La disculpa que no disculpa

Tan agobiados quedaron muchos con Petro que algunos —por ingenuidad o lambonería— sostienen que a Abelardo le salen bien las cosas, más ahora que este católico ferviente desfila ante las cámaras en medio de cadáveres, sus trofeos de caza. En esa exaltación andan algunos medios y columnistas, curiosamente los mismos que con su silencio apoyaron a Petro, o tomaron partido por Duque, Santos y Uribe, pues siempre son gobiernistas.

Los abelardistas promueven la tesis de que su jefe sí cumple órdenes judiciales, porque acató la sentencia de tutela del juzgado 5 Laboral del Circuito de Bogotá, que le impuso excusarse por desconocer en una alocución la laicidad del Estado. Aplauden la supuesta gallardía del mandatario al pedir perdón por romper la neutralidad religiosa a la que le debe obediencia como jefe de Estado, pero callan cuando este impugna la decisión que aparentemente acató, con el insostenible argumento de que obligarlo a excusarse vulnera la separación de poderes y el pluralismo religioso.

Abelardo dio la apariencia de acatar el fallo, pero no lo hizo, pues reiteró su atropello al laicismo y a la orden judicial que decía acatar. Lo que hizo fue una maroma de litigante penalista. Le oímos una habilidosa referencia a que si sus palabras habían ofendido a algunos entonces se excusaba. Como quien dice: no creo haber ofendido a nadie, pero si alguno se sintió maltratado que me excuse. Eso no es excusarse.

De la Espriella no tuvo la entereza de admitir que se había equivocado con sus expresiones religiosas. Eso fue una burla a la decisión judicial, que precisamente le ordenó excusarse porque encontró que efectivamente con sus alusiones de catolicismo exacerbado sí había ofendido y pisoteado el talante no confesional de la Carta Política.

Las disculpas han debido empezar por reconocer que la jueza tenía razón en calificar su conducta como una agresión al Estado social de derecho. Nada de eso le oímos a Abelardo, pero la zalamería y lisonja nacionales ya decidieron que él es distinto a Petro, con la peregrina e infundada tesis de que sí cumple los fallos judiciales.

Si en algo se parecen Abelardo y Petro es en su peculiar forma de desobedecer a los jueces. Petro también decía que acataba algunas decisiones, solo que de dientes para fuera, como cuando le ordenaron rectificar su sablazo de “muñecas de la mafia” a las periodistas. En agosto de 2024 pretendió enmendar diciendo: “Las periodistas no son muñecas de la mafia, pero la mafia ha tenido periodistas a sueldo”. Con razón la Corte Constitucional consideró insuficiente la rectificación, porque lejos de corregir había reafirmado su frase inicial y seguía sugiriendo que existían mujeres periodistas al servicio de la mafia. La retractación solo se produjo el 19 de mayo de 2026 por orden de la Corte Constitucional, cuando Petro por fin retiró sus palabras y afirmó: “Las mujeres que hacen periodismo en Colombia de ese grupo no son muñecas de la mafia” y reconoció que son profesionales libres; les ofreció excusas a todas las mujeres que ejercen el periodismo.

Ahora se excusó sin excusarse por haber dicho lo que le está vedado pues, como símbolo de la unidad nacional, no puede invocar sus personales creencias católicas en ningún sentido, ni menos ampararse en el pluralismo religioso que ultrajó. Tiene derecho a profesar o no lo que le plazca, pero en privado, jamás en público. Ni tampoco podía terminar esas fallidas excusas públicas con el grito retador de “Viva Cristo Rey”, como lo hacían en los 50 los “chulavitas” godos que creían que matar liberales no era pecado. Si eso fue excusándose, ¿cómo será atacando?

Adenda No 1. Deja mal sabor el cierre del programa en Blu Radio de las reconocidas periodistas Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo. No es verosímil el cuento de que no tenían audiencia, porque otra cosa percibió la opinión. ¿O será que empezó la purga y están desempolvando la lista de 13 comunicadores incómodos que Abelardo anunció en campaña? Eso coincidiría con la orden impartida a los obsecuentes y asustadizos ministros y funcionarios de que solo pueden hablar con los medios amigos, pero con previa autorización de la Casa de Nariño.

Adenda No 2. El presidente de la Corte Suprema de Justicia con razón afirma: “Ningún funcionario judicial que haga parte del sistema de justicia [...] debe afrontar amenazas, riesgos o presiones por cumplir con su función”. ¿Y el resto de ciudadanos no clasificamos?