Los puntos sobre las íes

QUE EL PROCURADOR ALEJANDRO Ordóñez haya pretendido que el presidente de la República le diera cuenta de su determinación de permitir que alias Timochenko se trasladara a La Habana confirma que en la Procuraduría no hay un jefe de Ministerio Público sino un ambicioso precandidato, que desafía la decencia y la ley hablándole al país desde el encuentro conservador en San Andrés.

La aspiración politiquera de este nefasto procurador lo ha hecho suponer que la defensa de los intereses de la sociedad que él ha desprotegido le concede licencia para imponer al Ejecutivo sus convicciones de cómo debe orientarse la tarea administrativa. Una cosa es ser procurador, otra coadministrar.

Los excesos del procurador fueron males buscados por el mismo Gobierno. Fue Santos quien propició la reelección de Ordóñez, cuando, por recomendación de éste y de la fugitiva excontralora, se dejó meter como ministra de Justicia a Ruth Stella Correa —hoy flamante árbitro en cuantiosos litigios de la Nación, no obstante que hizo parte de este Gobierno—, quien con la Morelli hicieron todas las diligencias para que el procurador se perpetuara en el cargo. Cuando el Gobierno quiso ambientar otro nombre, ya el marrullero de Ordóñez, a punta de burocracia y de subliminales amenazas, había “convencido” a la Corte Suprema y al Senado de que lo reeligieran. Si otro hubiese sido el ministro de Justicia, en vez de pagarle el favor a Ordóñez del nombramiento, le habría propuesto al presidente un candidato demócrata e imparcial para que rigiera desinteresadamente los destinos de la Procuraduría.

Pero una vez cometido el inmenso yerro de reelegir a Ordóñez, la zalamería del Gobierno y la falta de carácter de varios funcionarios, o el miedo a ser sancionados que albergan quienes tienen rabo de paja, permitieron que ese procurador siniestro se fuese convirtiendo en el jefe de la oposición laureanista que impulsa su campaña valiéndose de su condición de alto funcionario. El hombre se creyó el cuento de su omnipotencia y ha pretendido imponer su agenda política al proceso de paz.

No ha habido un solo día en el que Ordóñez no se oponga a las negociaciones en La Habana, normalmente con leguleyadas, todas facturadas con torcida hermenéutica de lo que legalmente le corresponde a la Procuraduría. Así lo confirma su última carta a Santos, en la que ilegal y groseramente lo sindica de proteger delincuentes. Eso sí, como buen hipócrita que es, sus declaraciones elípticas siempre las adorna declarándose amigo de la paz, pero sus acciones lo delatan como acérrimo enemigo de los esfuerzos que se están adelantando en Cuba.

¿Por qué no quiere Ordóñez la paz? ¿Será que cree que la sociedad colombiana que él dice representar tampoco la quiere? Sólo a un grupúsculo fascista no le interesa que termine el conflicto armado, porque saben sacarle réditos electorales y de toda clase a la guerra que han incentivado durante muchos años.

Hizo bien, pues, Santos en sacudirse por fin la férula odiosa de un procurador atravesado como una mula muerta, al recordarle que ni la Constitución ni la ley le han conferido facultad alguna para meter sus narices en el proceso de paz. Lástima que el estilo santista sea genio y figura, pues si bien Santos hizo respetar sus competencias, en todo caso, de alguna manera le hizo venias al arrogante procurador invitándolo a una audiencia dizque para enterarlo de lo que tampoco tiene por qué estar enterado. Me resisto a creer que Santos quiera reunirse con quien hoy lo sindica de proteger terroristas.

Si Ordóñez en verdad quiere manejar el proceso de paz, que se haga elegir presidente. Que renuncie y se lance ya, de frente y sin la comodidad del cargo del que hoy abusa, a ejercer en el asfalto como precandidato de la ultraderecha.

Adenda Nº 1. Bienvenido el regreso de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) y sus legítimas reivindicaciones.

Adenda Nº 2. Al fracaso de la carretera de La Línea ahora se suma el desastre de la Ruta del Sol. Sin vías por cuenta de la pésima ingeniería, de los excesos de los ambientalistas y de los pleitos arbitrales promovidos contra el Estado por los avivatos del “cartel del arbitraje”.

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