El uribismo pretende que sea delito opinar que ellos pueden estar detrás de todo este entramado de espionaje, “chuzadas” y guerra sucia. Es como si los colombianos tuviéramos que borrar un arsenal de sucesos que hacen verosímiles las revelaciones de la revista Semana y obvias las suposiciones que de las mismas obligatoriamente se desprenden.
El ADN del uribismo está en la retina colectiva y es el de que, cada vez que ha estado en el poder, se enreda en faenas indebidas contra la democracia. Veámoslo.
Siendo gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe terminó su mandato en medio de un escándalo regional cuando se establecieron numerosas “chuzadas”, curiosamente a defensores de derechos humanos. Este episodio no escaló, pero desde entonces empezó a hacerse famoso Santoyo, el policía que estuvo preso en Estados Unidos luego de ser jefe de seguridad del todopoderoso presidente.
Llegaron los siniestros ocho años de la Seguridad Democrática y también allí el régimen se lució, al extremo de que tuvieron que cerrar el DAS. La Corte Suprema de Justicia fue “chuzada” precisamente cuando investigaba a Mario Uribe, primo del presidente. ¿Se les olvidó, acaso, la grabadora que incrustaron en la mesa de las deliberaciones de la Corte, o los pagos a las empleadas encargadas de la cafetería y repartidoras de café? ¿Se les extravió también en la memoria que varios alfiles presidenciales fueron condenados penalmente por esa gigantesca operación de persecución a magistrados, periodistas y críticos del Gobierno, algunos de los cuales continúan presos, como Jorge Noguera o María del Pilar Hurtado? ¿Olvidaron, además, la operación Andrómeda, con la que se vigilaba a los voceros del proceso de paz de entonces y en la que estuvo involucrado un hacker contratista de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, el cual aún hoy sigue tras las rejas? Tan no pueden haber olvidado todo esto, que ahora en el gobierno del subpresidente Duque se repite esta ordalía pavorosa del espionaje estatal que de nuevo amenaza el Estado de derecho.
El uribismo se enfureció a niveles amenazantes por el solo hecho de que Semana haya hecho pública esta tragedia que no cesa, en la que, quiérase o no, el Gobierno es el mayor sindicado. Lo que pretenden ignorar el presidente eterno y sus tenientes, como José Obdulio, Rafael Nieto, María del Rosario Guerra y otros que también andan asustados, es que el primer error garrafal en que incurrió Duque al iniciar su período fue entregarle al uribismo —con semejantes antecedentes— la seguridad, la inteligencia y la fuerza pública.
El anterior ministro de Defensa, Guillermo Botero, y el director de Inteligencia, el vicealmirante (r) Rodolfo Amaya, se convirtieron en perritos falderos del presidente eterno y Duque, en testigo silente y complaciente. En ese ambiente de corruptela creció el nombre del general Nicacio Martínez, un personajito menor, quien salió por la puerta grande, cuando ha debido salir por la de atrás, solo porque contó con la complicidad presidencial y la del nuevo ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, el charlatán del régimen. No puede ser que haya pasado todo lo que ha sucedido y que ahora Nicacio, a través de uno de los miles de abogados penalistas que necesita el uribismo, pretenda silenciar a quienes opinen sobre estas gravísimas faltas con una avalancha de denuncias penales temerarias o querellas civiles, como todas las causas que allá se cocinan.
Esa es la estrategia de un Gobierno que, para no responder, habla de manzanas podridas y responsabilidades individuales. Ahora judicializarán el ruido y como la Fiscalía nunca encuentra una grabación, entonces todo lo convertirán en un bochinche mediático, cuando lo que han hecho es abusar del poder y delinquir.
Se extraviaron quienes creen que apagarán las voces disidentes espiándolas o, cuando se saben descubiertos, amenazándolas con un enjambre de leguleyos.
Adenda. Sí a la despenalización del aborto. No hay sociedad verdaderamente libre y democrática si las mujeres no pueden ejercer plenamente sus derechos sexuales y reproductivos. Si la Corte Constitucional despenalizara el aborto en las primeras semanas de gestación, leería adecuadamente los tiempos que la acompasan y entendería una sociedad que pide a gritos igualdad de género real.
