Después de leer la entrevista en El Tiempo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Rigoberto Echeverry, funcionario bien intencionado y prestigioso, es evidente que nada anda bien en la justicia.
Consultado el doctor Echeverry sobre la razón por la cual después de siete meses no ha sido posible que la Corte integre la última terna de sus candidatos a la Corte Constitucional, como lo reclama el país, contestó que allá no hay tendencias políticas y que el proceso es largo porque mientras no se logre un consenso no se puede elegir. Su propuesta de solución a ese neurálgico problema de configurar las ternas es la de revisar el reglamento interno para elecciones en Corte, pero que como ahora están “enfrascados en estos nombramientos y no podemos pensar en un cambio sobre la marcha” no es posible cambiarlo. La Corte seguirá sin cumplir su deber constitucional de escoger tres nombres para que uno de ellos llegue por fin a la Corte Constitucional.
A pesar de que el doctor Echeverry sostiene que en la Corte no actúan en bancada al configurar las ternas, los hechos conocidos demuestran otra cosa. Según lo revela el togado, cuatro nombres de los varios inscritos han estado a punto de ser escogidos para que integren la anhelada terna, pero lo que se sabe es que dos de ellos, Martha Castañeda y Wilson Ruiz, representan conocidas y cuestionadas tendencias politiqueras. Lo que sorprende, entonces, es que esas dos personas cuenten con el beneplácito de un sector importante de la Corte, que no mayoritario, lo cual obedece a las nefastas influencias políticas y a la injerencia del grupo de exmagistrados que siguen manejando los hilos de la justicia para su propio beneficio y el de su aquerenciada clientela. Mientras este estado de cosas siga vigente, no habrá cómo elegir pronta y pacíficamente a nadie en ninguna Corte.
Preguntado el presidente de la Corte Suprema sobre el fracaso de las dos últimas reformas a la justicia en 2012 y 2014, sostuvo que tales intentos “se fraguaron en el Ejecutivo y no se contó con la participación decisiva de la Rama judicial” y que por eso no se abordaron los problemas reales de la justicia. Aquí también es imposible coincidir con el doctor Echeverry, pues si las pasadas reformas a la justicia no llegaron a buen puerto, fue por haber pretendido que esas modificaciones se hicieran de la mano de las Altas Cortes. Para nadie es un secreto que, en toda reforma a la justicia, los presidentes de las Cortes, que con razón reclaman para sí autonomía e independencia, no tienen inconveniente en volcarse al Congreso para presionar a los parlamentarios con el propósito de que voten una determinada norma o no lo hagan.
Lo que hay que ensayar no es la desgastada fórmula de que las Cortes influyan en el Congreso y en el Gobierno a la hora de las reformas a la justicia y a los códigos, sino adoptarlas sin que tengan que ser aprobadas previamente por los magistrados. Está bien oírlos, porque eso hace parte del juego democrático, pero no entregarles el poder de decidir cómo ha de quedar la estructura judicial del futuro. Así ha ocurrido recientemente, por ejemplo, en el Consejo de Estado, que gracias al cabildeo político que ejerció ante todas las colectividades el consejero de Estado Germán Bula —otrora consentido del tristemente célebre Convenio Andrés Bello y candidato en ciernes a presidir la Corporación— terminó hundiendo el proyecto de reforma electoral, preparado por una comisión de lujo, porque proponía suprimir una de las secciones de esa Corporación. Y el Gobierno, muy sumiso ante el reclamo clientelista, accedió a todo.
Como se ven las cosas, todo está mal. No obstante, más grave que el problema en la justicia siga siendo el mismo, sin duda lo es que la propuesta de remedio a esta tragedia también siga siendo la misma.
Adenda. De ser cierto que a la otrora reputada Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se le venció el término para presentar la nulidad de la sentencia de la Corte Constitucional que puso en vilo el proceso de paz con las Farc, debería renunciar o ser removido su pretencioso director, el inefable Luis Guillermo Vélez.
notasdebuhardilla@hotmail.com
Después de leer la entrevista en El Tiempo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Rigoberto Echeverry, funcionario bien intencionado y prestigioso, es evidente que nada anda bien en la justicia.
