La impunidad del procurador

Está haciendo falta el Tribunal de Aforados, porque en las más altas esferas de ciertos organismos reina la impunidad. El ejemplo más claro lo constituye el procurador general, Alejandro Ordóñez, a quien lo tienen convencido de que será candidato presidencial.

Este intolerante, que cree que rezando purga sus faltas, se ha entregado a la orgía de preparar el terreno para asumir su candidatura en nombre del conservatismo. Por supuesto que él puede aspirar a ser precandidato, pero lo que está mal, porque es constitutivo de delito o falta disciplinaria, es que utilice la jefatura del Ministerio Público. Tal es su descaro, que ahora anda entregando regalos en las ciudades que visita, como cualquier político, falta ver si eso lo hace con cargo al erario.

En efecto, son ya numerosas las faltas disciplinarias y los delitos en los que estaría incurso Ordóñez, pero nadie lo investiga y sanciona, porque los encargados de hacerlo son sus amigotes en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo de Estado, donde a pesar de que algunos magistrados son conscientes de lo que está pasando, no hay mayoría para aplicarle la ley y restablecer el orden que ha roto descaradamente este procurador, por cuenta del manejo clientelista de la nómina oficial. Recientemente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala de Descongestión, en el proceso N° 11001333170820110000101, en sentencia del 16 de septiembre de 2014, condenó a la Procuraduría por declarar insubsistente arbitrariamente al abogado Luis Antonio Marín Burgos, para ubicar en su puesto a un ecólogo que resultó ser hijo de quien para entonces era consejera de Estado.

En materia del proceso de paz, la intervención de Ordóñez no puede ser más nefasta. Nada le gusta y todo lo censura, y a pesar de eso se molesta si alguien lo señala como enemigo de la paz. Es imposible encontrar un censor más agrio de todo lo que está pasando en La Habana, tanto que supera incluso al senador Uribe Vélez, cada vez más provocador y menos provocativo. Al procurador le pareció que la liberación del general Alzate no fue un gesto de paz; tampoco le gustó que la exsenadora Piedad Córdoba, a la que lleva persiguiendo desde que asumió el cargo, fuera a La Habana como víctima, ignorando que estuvo secuestrada por su copartidario Carlos Castaño; sin argumentos se ha opuesto a la tesis del narcotráfico como conexo del delito político sólo para fines electorales, impecable y convincentemente expuesta por el ministro de Justicia, Yesid Reyes, y en los últimos días, sin que siquiera se hubiere conocido la postura del Gobierno, se anticipó a descalificar el anuncio del cese unilateral del fuego decretado por las Farc.

¿A título de qué el jefe del Ministerio Público torpedea el proceso de paz, si no es para rendirle culto a su malsana intención de aspirar a la Presidencia? Tal es su arrojo, que incluso algunos de los negociadores del Gobierno en La Habana parece que promovieron ese esperpento de reforma legal para ponerse a salvo de investigaciones penales y disciplinarias, porque temen ser investigados, destituidos e inhabilitados por un procurador que persigue con rencor y odio a quienes no militan en su imposible credo de la intolerancia.

El presidente y el equipo negociador en La Habana tienen que estar si no furiosos, al menos mortificados de que Ordóñez ejerza como jefe de Estado. Eso sin olvidar que en los procesos judiciales de interés de jefes o familias conservadoras, la Procuraduría está inclinada groseramente en su favor.

Santos debe darse golpes contra la pared, al recordar que fue gracias a la excontratadora Morelli y a su lánguida exministra de Justicia Ruth Stella Correa —hoy flamante árbitro de jugosos pleitos estatales—, quienes le hicieron la campaña a Ordóñez para reelegirse y poder fustigar injustamente al Gobierno que todos los días suplanta y usurpa.

Adenda. Finalmente al Gobierno le resultó bien la tarea legislativa, pues además de que se expidieron leyes importantes como la de la financiación de la justicia, avanza con paso firme el proyecto de equilibrio de poderes, que enterrará la perversa reelección presidencial.