El uribismo pretende que sea delito opinar que ellos pueden estar detrás de todo este entramado de espionaje, “chuzadas” y guerra sucia. Es como si los colombianos tuviéramos que borrar un arsenal de sucesos que hacen verosímiles las revelaciones de la revista Semana y obvias las suposiciones que de las mismas obligatoriamente se desprenden.
El ADN del uribismo está en la retina colectiva y es el de que, cada vez que ha estado en el poder, se enreda en faenas indebidas contra la democracia. Veámoslo.
Siendo gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe terminó su mandato en medio de un escándalo regional cuando se establecieron numerosas “chuzadas”, curiosamente a defensores de derechos humanos. Este episodio no escaló, pero desde entonces empezó a hacerse famoso Santoyo, el policía que estuvo preso en Estados Unidos luego de ser jefe de seguridad del todopoderoso presidente.
Llegaron los siniestros ocho años de la Seguridad Democrática y también allí el régimen se lució, al extremo de que tuvieron que cerrar el DAS. La Corte Suprema de Justicia fue “chuzada” precisamente cuando investigaba a Mario Uribe, primo del presidente. ¿Se les olvidó, acaso, la grabadora que incrustaron en la mesa de las deliberaciones de la Corte, o los pagos a las empleadas encargadas de la cafetería y repartidoras de café? ¿Se les extravió también en la memoria que varios alfiles presidenciales fueron condenados penalmente por esa gigantesca operación de persecución a magistrados, periodistas y críticos del Gobierno, algunos de los cuales continúan presos, como Jorge Noguera o María del Pilar Hurtado? ¿Olvidaron, además, la operación Andrómeda, con la que se vigilaba a los voceros del proceso de paz de entonces y en la que estuvo involucrado un hacker contratista de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, el cual aún hoy sigue tras las rejas? Tan no pueden haber olvidado todo esto, que ahora en el gobierno del subpresidente Duque se repite esta ordalía pavorosa del espionaje estatal que de nuevo amenaza el Estado de derecho.
El uribismo se enfureció a niveles amenazantes por el solo hecho de que Semana haya hecho pública esta tragedia que no cesa, en la que, quiérase o no, el Gobierno es el mayor sindicado. Lo que pretenden ignorar el presidente eterno y sus tenientes, como José Obdulio, Rafael Nieto, María del Rosario Guerra y otros que también andan asustados, es que el primer error garrafal en que incurrió Duque al iniciar su período fue entregarle al uribismo —con semejantes antecedentes— la seguridad, la inteligencia y la fuerza pública.
El anterior ministro de Defensa, Guillermo Botero, y el director de Inteligencia, el vicealmirante (r) Rodolfo Amaya, se convirtieron en perritos falderos del presidente eterno y Duque, en testigo silente y complaciente. En ese ambiente de corruptela creció el nombre del general Nicacio Martínez, un personajito menor, quien salió por la puerta grande, cuando ha debido salir por la de atrás, solo porque contó con la complicidad presidencial y la del nuevo ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, el charlatán del régimen. No puede ser que haya pasado todo lo que ha sucedido y que ahora Nicacio, a través de uno de los miles de abogados penalistas que necesita el uribismo, pretenda silenciar a quienes opinen sobre estas gravísimas faltas con una avalancha de denuncias penales temerarias o querellas civiles, como todas las causas que allá se cocinan.
Esa es la estrategia de un Gobierno que, para no responder, habla de manzanas podridas y responsabilidades individuales. Ahora judicializarán el ruido y como la Fiscalía nunca encuentra una grabación, entonces todo lo convertirán en un bochinche mediático, cuando lo que han hecho es abusar del poder y delinquir.
Se extraviaron quienes creen que apagarán las voces disidentes espiándolas o, cuando se saben descubiertos, amenazándolas con un enjambre de leguleyos.
Adenda. Sí a la despenalización del aborto. No hay sociedad verdaderamente libre y democrática si las mujeres no pueden ejercer plenamente sus derechos sexuales y reproductivos. Si la Corte Constitucional despenalizara el aborto en las primeras semanas de gestación, leería adecuadamente los tiempos que la acompasan y entendería una sociedad que pide a gritos igualdad de género real.