La parábola mockusiana

Pertenezco a ese grupo de personas que no estamos convencidas del patriotismo de Antanas Mockus ni de la sinceridad de sus campañas folclóricas de cultura ciudadana.

El exalcalde ha logrado situarse como un ejemplo a seguir, y desde ese falso pedestal ha pretendido imponernos su peculiar forma de entender los compromisos cívicos, y valido de ese prestigio hoy se pavonea por todo el país apoyando candidatos de diferentes colores y tendencias, unos menos lunáticos que otros, pero por lo general aspirantes inexpertos en el complejo oficio de administrar la cosa pública.

Mockus es un suertudo. Se volvió figura nacional al bajarse los pantalones y mostrar su trasero a otros intolerantes que no lo dejaban hablar en la Universidad Nacional, cuando era su discreto rector. Aunque tuvo que dejar su cargo por esta audacia  —que entre otras cosas no fue original—, muy pronto se convirtió en un personaje acatado que se ha dado el lujo de ser dos veces alcalde, candidato presidencial, y recientemente animador de cuanta fiesta electoral se le atraviese.

Y digo que el destino de Mockus es singular, porque hace unos meses conocimos una noticia que a muchos nos estremeció, y que a otros de pronto apenas los desilusionó. En efecto, de los propios labios del exalcalde oímos su confesión espontánea de que en otros tiempos fue colaborador de las Farc, y no simplemente un romántico de la causa insurgente.

Mockus admitió que hace 30 años intentó falsificar cédulas para favorecer a las Farc, y también que recibió entrenamiento con tal fin. Además elaboró un catálogo para la insurgencia. En una carta pública, aunque se presentó apenas como simpatizante de las Farc, reclamó en su favor que “como funcionario público también ayudó a consolidar el prestigio y la eficacia de la Fuerza Pública, y ayudó a promover la firma del Tratado de Roma que creó la Corte Penal Internacional”.

Todo eso puede que sea verdad, pero también lo es que mintió y eso en un hombre público es imperdonable. Ese desliz no se purga con el ofrecimiento de “recibir la misma sanción que recibirán los dirigentes de las Farc que quieran reconocerse culpables de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra”, sobre todo cuando se está seguro de que no habrá sanción de ninguna clase, ni siquiera la social, porque aquí eso no existe.

Si Piedad Córdoba, por ejemplo, hubiese confesado esas cercanías con las Farc, los medios y los ardientes voceros del Centro Demoníaco la habrían crucificado, y en las redes sociales la habrían vilipendiado. Pero no, el país recibió casi que en silencio las revelaciones del que se sigue llamando profesor Mockus, no obstante que las mismas daban para haber iniciado al menos una indagación preliminar encaminada a establecer cuál fue esa colaboración con las Farc, por qué se dio, en qué contexto, a cambio de qué, y en fin, todo lo que debería ser objeto de pesquisas ante semejante revelación.

Sorprende que Mockus, en vez de esperar la sanción que pidió por sus faltas de antaño, esté entregado a la política clientelista. Al menos debería ilustrar a sus compatriotas sobre todo lo que pasó en esa época gris en la que se extravió para favorecer a la insurgencia. Eso sería más honesto que el cañazo de pedir que lo sancionen como a cualquier guerrillero

Adenda. Si la senadora María del Rosario Guerra no es socia de LEICO CONSULTORES SAS desde 2013, como lo afirma, no se entiende la razón por la cual el proyecto de ley sobre televisión fue elaborado en un computador de esa empresa (http://bit.ly/1EJLjTS). Va resultar muy esclarecedor confrontar la lista de clientes de LEICO (http://bit.ly/1LpZWDJ) con los beneficios que el malhadado proyecto de ley terminaría concediendo a ciertos operadores de cable de llegar a convertirse en ley de la República.

En cualquier caso, pésima señal para la democracia que entes privados puedan estar detrás de la elaboración de proyectos de ley para favorecer sus intereses o los de su poderosa clientela. ¿Qué dirá el Consejo de Estado?

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