Siempre que hay retiro masivo de generales del Ejército corren aguas turbulentas por los ríos. Lo que parecía una baja rutinaria, como la del general Juan Pablo Rodríguez, dizque por haber cumplido el período como comandante de las Fuerzas Militares, parece ser una excusa poco verosímil a juzgar por otros hechos noticiosos que se han presentado como aislados pero que han incidido en esta nueva crisis militar. En efecto, conocido que el general Rodríguez había pedido la baja y que en su reemplazo se designó al general Alberto Mejía —oficial recto y respetable—, ocho generales intempestivamente decidieron retirarse alegando inconformidad con el nuevo comandante. Pero qué va, las últimas noticias permiten pensar que Rodríguez no se fue voluntariamente, ni que sus colegas dimitentes decidieron marcharse de la institución por ojeriza contra el general Mejía, sino porque sobre ellos pesan delicadas investigaciones e inquietudes severas de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).
Es muy curioso que el general Rodríguez anuncie su retiro y que el ministro de Defensa asegure que es rutinaria, y casi inmediatamente se divulguen dos noticias muy relevantes que no pueden serle indiferentes al país: la primera, un informe documentado de Human Rights Watch que da cuenta de que el mencionado militar “se encuentra bajo investigación por ejecuciones cometidas por tropas bajo su mando”; la segunda, que el gobierno americano viene adelantando los pasos necesarios para cancelarle la visa a Rodríguez. Ambas noticias sugieren al más desprevenido que la salida del comandante de las Fuerzas Militares no fue tan pacífica sino un asunto turbio, en el que el Gobierno no ha querido contar la verdad, o lo que es peor, ha preferido disfrazar los hechos, sin importarle que hayan convertido al general Mejía en blanco de críticas de última hora que tienen sabor de coartada y hasta de sucios anónimos.
Qué extraña coincidencia que un día después de que Rodríguez pidiera su retiro se sepa que anda enredado judicialmente y que probablemente le sea cancelada su visa americana, lo cual se traduce en una inhabilidad política para seguir siendo la cabeza de todos los militares. Resulta muy difícil no concluir que el Gobierno quiso proteger al saliente comandante general de las Fuerzas Armadas, Juan Pablo Rodríguez, y no que se trató de un asunto ocasional.
Pero allí no paran las cosas. Al mismo tiempo que se conocen las noticias contra el saliente general Rodríguez, se divulgan también informaciones sobre investigaciones en la Fiscalía contra al menos 29 altos oficiales, por diferentes delitos en particular por el lacerante tema de los “falsos positivos”. Y para colmo de males también la fiscal de la CPI, Fatou Bensuda, deja conocer sus legítimas inquietudes sobre el estancamiento de las investigaciones en Colombia por violaciones a los derechos humanos y la falta de justicia efectiva en los “falsos positivos”, lo cual significa que si las cosas continúan como van tarde o temprano puede suscitarse la intervención de la temida CPI. Y entonces es aquí donde resulta obligatorio preguntarse si esos generales que hoy dieron un portazo y pidieron su retiro supuestamente para protestar por el nombramiento del general Alberto Mejía, como comandante de las Fuerzas Armadas, en realidad lo que hicieron fue utilizar esto como un pretexto para abandonar el barco a sabiendas de la existencia de los reparos de la famosa fiscal de la CPI y de investigaciones penales sensibles muchas de ellas en contra de algunos de estos oficiales renunciantes.
Tratar de justificar el retiro de unos oficiales con el cuento de que están inconformes con la designación de un hombre decente en la comandancia de las Fuerzas Militares, cuando lo que hay es una cascada de noticias que los dejaron en el ojo del huracán de la justicia nacional e internacional, es una maniobra de pésima factura, a la que debió ponerle distancia el siempre errático y tambaleante ministro de Defensa.
Adenda. No puede ser que la recalcitrante ultraderecha salve a los empresarios de la JEP y de la Comisión de la Verdad y que consiga excluir a las víctimas del Congreso.
