La caída estrepitosa de Gustavo Moreno desde la cúpula de la Fiscalía a la cárcel La Picota es una prueba incontrovertible de que el país está podrido. El asunto no puede reducirse a establecer quién le recomendó al fiscal a ese chisgarabís que habilitaron de tratadista y jurista, cuando sobre él pesaban señales de que estaba más en el reino de la sospecha que en el de la decencia. Por ahora, lo único que está claro es que la palanca que lo recomendó no fue Fabio Espitia, ese sí un fiscal impoluto, competente, con probadas horas de vuelo en muchas tareas, quien con razón ha desmentido haber sido el autor de esa gestión tan ingrata.
Cuesta trabajo creer que nadie recomendó a Moreno, como también, que no tenía acceso a los grandes litigios que cursan en la Fiscalía. Habrá que ver, por ejemplo, qué paso extraño acaeció en el dilatado asunto de la Dirección Nacional de Estupefacientes, que a pesar de las revelaciones de un testigo calificado no ha pasado lo que tenía que suceder, y en cambio sí se han producido exoneraciones sospechosas en favor de ciertos personajes financiadores del poder político.
Pero lo de Moreno no puede ser pasajero, ni centrarse en averiguar quién lo recomendó. No es que una oveja extraviada se perdió del redil, y que simplemente fue infiel, como lo asegura su jefe. La cosa es mucho más grave y tiene que ver con el sistema mismo que ha colapsado, como lo confesó el propio fiscal. No en vano, en una misma semana asistimos al escándalo en el Poder Judicial del Meta; a la captura del jefe de Seguridad del bocón alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; a la detención del contralor de Antioquia; al encarcelamiento de funcionarios en Yumbo; al escándalo del contratista de la Casa de Nariño que subcontrató con Marketmedios, la empresa del gerente de las campañas de Santos, para solo mencionar unas pocas noticias. Lo de Moreno no fue un caso aislado, que debamos archivar en la memoria apenas lo pongan en una cárcel americana.
En la Rama Judicial hay hombres y mujeres decentes que día a día se esfuerzan por cumplir sus deberes, pero lamentablemente allá están empotrados desde hace años unos delincuentes de cuello blanco que negocian fallos y viven plácidamente del tráfico de influencias, el cohecho y la asociación para delinquir. Aunque es doloroso decirlo, nuestra justicia no es confiable, ni mucho menos eficaz. Que no nos vengan con el cuentazo de que por fin están cayendo los corruptos gracias a los esfuerzos criollos, porque los más importantes positivos han sido detectados por las agencias de inteligencia y la justicia americanas, como la Fifa, Odebrecht y Gustavo Moreno.
A todo este estado deplorable de cosas, el Gobierno sale con la necedad de anunciar reformas para incrementar penas, lo que no es ninguna solución, sino más del fracasado “populismo punitivo”. Eso confirma lo que ha dicho el ministro de Justicia, Enrique Gil, acerca de que la política criminal no es seria.
Incrementar las penas a los corruptos para que sigan delinquiendo desde las cárceles o desde sus suntuosas prisiones domiciliarias es un saludo a la bandera. Lo que el país exige es una revolución que transforme todo, empezando por la justicia y la clase política.
Hay que barajar de nuevo toda la estructura del Estado y de la sociedad misma, para destruir todas esas roscas que hoy manejan el poder en su propio beneficio. Desde hace varios años vengo proponiendo la revocatoria de todas las Cortes, porque a pesar de que allá hay gente honorable el sistema está permeado por la intriga, el tráfico de influencias y la mediocridad.
Cada vez se ve más urgente una asamblea constituyente que sea capaz de legislar contra esos poderes nefastos que deambulan en las tres ramas del poder público y en el sector privado. Pero difícil hacerse ilusiones, cuando luego de esta oleada de corrupción seguimos a la espera de que los candidatos propongan un remedio serio y eficaz para este mal que se nos metió hasta en los huesos.
Adenda. El dictadorzuelo Maduro ahora pretende convertirse en el “papá” de Colombia. No hay derecho a tanta estupidez.
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