El triunfo aparente de Ordóñez al haber conseguido que la demanda de nulidad de su nombramiento no sea decidida por una sección, sino por la Sala Plena del Consejo de Estado (CdeE), podría convertirse en su hora más difícil en toda su historia, quién lo creyera, por cuenta de los intereses personales de quien fue su magistrado y presidente.
Si el CdeE decreta la nulidad del nombramiento de Ordóñez, como en estricto derecho debe ocurrir, habrá dado una lección de independencia y autonomía. No sólo debe caerse el procurador porque no podía ser reelegido, sino porque su designación estuvo envenenada por la corruptela del sistema del “yo te elijo, tú me eliges”. Está acreditado, sin lugar a dudas, que Ordóñez también incurrió en ese mismo pecado, pues varios de los togados y senadores que acogieron su nombre para el cargo que hoy ocupa, participaban a su turno de la torta burocrática de la Procuraduría. Aunque no faltarán quienes digan que la caída de Ordóñez fue fruto de una persecución política, lo cierto es que una decisión que reconozca probados esos motivos, convencería a la opinión pública, porque en últimas estaría reiterando la jurisprudencia de hace apenas un mes cuando decretó la nulidad del nombramiento de Francisco Javier Ricaurte por razones semejantes.
En cambio, si el CdeE llegare a decidir que no es nula la elección de Ordóñez como procurador, bien porque considera que sí se podía reelegir o porque concluye que no fue irregular que su nombramiento hubiese obedecido a un intercambio de favores burocráticos, ello no sería creíble ni respetable.
En efecto, para empezar el ciudadano de a pie no entendería por qué el CdeE anula el nombramiento del magistrado Ricaurte al establecer que llegó a esa dignidad gracias a la puerta giratoria y a las canonjías, pero un mes después los mismos magistrados proceden de manera diferente ante el hecho probado de que Ordóñez se hizo nombrar acudiendo al procedimiento espurio del elígeme que yo te elijo.
Y una decisión que no acoja la nulidad del nombramiento de Ordóñez permitiría hacer conjeturas verosímiles acerca de que no fue desprevenido el tránsito del pleito a la Sala Plena del CdeE, teniendo en cuenta que en dos oportunidades anteriores había considerado que el asunto debía ser fallado por la Sección Quinta. En efecto, que la más alta autoridad de la justicia contenciosa administrativa haya decidido cambiar su criterio cuando ya conocía el sentido de una ponencia adversa a Ordóñez, y que lo haya hecho a instancias de dos consejeros, uno de ellos su cercano amigo, Marcos Velilla, y el otro antiguo subalterno suyo, Alfonso Vargas, suscita la duda mortal de la que hablaba Racine.
El triunfalismo arrogante de Ordóñez y su séquito apenas conocieron que el pleito de marras ya no lo decidirían en una sección, sino en Sala Plena, deja el sabor amargo de que se trató de un zarpazo y no de una medida garantista. Y para acabar de completar las desgraciadas coincidencias, el tambaleante procurador formula recusaciones tardías contra dos de sus jueces impetradas cuando ya se conocía el sentido de la ponencia y, además, consigue el obligado retiro de Ricardo Hoyos, uno de los conjueces que por su trayectoria le parecía incómodo a la cofradía del procurador.
La suerte está echada. El CdeE tiene en sus manos la oportunidad histórica de demostrarle al país que sí es capaz de anular el irregular e ilegal nombramiento de Ordóñez, o sencillamente renunciar al derecho de ganarse el respeto ciudadano y someterse al cuestionamiento colectivo. Que resplandezca la justicia en el CdeE, o que brille para él la luz perpetua, como diría el prepotente rezandero mayor de Ordóñez.
Adenda. Nadie mejor en el concierto latinoamericano que el expresidente Ernesto Samper Pizano para asumir la secretaría de Unasur, más ahora con ocasión del proceso de paz en La Habana. Obviamente los pregoneros del odio y agentes del resentimiento no desisten de su mezquino empeño de impedirle al exmandatario liberal el elemental derecho de vivir y trabajar en paz. Buen viento y buena mar a Samper.
