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QUE EL PRESIDENTE SANTOS HAYA anunciado tanto a la revista Semana como a El País de España, que podría no someter su nombre a una reelección, es una noticia de tanto calado democrático y de tanta importancia política, como lo fueron las de haber comprometido su gobierno en los proyectos de la ley de tierras y la de víctimas, y como lo será la publicitada reforma a la justicia.
El anuncio presidencial de no estar interesado en perpetuarse en el poder, cuando el mandatario registra el impresionante 80% de popularidad, suena verosímil. Santos tiene que saber que la afirmación sobre su desgano reeleccionista, no caerá en el vacío, y que obviamente contrastará con todo lo que hizo el anterior gobierno para quedarse en el poder no una vez sino dos, en ambas ocasiones valido de artificios y delitos que aun hoy siguen en investigación exhaustiva.
No creo que el actual mandatario haya aseverado que no está entre sus planes reelegirse, para luego terminar haciendo lo que hizo su antecesor. Santos no tiene los ojos puestos en las zonas francas, ni en cosas menores, y por eso está consciente de que la vida del hombre público no deja de ser ingrata, porque suele recordársele más por sus mentiras que por sus logros.
Con su postura antirreeleccionista Santos confirma lo que muchos creemos acerca de que nunca antes se había hecho tanto daño, como el que se hizo a toda la institucionalidad, con ese perverso articulito que los “uribeños” se inventaron para transgredir el Estado de Derecho. Una Constitución diseñada íntegramente para que el presidente no pudiere reelegirse, terminó con un palo en la rueda, autorizando la reelección, pero sin garantizar el sistema de pesos y contrapesos entre las diferentes ramas del poder público.
Por cuenta de esa maroma política del uribismo ante la cual se arrodilló el país entero, entonces resultó que el presidente reelegido terminó dueño del aire y gobernando hasta los entes independientes y autónomos, como el Banco de la República, la Comisión Nacional de Televisión, e incidiendo en la integración de las altas Cortes, principalmente la Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura.
En el Banco Emisor, sólo se oía la voz presidencial; en la Comisión de Televisión los enviados del gobierno perdieron el pudor, pues parecían ministros del despacho; en la Corte Constitucional un ex subalterno de Uribe y otro de sus más fervientes aliados, sin méritos se convirtieron en magistrados, y hoy su falta de independencia frente al régimen al que tanto sirvieron, es groseramente notoria; a su turno, el Consejo Superior de la Judicatura, que Uribe había prometido acabar pero se arrepintió, justamente cuando surgió la necesidad de que se aprobara la primera reelección, hoy es tolda de algunos políticos que por supuesto han alcanzado tales dignidades por obra y gracia de la política uribista.
Si Uribe no se hubiese reelegido, además en la forma tan sucia en la que lo logró, institucionalmente todo seguiría como estaba antes del estropicio reeleccionista. Santos ha hecho bien en ponerle distancia a esa tentación totalitaria, pero lo haría mejor si da el paso definitivo que hace falta.
En efecto, este año se conmemoran los primeros 20 años de la Constitución del 91, que hoy es una colcha de retazos. En vez de las fastuosas celebraciones con las tediosas remembranzas de varios de los ya vetustos ex constituyentes, o de los discursos ridículamente rimbombantes de uno que otro ministro de la época, el Gobierno debería conmemorar presentando un proyecto de acto legislativo que restablezca la no reelección. Atrévase, presidente Santos.
Adenda. Si la fiscal Viviane Morales se propone investigar la corrupción en el Valle del Cauca, va a tener con qué entretenerse. Ya se sabe que están temblando, además, algunos ex gobernadores y ex alcaldes que saquearon las arcas oficiales.
