TODOS QUEREMOS QUE EL CARRU-sel de la contratación de Bogotá sea descubierto y sancionado, no importa quien caiga, llámense abogados, periodistas o asesores financieros. Es lo mínimo que demanda la ciudadanía, la gran afectada con ese desastre que dejó a la ciudad desordenada, invivible e intransitable.
Pero ojo, una cosa es reclamar que haya justicia, y pronto, y otra bien diferente es que el pésimo registro en las encuestas del alcalde Samuel Moreno sea aprovechado por los organismos de control para hacer política o para que los sancionadores logren dividendos de aceptación, como creo que ha empezado a ocurrir.
Por estos días ha crecido el rumor de que el procurador Ordóñez suspenderá por tres meses al Alcalde, por las irregularidades derivadas de los contratos celebrados por el IDU para las obras de la calle 26. El runrún tiene que provenir del despacho del “Absolvedor”, pues hay quienes aseguran que en privado ha dicho que descabezará a Moreno, a quien es evidente que le tiene ganas, principalmente por los jugosos dividendos políticos que cobraría al decapitar a quien tiene en contra más del 70% de la opinión.
Ese propósito de retirar temporalmente del cargo al burgomaestre, se ha hecho acompañar de otra noticia filtrada por la Procuraduría. Ordóñez ha dejado saber que ha suspendido vacaciones de los subalternos que tienen a su cargo procesos sensibles, porque habrá decisiones trascendentales en los próximos días, las cuales obviamente van a llenar el precario espectro noticioso de fin de año, siempre urgido de sucesos que divulgar.
Si la Procuraduría tiene que suspender temporalmente a quien tenga que hacerlo, incluido el alcalde Moreno, pues que lo haga, esa es su función, pero acatando la ley, no violándola. Lo que es peligroso e ilegal es que diseñe y ejecute una estrategia mediática para ambientar sus decisiones, porque eso es politiquería, oportunismo y persecución.
De ese protagonismo parece haberse contagiado la contralora Sandra Morelli, cuya cercanía y gratitud con el procurador Ordóñez son ostensibles. Sus declaraciones en las que reveló la apertura de un juicio de responsabilidad fiscal y embargos contra Samuel Moreno, Lucho Garzón y otras personas, tuvo más el sabor de una avanzada de la Procuraduría, que una determinación serena. Y digo que fueron inusuales esas declaraciones de Morelli, porque el artículo 20 de la ley 610 de 2000, claramente establece que son reservados los procesos de responsabilidad fiscal y hasta sanciona al servidor que transgreda esa prohibición.
Me resisto a creer que Procurador y Contralora están concertados para sancionar al alcalde Moreno, y que a esa alianza de “superhéroes” logren sumar a la nueva fiscal, Viviane Morales. Ojalá los excesos mediáticos de Procurador y Contralora sean sólo eso, y no las manifestaciones de una sofisticada inquisición.
Hablaría muy mal de las instituciones y de la democracia misma, que se conformara un sindicato entre las autoridades para investigar y sancionar selectivamente. Cada loro en su estaca, haciendo lo que le corresponda, pero nunca amangualados. En eso también consiste el Estado de Derecho.
Adenda. Aplazar indefinidamente las elecciones en el Valle del Cauca para elegir gobernador, valiéndose de la emergencia social y de los damnificados del invierno, es un atropello jurídico y político. Tan grande como el favor que terminaron haciéndole al vicepresidente Angelino Garzón y a los empresarios empeñados en que siga como gobernador hasta finales de 2011 el indelicado Francisco Lourido, más conocido como “Balboa”, porque continúa sin pagar a Emcali los 16 mil millones a los que lo condenó la justicia, por violar la moralidad administrativa.
notasdebuhardilla@hotmail.com
