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Insólito que algunos magistrados se resistan a que haya un tribunal con dientes para investigarlos y juzgarlos.
Qué clase de democracia puede ser esa en la que precisamente la cumbre del poder judicial reclama inmunidad, invocando argumentos deleznables. Y qué Rama Judicial tenemos cuando su vocero en tan importante reunión con Gobierno y Congreso fue el muy sonriente y cínico Francisco Javier Ricaurte, quien, a pesar de haberse anulado su nombramiento, sigue en el cargo gracias a leguleyadas.
Se ha dicho por varios de los protagonistas que el tribunal de aforados es una revancha de la clase política contra la Corte Suprema por los juicios de la parapolítica, y bajo ese artificio se ha montado una defensa inaceptable encaminada a que no haya control alguno para los magistrados.
Esta Corte Suprema de ahora no es la misma que encarceló a la clase política comprometida con el paramilitarismo y enfrentó con valor el acoso del Gobierno de Uribe. Y no es la misma principalmente porque el partido de los jueces se apoderó de todos los rincones de la justicia, la cual politizó a grados tan alarmantes que fueron los mismos magistrados quienes debilitaron los juicios de la parapolítica. En efecto, fue la Sala Penal de la Corte Suprema la que promovió el retiro del magistrado investigador de la parapolítica, Iván Velásquez, porque resultaron incómodas varias de sus actuaciones que despertaron celos en uno que otro magistrado titular, alguno de ellos desde ya candidato en la sombra a ser fiscal general de la Nación. Por eso hoy, cuando el procurador Ordóñez se apresta a destituir a Velásquez por la idiotez de haber sacado unas fotocopias de un expediente, sin tener competencia para juzgarlo disciplinariamente, en la Corte algunos parecen frotarse las manos con esta ilegal aventura. Cuando decapitaron a Velásquez no hubo quien dijera que ello afectaría los juicios por parapolítica, como si lo hacen hoy cuando la Comisión Primera del Senado, en un acto de dignidad que ojalá no sea pasajero y no se negocie, aprobó el tribunal de aforados.
Sostener que la senadora Claudia López es de derecha y que se convirtió en defensora de la parapolítica, porque participó en la iniciativa de aprobar el tribunal de aforados como se autorizó, es una insensatez. Acusar de semejante falta precisamente a quien se hizo visible por sus investigaciones sobre la parapolítica, ofende la inteligencia y deja muy mal parados a quienes han venido propalando esta infamia en contra de López.
Si se crea un tribunal de aforados que después de investigar no pueda sancionar política ni penalmente a los encartados, eso sería una burla, como la de prever que sus miembros sean nombrados o siquiera sugeridos por los propios magistrados, como lo pretenden los irritados togados. La fórmula que trae el proyecto para la nominación y designación del tribunal de aforados, consistente en que intervengan los tres poderes, no es perfecta, pero tampoco es una desgracia, porque no se ofrece desequilibrada. Pero si esa opción no satisface, podría pensarse en facultar al presidente para que, previa una selección rigurosa, vigilada por universidades, colegios de abogados, organizaciones sociales, medios de comunicación y demás fuerzas vivas de la sociedad, nombrara por la primera y única vez a los miembros del tribunal de aforados, autorizándolos para proveer sus reemplazos por el sistema de cooptación. Eso ha funcionado en el pasado.
Desde esta columna vaticiné que una reforma que no revoque a todos los togados, incluidos los buenos, y que se elabore de la mano de unos magistrados politizados, terminaría siendo un desastre institucional. Todo indica que vamos camino hacia el abismo.
Adenda 1. Mala señal que el proyecto de Código de Policía haya sido presentado al Congreso solamente por el ministro de Defensa y el director de la Policía. Eso explica el tufillo despótico de ese estatuto que en nada mejorará la convivencia ciudadana.
Adenda 2. El panfleto radial La Hora de la Verdad, conducido por Fernando Londoño, el Héroe de Invercolsa, fue desmentido por el premio nobel Mario Vargas Llosa. Qué más se puede esperar.
Ramiro Bejarano Guzmán *
