La sorpresiva renuncia de Jineth Bedoya tanto a la justicia nacional como a la que esperaba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un suceso trascendente.
En efecto, si Bedoya, con todos los reflectores de los medios nacionales e internacionales encima de su causa, llegó a tan dolorosa decisión —como ella misma lo comentó en su dramática columna de El Tiempo (“Si llegara la justicia”)—, qué podrán esperar las miles de mujeres de esa inmensa legión de víctimas del machismo y la misoginia.
La judicatura queda muy mal parada con este desistimiento, el cual contribuye a la desesperanza que padecemos por estos tiempos de Gustavo Petro y de una justicia injusta y a veces fletada. La Procuraduría y los demás órganos competentes, en vez de andar en los reiterados ágapes de mutuos elogios a los que concurren con frecuencia, o en los opíparos encuentros de las jurisdicciones, deberían iniciar ya las investigaciones para sancionar a las autoridades que han dejado morir en la impunidad el caso de Jineth. Es increíble que, luego de la renuncia de Bedoya, no haya habido un solo pronunciamiento de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. Silencio inexplicable.
El desistimiento de Jineth es un grito frente a la injusticia de la que ella sigue siendo víctima, y una voz de alarma que sacude a la sociedad. En efecto, vivimos una creciente desgracia generalizada, porque las instituciones solo ofrecen a los ciudadanos desilusiones y traumas. Miremos algunos ejemplos de lo que pasa: este fin de semana hemos asistido a los funerales de soldados asesinados por una insurgencia criminal y tramposa que parece derrotar al Gobierno; también vimos una minga indígena que no alcanzó para llenar la plaza de Bolívar pero que sí secuestró en sus lugares de trabajo a funcionarios de la Superintendencia de Notariado y del Departamento Nacional de Planeación, hasta que les dio la gana y sin recibir ni siquiera una amonestación; el insólito “plan pistola” contra jueces y fiscales vallenatos; y a esos desmanes se suman los disparates constitucionales de Petro para ultrajar a todos los jueces y burlarse de sus órdenes, y ahora su amenaza al Senado de cerrarlo y convocar él solito la consulta popular por decreto si decide no autorizarla. Por todo esto, cuando Jineth renuncia a la justicia pone el dedo en la llaga de un país en rumbo a un precipicio.
En lo personal, siento el desgano que esta renuncia debe de haber generado a mis alumnos del Externado de Colombia, que hicieron del caso de Jineth un estudio académico denominado La revictimización procesal en casos de violencia sexual en el proceso penal en Colombia, con el que participaron en el Concurso nacional de semilleros, convocado en 2022 por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, y obtuvieron merecidamente el primer puesto entre más de 100 universidades colombianas y extranjeras. Ellos entendieron la dimensión de esa agresión y con sus almas de soñadores ingenuos la estudiaron desde sus perspectivas de juristas en formación. Jineth tiene que saber que esos seres limpios, que por sus juventudes aún tienen sus ilusiones intactas, no la han abandonado ni lo harán nunca. A ellos desde esta tribuna los animo a no perder jamás la fe en la justicia, ni siquiera por el derrumbe moral de hoy que también los estremece.
El lamento de la valerosa periodista también lo sufrimos en carne propia millones de colombianos, incluyéndonos quienes como abogados no ejercemos la profesión valiéndonos de influencias políticas o compadrazgos, ni atrincherados con equipos de exmagistrados detrás de la baranda judicial, ni con ex altos funcionarios que alimentan la corruptela, como sí lo hacen en la más escandalosa impunidad ciertos vástagos de poderosas y decadentes castas presidenciales, que se han hecho famosos en los estrados — en Bogotá y en provincia— por avivatos, abusivos, intrigantes y soberbios; atributos con los que, sumados a la compra de testigos y fallos, vencen pero nunca convencen porque, como diría Unamuno, para eso les hace falta la razón.
Jineth: la justicia cojea y llega tarde, pero llega.
Adenda No 1. ¿En dónde se habrán metido los millones de marchantes que, según prometió Petro, saldrían el 1 de mayo a respaldar su consulta populista?
Adenda No 2. Recordar los 41 años del magnicidio de Rodrigo Lara intentando invitar al hijo de Pablo Escobar y llevando otros canallas no es un acto de perdón sino una irresponsabilidad y un atropello a la memoria del inmolado dirigente.