Consultado el doctor Echeverry sobre la razón por la cual después de siete meses no ha sido posible que la Corte integre la última terna de sus candidatos a la Corte Constitucional, como lo reclama el país, contestó que allá no hay tendencias políticas y que el proceso es largo porque mientras no se logre un consenso no se puede elegir. Su propuesta de solución a ese neurálgico problema de configurar las ternas es la de revisar el reglamento interno para elecciones en Corte, pero que como ahora están “enfrascados en estos nombramientos y no podemos pensar en un cambio sobre la marcha” no es posible cambiarlo. La Corte seguirá sin cumplir su deber constitucional de escoger tres nombres para que uno de ellos llegue por fin a la Corte Constitucional.
A pesar de que el doctor Echeverry sostiene que en la Corte no actúan en bancada al configurar las ternas, los hechos conocidos demuestran otra cosa. Según lo revela el togado, cuatro nombres de los varios inscritos han estado a punto de ser escogidos para que integren la anhelada terna, pero lo que se sabe es que dos de ellos, Martha Castañeda y Wilson Ruiz, representan conocidas y cuestionadas tendencias politiqueras. Lo que sorprende, entonces, es que esas dos personas cuenten con el beneplácito de un sector importante de la Corte, que no mayoritario, lo cual obedece a las nefastas influencias políticas y a la injerencia del grupo de exmagistrados que siguen manejando los hilos de la justicia para su propio beneficio y el de su aquerenciada clientela. Mientras este estado de cosas siga vigente, no habrá cómo elegir pronta y pacíficamente a nadie en ninguna Corte.
Preguntado el presidente de la Corte Suprema sobre el fracaso de las dos últimas reformas a la justicia en 2012 y 2014, sostuvo que tales intentos “se fraguaron en el Ejecutivo y no se contó con la participación decisiva de la Rama judicial” y que por eso no se abordaron los problemas reales de la justicia. Aquí también es imposible coincidir con el doctor Echeverry, pues si las pasadas reformas a la justicia no llegaron a buen puerto, fue por haber pretendido que esas modificaciones se hicieran de la mano de las Altas Cortes. Para nadie es un secreto que, en toda reforma a la justicia, los presidentes de las Cortes, que con razón reclaman para sí autonomía e independencia, no tienen inconveniente en volcarse al Congreso para presionar a los parlamentarios con el propósito de que voten una determinada norma o no lo hagan.
Lo que hay que ensayar no es la desgastada fórmula de que las Cortes influyan en el Congreso y en el Gobierno a la hora de las reformas a la justicia y a los códigos, sino adoptarlas sin que tengan que ser aprobadas previamente por los magistrados. Está bien oírlos, porque eso hace parte del juego democrático, pero no entregarles el poder de decidir cómo ha de quedar la estructura judicial del futuro. Así ha ocurrido recientemente, por ejemplo, en el Consejo de Estado, que gracias al cabildeo político que ejerció ante todas las colectividades el consejero de Estado Germán Bula —otrora consentido del tristemente célebre Convenio Andrés Bello y candidato en ciernes a presidir la Corporación— terminó hundiendo el proyecto de reforma electoral, preparado por una comisión de lujo, porque proponía suprimir una de las secciones de esa Corporación. Y el Gobierno, muy sumiso ante el reclamo clientelista, accedió a todo.
Como se ven las cosas, todo está mal. No obstante, más grave que el problema en la justicia siga siendo el mismo, sin duda lo es que la propuesta de remedio a esta tragedia también siga siendo la misma.
Adenda. De ser cierto que a la otrora reputada Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se le venció el término para presentar la nulidad de la sentencia de la Corte Constitucional que puso en vilo el proceso de paz con las Farc, debería renunciar o ser removido su pretencioso director, el inefable Luis Guillermo Vélez.
notasdebuhardilla@hotmail.com