo devolvieron a su tierra.
Al ser deportado Arias fue recibido aquí con sigilo por autoridades colombianas que esta vez no honraron su reiterado hábito de convocar periodistas, como lo habían hecho unos días antes cuando llegó al aeropuerto El Dorado el controvertido General Santoyo, exjefe de seguridad de Uribe, a quien vimos descendiendo del avión que lo trajo de su cautiverio. Con Arias todo fue discreto, tanto que aún hoy no se ha visto una sola imagen suya y a lo mejor solo lo veremos sonriente si la Corte Constitucional profiere el fallo a su favor que ya está filtrado y cantado.
El exministro fue remitido a una guarnición militar, donde se encuentra en una condición menos aparatosa de la que padecen los demás reclusos, a pesar de que este gobierno prometió que no habría tratos preferenciales.
Ojalá no sea así, pero todo indica que en unos días la Corte Constitucional podría sacudir a sus colegas de la Sala Penal de la Corte Suprema, obligándolos a revisar el fallo con el que legalmente condenaron al poderoso exfuncionario, cuyo litigio cambiará para siempre el destino de la rama judicial. Después de esto nadie podrá decir que hay cosas imposibles en nuestra justicia. Ojalá los magistrados de las altas Cortes no sucumban a la ansiedad y la curiosidad de ir a tomar café en la Casa de Nari, donde no son bienvenidos.
Mientras tanto, el tenebroso exprocurador Alejandro Ordóñez, que destituyó a Arias, hoy vive las mieles de la diplomacia en Washington nombrado por este gobierno.
Tuvo razón el doctor Alfonso Reyes Echandía cuando en un sencillo homenaje de la comunidad de abogados al ser ungido como presidente de la Corte Suprema de Justicia, al que tuve la oportunidad de asistir, soltó tal vez la más dramática y conmovedora de todas las brillantes sentencias que salieron de su pluma de maestro inolvidable y valeroso magistrado impoluto: “Paradoja brutal es la del juez que, siendo titular del soberano poder de juzgar a los hombres, sea al mismo tiempo el más indefenso de los mortales”.
Que en el sereno juicio de la historia nos perdonen a los colombianos de esta centuria la multitud de errores imborrables con los que permitimos que se lastimara para siempre la Corte Suprema.
Adenda. Tiene razón monseñor Darío Monsalve al criticar al gobierno por no tener política de paz. Así lo confirman sus bandazos con el fallido proceso de paz con el Eln. Un día sí y al otro no.
Cuando en el próximo siglo las futuras generaciones estudien la historia de nuestro tiempo, despojados de la polarización política suscitada por la ira del uribismo, sus abogados y el caso del exministro Andrés Felipe Arias, se preguntarán cómo fue posible que le sucediera a la Corte Suprema de Justicia, en los albores del milenio, todo lo que le ha pasado.
Denuncia penal de un presidente de la República a un presidente de la corte, grabadoras instaladas subrepticiamente en la mesa de deliberaciones de la corporación, espionaje a los magistrados, y, lo último, convertir en basura uno de sus fallos legítimamente proferido para proteger un solo reo, sin importar que ello desbarajuste todo el sistema judicial. En 100 años quienes nos sucedan difícilmente se explicarán cómo pudo subsistir la Corte.
El reciente ataque a la estabilidad jurídica de la más alta instancia de la justicia ordinaria está por producirse, cuando la Corte Constitucional –también en crisis– decida que un exministro condenado penalmente de acuerdo con las reglas vigentes al ser juzgado, consiga tumbar un fallo, aplicando retroactivamente la decisión que implantó la segunda instancia para esos juicios. Que los historiadores del porvenir entiendan semejante maroma del Estado no les quedará fácil, porque tampoco las almas libres que estamos siendo testigos de esta amarga hora hemos podido comprender nada.
El entramado para liberar a Arias de una condena legítima ha confirmado que nuestra Corte no es suprema, sino rey de burlas de los demás poderes. En ningún otro país esta situación se habría resuelto como aquí ha sucedido.
Arias, sabedor de que sería condenado, salió intempestivamente del país y se instaló a vivir en los Estados Unidos. Un buen día las autoridades americanas, ante el pedido de extradición de Colombia, lo encarcelaron y luego de muchas vicisitudes judiciales lo devolvieron a su tierra.
Al ser deportado Arias fue recibido aquí con sigilo por autoridades colombianas que esta vez no honraron su reiterado hábito de convocar periodistas, como lo habían hecho unos días antes cuando llegó al aeropuerto El Dorado el controvertido General Santoyo, exjefe de seguridad de Uribe, a quien vimos descendiendo del avión que lo trajo de su cautiverio. Con Arias todo fue discreto, tanto que aún hoy no se ha visto una sola imagen suya y a lo mejor solo lo veremos sonriente si la Corte Constitucional profiere el fallo a su favor que ya está filtrado y cantado.
El exministro fue remitido a una guarnición militar, donde se encuentra en una condición menos aparatosa de la que padecen los demás reclusos, a pesar de que este gobierno prometió que no habría tratos preferenciales.
Ojalá no sea así, pero todo indica que en unos días la Corte Constitucional podría sacudir a sus colegas de la Sala Penal de la Corte Suprema, obligándolos a revisar el fallo con el que legalmente condenaron al poderoso exfuncionario, cuyo litigio cambiará para siempre el destino de la rama judicial. Después de esto nadie podrá decir que hay cosas imposibles en nuestra justicia. Ojalá los magistrados de las altas Cortes no sucumban a la ansiedad y la curiosidad de ir a tomar café en la Casa de Nari, donde no son bienvenidos.
Mientras tanto, el tenebroso exprocurador Alejandro Ordóñez, que destituyó a Arias, hoy vive las mieles de la diplomacia en Washington nombrado por este gobierno.
Tuvo razón el doctor Alfonso Reyes Echandía cuando en un sencillo homenaje de la comunidad de abogados al ser ungido como presidente de la Corte Suprema de Justicia, al que tuve la oportunidad de asistir, soltó tal vez la más dramática y conmovedora de todas las brillantes sentencias que salieron de su pluma de maestro inolvidable y valeroso magistrado impoluto: “Paradoja brutal es la del juez que, siendo titular del soberano poder de juzgar a los hombres, sea al mismo tiempo el más indefenso de los mortales”.
Que en el sereno juicio de la historia nos perdonen a los colombianos de esta centuria la multitud de errores imborrables con los que permitimos que se lastimara para siempre la Corte Suprema.
Adenda. Tiene razón monseñor Darío Monsalve al criticar al gobierno por no tener política de paz. Así lo confirman sus bandazos con el fallido proceso de paz con el Eln. Un día sí y al otro no.