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Lo que está pasando con el metro en Bogotá retrata de cuerpo entero lo que hemos sido y seguiremos siendo. Llevamos casi 60 años intentando que Bogotá, una ciudad agobiada por la falta de transporte público y por las calles destrozadas, por fin tenga metro. Han sido varios los alcaldes —empezando por Peñalosa— que han impedido coronar ese anhelo de tener metro, que es tal vez en lo único en lo que coincidimos quienes habitamos en esta gélida montaña de la capital.
Cuando parecía que íbamos a tener metro en unos ocho años, tendremos que resignarnos a otros 15 o 20 años de espera. Ya estoy hecho a la idea de que a muchos de nuestra generación no nos alcanzará la vida para conocer el metro capitalino y menos para disfrutarlo, porque para cuando empiece a funcionar, con toda seguridad, estará obsoleto o resultará insuficiente en una metrópoli que en muy pocos años habrá multiplicado exponencialmente el número de habitantes.
Ahora los protagonistas son Petro, un terco incorregible, y la oficial de la reserva del Ejército, la teniente Claudia López, quien con su nueva vestimenta de soldado nos permitió comprender muchas de sus actitudes altaneras como alcaldesa, opuestas a lo que creíamos eran su ideología y su talante. Se estrelló la testarudez con la soberbia. ¡Ah!, el poder transforma y en ocasiones desfigura, pero eso será motivo de otra columna. Y a ellos se les suma el chantajista ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien ilegalmente ha amenazado con que si no le hacen caso a Petro construyendo el metro subterráneo, no habrá plata para los otros proyectos financiados por la Nación. Veremos si la procuradora Cabello abre investigación disciplinaria contra este impresentable funcionario y lo suspende de su cargo pues obró como mafioso.
Lo que ha resultado pintoresco e inesperado de la decisión de modificar el contrato de construcción del metro ya firmado con los chinos es que se pretenda concretarla en contra de la jurisprudencia, solo porque el Gobierno ha contratado a reputados juristas que conceptuaron que esa voltereta sí es posible.
No tengo duda de que los estudios jurídicos contratados son serios, pero tampoco albergo inquietud sobre la profundidad y contundencia de las opiniones de otros prestigiosos juristas que han expresado severos reparos a esta decisión de modificar el contrato de marras. Un tema de tanto interés y de semejante envergadura económica, que le podría significar al erario el pago adicional de billonarios recursos por la modificación del contrato o cuantiosas condenas judiciales, amerita tener la precaución de elevar una consulta al organismo competente, para que se pronuncie alejado de la suspicacia y relevado de la sospecha de que no opina para un cliente.
No se entiende por qué el Gobierno no ha acudido a la Sala de Consulta del Consejo de Estado, autoridad jurisdiccional llamada a emitir una opinión, así no sea vinculante. Si el Consejo de Estado se pronuncia, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, en cualquier sentido, ello tranquilizaría a la opinión pública y blindaría a la Nación y al Distrito de Bogotá de las seguras demandas que se ven venir si es que finalmente se adopta la modificación. Parece que hay temor de acudir a la corporación que en el pasado ha sepultado la aspiración de que se puedan modificar contratos en ejecución.
No creo que legalmente se pueda modificar a estas alturas tal contrato. Me inclino por quienes han concluido de esta manera con razones convincentes. Pero el tema no puede reducirse simplemente a definir si de acuerdo con la ley es modificable, porque eso termina siendo una guerra de letra menuda y leguleya. Más que un litigio, esta es una controversia política y ética. Lo trascendente aquí no es lo que digan los códigos ni la Ley 80 de 1993, sino si es razonable que se intente modificar un contrato para construir el metro porque al presidente de la República le parece que el diseño elevado que se está construyendo —el cual ya tiene un 18 % de ejecución— es una “chambonada” y “un esperpento”. Lo dijo quien no es ingeniero, ni arquitecto, ni experto en metros, a menos que lo sea en chambonadas y en esperpentos. Menos mal que a Petro no le disgustan el Capitolio, el Palacio de Justicia y la propia Casa de Nariño.
Adenda. Muy graves las denuncias por corrupción contra el director de Bomberos, Charles Benavides. ¿Dónde están la Fiscalía y el Ministerio del Interior?
