Asqueantes las revelaciones de Angie Rodríguez, la ex mano derecha del presidente Petro, sobre lo que está pasando en la Casa de Nariño. La señora Rodríguez, que nadie sabe de donde salió ni cuáles son sus méritos, de repente aparece denunciando que hay una red criminal en Presidencia, en la que estarían implicados Carlos Carrillo, Juliana Guerrero y José Raúl Moreno. El cuento suena verosímil, aunque la delatora o traidora obviamente pretende victimizarse ocultando su naturaleza de arpía. Entre todos quieren hacerse daño porque no hay uno solo que se salve de lo que ya no es un simple desencuentro entre compañeros de trabajo, sino una organización ávida de dinero y poder que los asusta a ellos mismos.
Según la denunciante, están agarrados por plata, como si fueran mafiosos. Ella asegura que la quieren sacar porque pretenden apoderarse de los recursos públicos cuantiosos que solita maneja como gerente del Fondo de Adaptación. Sus acusados rechazan los cargos con debilidad y sin convencer.
Hasta un espía parece haber sido contratado para vigilar a Angie. Y para completar, la UIAF, comandada por otro controvertido personaje del régimen, tercia en la polémica para asegurar que la otrora cómplice de Petro no está siendo investigada. ¡Qué paradoja! La oficina y residencia presidencial son un monumento consagrado a la ordinariez, al fraude, al complot y a la conjura.
Pero ¿cómo es posible que en la casa en la que dice trabajar Petro, así no duerma allá, se haya convertido en una trinchera del mal? Por supuesto que, si cada funcionario que pasa por esa fría mansión palaciega termina involucrado en una historia siniestra, bien de contratos delictuosos, o de coimas, o de espionaje, y quién sabe cuáles otros enredos, la culpa es de todos incluido y encabezando Gustavo Petro.
Difícil suponer que el presidente no está informado y advertido de todo lo que ocurre en sus narices, porque cada uno de esos sujetos que están comprometidos en esa vida sórdida que han armado en el epicentro del poder tiene cercanías y casi que intimidad con Petro. Por eso, uno de los mensajes atribuidos a Carlos Carrillo da cuenta de que Angie Rodríguez llegó a Palacio “como una completa desconocida, con carita de yo no fui y salió peor que Laura”, pero que nada de eso fracturará su relación con Petro porque “una aparecida no va a quebrantar eso”. Es decir, no hay duda de que todos y cada uno de esos malandrines tienen que haber hecho partícipe o encubridor al mandatario y, además, transformado la sede presidencial en una guarida.
Si Petro tolera en silencio lo que está sucediendo y va a terminar de ocurrir en estos eternos cuatro meses que restan al 7 de agosto para que se acabe esta especie de orgia perpetua de corrupción, ese problema no puede hacer metástasis. Con lo que se ha publicado con ocasión del último escándalo, ya era hora de que se hubieran abierto investigaciones penales y disciplinarias, y que hubieran sido suspendidos de sus empleos varios de los protagonistas que están entregados a la innoble tarea de avergonzarnos de cómo se ejerce el poder por el M-19.
Ni Procuraduría ni Fiscalía investigan al presidente, pero sí pueden husmear la robusta nómina de la Casa de Nariño y poner orden, caiga quien caiga. Seguramente Petro reemplazaría a los descabezados con otros colaboradores de la misma calaña, como ha sido su costumbre desde que inició su accidentado mandato, porque ese es su ámbito vivencial, pero quedará constancia de que las autoridades no fueron indiferentes a la ruina moral que nos indigna a todos. Claro, siempre habrá un lagarto u oportunista dispuesto a dejarse nombrar así sea por unos meses para incluir en su rastrera y babosa hoja de vida que fue ministro, aunque de Petro. ¡Cría Cuervos!
Es el gobierno del tenebroso M-19, del que no esperábamos que el poder les abriera las agallas por volverse ricos con plata ajena.
Adenda No 1. Está claro que Cepeda, Paloma y De la Espriella están cañando. De dientes para afuera, todos dicen estar dispuestos a debatir en público, cada uno con condiciones inaceptables o infamantes, pero, por lo pronto, ninguno parece atreverse.
Adenda No 2. Una condena en un arbitraje internacional (CIADI) al Estado colombiano en favor de la multinacional Telefónica, por 380 millones de dólares, debe generar sanciones a quienes como funcionarios crearon las condiciones fácticas para este desastre, incluyendo acciones de repetición en su contra. ¿Dónde estará el contralor?
