No tiene sentido que después de las campañas de la ultraderecha para impedir la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural, los grandes conflictos de tierra tengan que ser desatados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
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Delegar la administración de justicia en funcionarios del orden administrativo no conviene. La independencia y autonomía de una persona nombrada a dedo en la administración pública, a pesar de que lo disfracen de juez, siempre estará expuesta a las presiones de su jefe o entorno político. O no me digan que un presidente o un ministro que sabe que, por ejemplo, un superintendente va a tomar una decisión que incomoda tendría reparo en llamar a su “juez” subalterno para hacerlo entrar en razón. Por supuesto que sí, ese obsecuente servidor estará muy complacido de satisfacer a su indelicado superior. Por esa razón, comparto la reciente decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible una norma que permitía a la Superintendencia de Sociedades —hoy caótica y desprestigiada bajo la batuta del cuestionado y perseguidor Billy Escobar— fungir como juez en conflictos de naturaleza societaria. Sobre esto volveré muy pronto.
Es desafortunado, por decir lo menos, que el numeral 6 del artículo 61 de la Ley 2294 de 2023, “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo: Colombia Potencia Mundial de la Vida”, hubiese prescindido de la fase judicial para la mayoría de asuntos agrarios, como los de clarificación de la propiedad, deslinde y amojonamiento, recuperación de baldíos, extinción judicial del dominio sobre tierras incultas, caducidad administrativa, condiciones resolutorias de los subsidios, reversión y revocatoria de baldíos. No es bueno para la paz que esas controversias en las que gravita buena parte del drama agrario y, por ende, la violencia desatada en muchas regiones vayan a ser decididas por la ANT, un ente administrativo que, en todos los gobiernos, ha sido un fortín del grupo político que ganó las elecciones. O lo que es lo mismo: estas decisiones no van a ser resueltas con el alma serena de un togado, sino con el talante proselitista de quien no tiene que cumplirle a la fidelidad de la balanza sino a sus agitadas pasiones partidistas. Es propio de los regímenes totalitarios acumular para sí las facultades que las democracias atribuyen a quienes, como jueces, están formados en otras disciplinas y con aspiraciones alejadas de la estridencia de los aplausos.
Pero la amenaza que hoy se cierne sobre el futuro de lo que serán las decisiones en materia agraria se ve inquietante, porque en este mismo Plan de Desarrollo se ha previsto que, de ser demandados y suspendidos por los jueces administrativos los actos que llegare a expedir la ANT resolviendo los conflictos a su cargo, eso no le impedirá disponer a su antojo del inmueble involucrado, para lo cual le bastará constituir una reserva destinada a cumplir futuras órdenes judiciales favorables a los interesados. Semejante poder en manos de un ente administrativo no es una señal garantista en un Estado de derecho.
Ahora que el Gobierno parece empeñado en reglamentar el acto legislativo que creó la Jurisdicción Agraria y Rural, debería preocuparse por atribuir a los jueces agrarios todo lo que hoy resuelve la ANT. Esta debería, si no desaparecer, al menos ocuparse de temas menores. ¿Para qué jueces agrarios y rurales, si el Gobierno tendría la potestad de decidir casi todo a través de uno de sus alfiles, con la sola excepción de las expropiaciones? Una reforma agraria solo será reconciliadora, verosímil y duradera si sale de la pluma judicial. De no ser así, lo que se haga por cualquier gobierno tendrá sabor de despojo, arbitrariedad y persecución política. Imagínense a la demócrata María Fernanda Cabal de presidente y con el mazo de la justicia administrativa agraria en su parcializada mano.
Adenda No 1. Ridículo el escándalo e indignante la persecución a la jueza de Cúcuta Vivian Polanía, dizque por protagonizar un espectáculo que fue todo menos erótico. Mojigatería e hipocresía.
Adenda No 2. Acierta la Superintendencia de Industria y Comercio al iniciar investigaciones contra los mandamases del fútbol por la “cartelización” y los abusos laborales que han patrocinado con el apoyo cómplice de los clubes. Adelante, así amenacen con las represalias del para-Estado corrompido de la FIFA.
