Ministro sin defensa

Empieza a hacerse notorio el error de haber nombrado como ministro de Defensa al general (e) Pedro Sánchez, por abandonar la civilizadora costumbre de que tal responsabilidad permaneciera en manos de un civil de formación y de verdad. Petro creyó que bastaba cambiar el camuflado por el everfit y otra vez se equivocó. No es solo la vestimenta lo que convierte a alguien en militar. Hay algo más, como sus inclinaciones ideológicas, que los distancian de quienes están alejados de cuarteles y operativos.

Sánchez debería estar siendo ya investigado por la Procuraduría —si hubiere procurador independiente— y por la justicia penal, porque olímpicamente mostró su conformidad con el desconocimiento arbitrario de una orden judicial de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). En efecto, a pesar de que la JEP decretó como medida cautelar la protección en el batallón sur Charry Solano de Bogotá de un terreno boscoso en el que se detectaron restos humanos, unos soldados, en un acto insólito e ilegal, decidieron desatender esa orden judicial y optaron por excavar en ese lugar en el que abrieron un hueco del tamaño de una tumba y destruyeron evidencias.

Los uniformados que incumplieron a sabiendas la orden de la JEP justificaron su temeridad con el cuentazo de que tuvieron que hacerlo porque tenían necesidad de enterrar residuos hospitalarios precisamente en el mismo lugar. Raro, por decir lo menos, que después de cuarenta años a los frecuentes visitantes de ese batallón se les ocurriera, precisamente apenas se “enteraron” de que allí donde reposaban restos óseos había que sepultar desperdicios de hospitales.

No fue Sánchez quien ordenó tan sospechosa excavación, pero se tiene noticia de que, cuando el magistrado Alejandro Ramelli le informó lo que había ocurrido y las consecuencias probatorias de haber escarbado donde estaba judicialmente prohibido, el ministro olvidó que ya no era militar y defendió a los miembros de la fuerza pública que, coincidencialmente, pulverizaron pruebas que comprometen a otros militares. En efecto, si en esos sitios hay señales de que fueron inhumados cadáveres, eso solamente pudo ocurrir con el conocimiento de otros militares, obviamente para ocultar restos de algunas de las personas desaparecidas en la toma y retoma criminales del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.

Si el ministro de Defensa hubiese sido un civil, sus subalternos jamás se habrían atrevido a violar la orden judicial de la JEP de no alterar el lugar en el que se encontraron huesos humanos. Pero tampoco ese ministro civil habría incurrido en la ligereza de respaldar la negligencia y delitos de sus subordinados de destruir pruebas. Ahora, quiérase o no, Sánchez será recordado por no haberse comportado como ministro sino como un tropero más, por no repudiar el asalto de los suyos a una orden judicial. Será el ministro en cuyas manos se volvieron incontrolables la tranquilidad y la convivencia, de lo que tampoco parece haber enterado a Petro, a juzgar por sus mentirosos cuadros y estadísticas que ponderan la disminución de la violencia y la inseguridad en su gobierno.

Pero los desaciertos de Sánchez se extienden, además, al hecho de haber ofrecido declaraciones contradictorias sobre el regreso del uso de glifosato para erradicar cultivos de coca, las cuales contradicen la orden presidencial repetida en el confuso y extenuante consejo de ministros de esta semana. O el general Sánchez no lee la prensa, o su jefe no lo instruye cabalmente, o sencillamente al pomposo ministro de Defensa las órdenes de su patrón le entran por un oído y le salen por el otro. O las tres cosas a la vez.

Que otro ministro no obedezca al presidente, incómodo aunque frecuente, pero que el desobediente sea el de Defensa, peligroso y grave, porque ese desplante tiene más sabor de golpe de Estado que cuando Efraím Cepeda ejerce como presidente del Congreso.

Veremos si Petro reacciona, porque Sánchez seguirá siendo militar hasta el final de sus días, aunque tambalea su ministerio porque Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, echó para atrás su decisión de no ascender a Tomás Rodrigo Gómez Merchán, un controvertido mayor de la Policía. De la incompetencia al caos.

Adenda. Sería útil que Héctor Carvajal, abogado del presidente Petro y cercano del expresidente Uribe, candidato a la Corte Constitucional, informara cuál fue su relación con el exmagistrado del Consejo de Estado, Filemón Jiménez.

Adenda. Entre chistes, el youtuber Juanpis González hizo la mejor entrevista que le han hecho a Petro.