Siempre que hay retiro masivo de generales del Ejército corren aguas turbulentas por los ríos. Lo que parecía una baja rutinaria, como la del general Juan Pablo Rodríguez, dizque por haber cumplido el período como comandante de las Fuerzas Militares, parece ser una excusa poco verosímil a juzgar por otros hechos noticiosos que se han presentado como aislados pero que han incidido en esta nueva crisis militar. En efecto, conocido que el general Rodríguez había pedido la baja y que en su reemplazo se designó al general Alberto Mejía —oficial recto y respetable—, ocho generales intempestivamente decidieron retirarse alegando inconformidad con el nuevo comandante. Pero qué va, las últimas noticias permiten pensar que Rodríguez no se fue voluntariamente, ni que sus colegas dimitentes decidieron marcharse de la institución por ojeriza contra el general Mejía, sino porque sobre ellos pesan delicadas investigaciones e inquietudes severas de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).
Es muy curioso que el general Rodríguez anuncie su retiro y que el ministro de Defensa asegure que es rutinaria, y casi inmediatamente se divulguen dos noticias muy relevantes que no pueden serle indiferentes al país: la primera, un informe documentado de Human Rights Watch que da cuenta de que el mencionado militar “se encuentra bajo investigación por ejecuciones cometidas por tropas bajo su mando”; la segunda, que el gobierno americano viene adelantando los pasos necesarios para cancelarle la visa a Rodríguez. Ambas noticias sugieren al más desprevenido que la salida del comandante de las Fuerzas Militares no fue tan pacífica sino un asunto turbio, en el que el Gobierno no ha querido contar la verdad, o lo que es peor, ha preferido disfrazar los hechos, sin importarle que hayan convertido al general Mejía en blanco de críticas de última hora que tienen sabor de coartada y hasta de sucios anónimos.
Qué extraña coincidencia que un día después de que Rodríguez pidiera su retiro se sepa que anda enredado judicialmente y que probablemente le sea cancelada su visa americana, lo cual se traduce en una inhabilidad política para seguir siendo la cabeza de todos los militares. Resulta muy difícil no concluir que el Gobierno quiso proteger al saliente comandante general de las Fuerzas Armadas, Juan Pablo Rodríguez, y no que se trató de un asunto ocasional.
Pero allí no paran las cosas. Al mismo tiempo que se conocen las noticias contra el saliente general Rodríguez, se divulgan también informaciones sobre investigaciones en la Fiscalía contra al menos 29 altos oficiales, por diferentes delitos en particular por el lacerante tema de los “falsos positivos”. Y para colmo de males también la fiscal de la CPI, Fatou Bensuda, deja conocer sus legítimas inquietudes sobre el estancamiento de las investigaciones en Colombia por violaciones a los derechos humanos y la falta de justicia efectiva en los “falsos positivos”, lo cual significa que si las cosas continúan como van tarde o temprano puede suscitarse la intervención de la temida CPI. Y entonces es aquí donde resulta obligatorio preguntarse si esos generales que hoy dieron un portazo y pidieron su retiro supuestamente para protestar por el nombramiento del general Alberto Mejía, como comandante de las Fuerzas Armadas, en realidad lo que hicieron fue utilizar esto como un pretexto para abandonar el barco a sabiendas de la existencia de los reparos de la famosa fiscal de la CPI y de investigaciones penales sensibles muchas de ellas en contra de algunos de estos oficiales renunciantes.
Tratar de justificar el retiro de unos oficiales con el cuento de que están inconformes con la designación de un hombre decente en la comandancia de las Fuerzas Militares, cuando lo que hay es una cascada de noticias que los dejaron en el ojo del huracán de la justicia nacional e internacional, es una maniobra de pésima factura, a la que debió ponerle distancia el siempre errático y tambaleante ministro de Defensa.
Adenda. No puede ser que la recalcitrante ultraderecha salve a los empresarios de la JEP y de la Comisión de la Verdad y que consiga excluir a las víctimas del Congreso.