La paz empresarial

Ser empresario en un país sacudido por un conflicto de más de medio siglo es una proeza.

Por eso cualquiera pensaría que los más interesados en que salga bien y pronto el proceso de paz en La Habana serían las personas dedicadas a la construcción y sostenimiento de las industrias, porque ellas también han padecido la guerra. No obstante, a medida que las interminables conversaciones habaneras avanzan, los gestos empresariales desconciertan.

El Consejo Gremial es el estamento más poderoso del país porque allí tienen asiento los sectores más representativos de la economía nacional, y por lo mismo pesan sus inquietudes formuladas al plebiscito por la paz y a los efectos vinculantes del mismo, los cuales cuestionan porque a su juicio podrían afectar la democracia.

A quienes se mueven en el sofisticado mundo de la empresa les parece que el 13% como umbral aprobatorio del referendo por la paz no es suficientemente representativo de la voluntad popular. Por supuesto que no es malo que por primera vez en la historia los empresarios estén reclamando más participación popular, lo que pasa es que su actitud de ahora sorprende, porque con ella parecería que estuviesen más interesados en que los acuerdos de La Habana se ahoguen en las urnas a que sean aprobados.

Me resisto a creer que los empresarios no sepan que su mejor negocio es la paz, entre otras para librarse de tentaciones imperdonables como la que lamentablemente protagonizaron unos industriales vallecaucanos —entre otros uno muy galardonado por estos días—, que en las épocas del Caguán entre líneas sugirieron a Simón Trinidad secuestrar políticos y no industriales, con el argumento de que ellos generaban trabajo. Y esa sugerencia se volvió verdad, sin que hasta ahora ninguna Fiscalía se haya interesado en investigar tan grave suceso.

Pero los reparos empresariales no se refieren solamente al tema del umbral, pues también andan alertas con los efectos vinculantes de ser aprobado el plebiscito. El Consejo Gremial ha declarado que la ratificación popular de los acuerdos de La Habana “no puede significar la modificación automática, así sea temporal, de la Constitución”. ¿Será que están cambiando nuestros empresarios que ahora se preocupan por la suerte de la Carta Política, o en el fondo de sus corazones albergan la esperanza de que, a pesar de que se apruebe el plebiscito, tengan una oportunidad adicional de influir en la suerte de los proyectos de ley que habrán de tramitarse?

El presidente Santos de nuevo se enreda en la pita de la refrendación, pues les aseguró a los empresarios —que entre otras cosas no han estado jamás de su lado— que lo aprobado por el plebiscito no se convertirá automáticamente en norma constitucional o legal, en lo que no le falta razón. Sin embargo, no ha quedado claro si el Congreso podría negarse a aprobar una o varias leyes de implementación de los acuerdos, luego de que hayan sido refrendados por votación popular. Me temo que frente a un mandato colectivo expresado con contundencia en las urnas, las cámaras no estarían habilitadas para impedir la aprobación de algún proyecto de ley incluido en los acuerdos. Eso sería un desafío.

Qué distinto sería el panorama si los empresarios estuvieran decididamente jugados por los acuerdos de La Habana. Los colombianos estaríamos más agradecidos con quienes tienen el control de todo si estuvieran felices de pagar los impuestos por la paz, como lo estuvieron cuando sufragaron el impuesto de guerra. Es la oportunidad de que esos industriales que se beneficiaron de la abolición del reconocimiento de las horas extras a los trabajadores sin que hubieran destinado esos recursos a crear nuevos empleos, como ingenua o maliciosamente lo diseñó el gobierno de Uribe, se suban al bus de la paz.

Adenda. ¿Dónde estaba la Policía cuando un asesino en serie ejecutaba y enterraba a sus víctimas en sus propias narices, en el céntrico y custodiado cerro de Monserrate? ¿Acaso espiando periodistas?

notasdebuhardilla@hotmail.com