El Gobierno ha justificado la decisión de trasladar el conocimiento de las tutelas contra autoridades nacionales a los jueces del circuito, invocando que lo hizo para que el ciudadano tenga la facilidad de entutelarlas ante cualquier juez del país, y no solamente en el Consejo de Estado. El argumento aparentemente suena atractivo, pero es mentiroso y tramposo.
Lo que pesó en esta decisión provocadora y antidemocrática no fueron las garantías ciudadanas, sino la incomodidad de Petro con un Consejo de Estado libre y soberano que ha tomado las decisiones legítimas en derecho sin arrodillarse. Teniendo tantas cosas más útiles y urgentes que reformar en los trámites judiciales —por ejemplo, asegurar transparencia al cada vez más desconfiable, politizado y clientelizado procedimiento de la insistencia en la selección de tutelas para revisión de la Corte Constitucional—, el Gobierno se entregó al dislate de conseguir juez que le guste a Petro.
Se equivocan de nuevo Petro, el ministro y el viceministro de Justicia. Nada conseguirá el Gobierno del cambio si cree que quitándole al Consejo de Estado el trámite de tutelas contra el mandatario van a poner de su lado a los jueces del circuito. Se necesita no conocer a los jueces o menospreciarlos para calcular que los problemas judiciales de alguien se resuelven sustituyendo jueces. Todos los escenarios litigiosos comportan riesgos.
Un juez colegiado, como el Consejo de Estado, decide colectivamente después de deliberaciones y puntos de vista encontrados. Por eso es frecuente que en esta corporación haya aclaraciones o salvamentos de voto, porque no siempre es fácil conciliar la unanimidad de los togados. Un juez unipersonal, como lo son todos los del circuito escogidos por el Gobierno para que fallen las tutelas contra Petro, decide solo, no delibera con nadie su determinación; sus aciertos o equivocaciones son suyas. Por eso está establecido que un juez individual decide más rápido, porque solo depende de él mismo; en cambio, el juez colegiado tiene que someterse al escrutinio de varios criterios, lo que en veces retarda las decisiones.
En consecuencia, lo que ha provocado el Gobierno con este decreto de tinte totalitario, con el que moldea juez para unas causas de su interés, es que cuando el presidente o una autoridad nacional sea tutelada, la decisión no va a ser colegiada sino individual, lo cual no le garantiza tratamiento favorable. Por el contrario, tiene más riesgo la autoridad que ejerce sus funciones con arbitrariedad, como es el caso de Petro y sus secuaces, de que las tutelas promovidas en su contra sean decididas adversamente si las conoce un juez unipersonal, que cuando la determinación es de un juez colectivo.
El problema no está en el juez que decida las tutelas contra el presidente, sino en el comportamiento vulgar, altanero y grotesco de Petro, lo cual quedó confirmado en su extravagante alocución racista y misógina del pasado martes, de la que no quedó ninguna solución pero sí muchos injuriados, calumniados e insultados. Muy seguramente, algunos de los afectados promoverán querellas —como ya lo hizo Keralty denunciando penalmente a Petro y al “bocazas” del ministro de Salud— y acciones de tutela ante los jueces del circuito, contando con el muy probable vaticinio de que se protegerán sus derechos a la honra, el buen nombre y la imagen ultrajadas por un mandatario que cada vez que habla da señales severas de su incoherencia y hasta de su ingratitud. En efecto, Petro despotrica de todo su gabinete, sin siquiera exceptuar a quienes hicieron el ridículo de montar guardia de pie mientras hablaba, y no hay un solo ministro que renuncie o que refute los aleves ataques. Con tal de seguir siendo ministros(as), soportan el maltrato presidencial y en público. ¡Lagartería e indignidad!
Cuando los jueces de circuito empiecen a fallar las tutelas contra Petro y sus incompetentes ministros por violar derechos fundamentales, entonces, muy tarde comprenderán que el problema no se resuelve cambiando de jueces, sino atemperando el discurso y las obsesiones dictatoriales de quien se enreda hasta pronunciando la palabra “descrédito”. El que tiene que cambiar es Petro, nunca sus jueces.
Adenda No 1. El suroccidente incendiado en la vía Buga, Cali y Buenaventura; en el Cauca, nueve funcionarios secuestrados, pero Petro y la Fuerza Pública como si estuvieran gobernando un país enemigo.
Adenda No 2. Para completar, treinta y seis asesinatos diarios y el petrismo sigue creyendo que esto va mejorando.
