El gobierno creará un bloque de búsqueda contra la corrupción integrado por informantes ocultos que criminalicen a quienes metan la mano en el erario. Y lo más relevante, esa oficina será creada por un decreto groseramente inconstitucional, porque el presidente no puede fundar una especie de policía secreta que además funcione en la Casa de Nariño. La intención se aplaude, pero no los procedimientos.
No se entiende cómo las ías se tragan semejante sapo que tiene un claro sabor de invadirles competencias y disputarles funciones. Parecería como si todas estuvieren anestesiadas porque están dispuestas a que en sus narices un apéndice clandestino de la Presidencia ejerza confusas tareas de estirpe judicial creadas no por el legislador, como lo prevé el artículo 3 de la Ley Estatutaria 1621 de 2013, sino por la voluntad omnímoda del mandatario.
Al frente de esa nueva policía política estará la doctora Cristina Lombana, una controvertida exmagistrada de la Sala de Instrucción Penal de la Corte, designación que no es buena noticia para el país, ni para el gobierno, pero tampoco para ella misma. Los colombianos pueden tener la seguridad de que todo conspira para que ese experimento salga mal.
De las simpatías o antipatías de la doctora Lombana tenemos claro que su fuerte no es la imparcialidad. Ni cuando le toca actuar contra quien profese ideas contrarias a la suya, ni cuando se desempeña como juez de alguien cercano. Ya en otra columna opiné sobre su decisión de adelantar pesquisas contra un reputado senador que representé, a quien desconoció su inviolabilidad parlamentaria. Eso fue apenas el iceberg, porque además de que fue recusada en cincuenta ocasiones –como ella lo reconoció– también se enfrentó con la coordinadora del CTI ante la Corte, lo cual suscitó una lucha sin precedentes al interior de la Corporación.
Pero hay más audacias de la doctora Lombana. En efecto, como magistrada de alta corte proyectó una providencia que exoneraba a Arturo Char de todos los cargos por los que fue judicializado, que sus colegas se negaron a suscribir por su protuberante ilegalidad. La hoy exmagistrada jamás ha respondido sobre este paso que por su cuenta casi se consuma, ni ha despejado cuáles han sido sus relaciones o aproximaciones inclusive políticas con la poderosa familia barranquillera.
Dejando de lado el accidentado periplo judicial de la doctora Lombana, a Abelardo le podría pesar la aventura constitucional de gastarse un decreto inventándose una oficina anticorrupción para que la maneje alguien con agenda politizada de amigos y enemigos, desde un rincón escondido de la misma presidencia.
Además de la inocultable inconstitucionalidad del decreto que les da vida a agentes velados manejados en la sede del gobierno, es bueno que eso no se haga sin salvaguardar las garantías ciudadanas que podrían estar en severos riesgos. ¿Cómo y quiénes serán los escogidos para ejecutar tan sensibles operaciones de espionaje? El gobierno no ha dicho cómo integrará ese exótico bloque de búsqueda, pero conociendo el talante no sería extraño que se repitan las épocas siniestras de las dictaduras civiles de Laureano Gómez y Mariano Ospina, cuando solo nombraban como policías a sus “chulavitas” godos. Agentes reservados anticorrupción militantes del abelardismo: ¡el milagro que faltaba!
Le iría mejor al país si, en vez de crear un contingente de agentes encubiertos, se verifican las fortunas injustificadas de muchos funcionarios y sus familiares, de todos los gobiernos e, inclusive, de magistrados y exmagistrados. Por allí debería emprenderse la búsqueda. Por lo general, cuando alguien se enriquece intempestivamente eso se sabe y se rumora, porque no hay cosa que haga más ruido y más se note que la plata mal habida.
Adenda No 1. Felicitaciones a Piedad Bonnett por su merecido reconocimiento al serle otorgado el XXIII Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada–Federico García Lorca.
Adenda No 2. De nada le sirve al presidente vanagloriarse diciendo que respeta la libertad de prensa, mientras sigue sosteniendo su amenaza de calificar de activistas o falsos periodistas a quienes opinan distinto a él o arrogándose el derecho de considerar como profesionales de ese oficio solo a quienes le aplauden.