No se entiende cómo el Gobierno anuncia, con razón, que el acuerdo de justicia transicional no dejará contentos a todos, y a sabiendas de eso emprende una cruzada inútil para convencer al país de que se trata de un manual para que se haga justicia contra las Farc y se les impongan penas ejemplares, cuando todos sabemos que no es así.
Hay cosas que me atraen del acuerdo y hay otras que definitivamente no, pero habrá que esperar a que se divulgue el documento para saber a qué atenernos, porque a la usanza de la Corte Constitucional se divulgó estando todavía en construcción, y a pesar de no conocerlo todos los medios, sin excepción, se dejaron libretear por el comunicado oficial y comprometieron su independencia. En cualquier caso, lo que debemos tener claro es que si nos tocó esta guerra de 60 años, nos tocará conformarnos con las recetas de La Habana, estemos o no del todo de acuerdo.
Digo lo anterior, porque veo al Gobierno dando palos de ciego para defenderse, tanto que hasta da la sensación de justificar la gordura de los negociadores —de ambos bandos— todos barrigones y a punto de totearse, porque eso de comer diariamente “ropa vieja” y hablar de paz en La Habana engorda.
El Gobierno debería tomar el toro por los cuernos y asumir el costo de algunas verdades por incómodas que resulten. A juzgar por el resumen del acuerdo plasmado en el comunicado No 60, allí no hay nada maravilloso, todo lo que se propone está inventado y ya ha ocurrido en otras partes.
Que habrá justicia plena y no impunidad es una verdad a medias, que debería explicarse sin temores a lo que digan los pesimistas e intolerantes, quienes jamás cambiarán de criterio. Habrá sí un proceso judicial sui generis, pero para garantizarles a los guerrilleros, inclusive a quienes sean responsables de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, que estén dispuestos a contar la verdad y asumir responsabilidades, que no irán a la cárcel, sino que se restrinja su libertad a permanecer en algún lugar, que aún no sabemos cuál será, pero que podría ser no salir del país, o de un departamento o de un municipio; es decir, ni siquiera purgarán detención domiciliaria. Vender la falsa idea de que habrá condenas y sanciones severas es una necedad. Lo que hay que hacer es convencer a la gente de que esta es la paz que nos toca para salir del infierno; ya veremos si en las urnas nos derrotan los guerreristas o ganamos los pacifistas.
Que el procurador sostenga que el acuerdo está hecho a la medida de las Farc, tampoco debe poner a la defensiva al Gobierno. Si la negociación es con las Farc, nada de exótico tiene que lo acordado le sirva a ese grupo insurgente. Descalificar el acuerdo porque fue concebido para las Farc solamente se le puede ocurrir al perseguidor Ordóñez, quien ignora que también podría serle útil al Eln cuando se sume a la paz.
Y que el senador Uribe censure que el narcotráfico pueda ser delito conexo de la rebelión, es otra acusación que le debe importar un comino al Gobierno. Como lo dijo el fiscal Montealegre, es un contrasentido que sea precisamente el expresidente que propició la política de justicia y paz para los paramilitares comprometidos con el sucio negocio de la droga, a quien ahora le parezca imposible la figura. Y como algunos canallas asumen que estar de acuerdo con el fiscal en algo es porque se está contratado por la Fiscalía, afirmo que no he sido, no soy, ni seré jamás contratista de esa entidad, ni litigo allá, ni tengo cuentas pendientes con la justicia.
El Gobierno no debería desgastarse con los discursos grecocaldenses de De la Calle (“la paz está a punto de estallar”), o haciéndoles guiños reconciliadores para subir al bus de la paz a quienes seguirán apostándole a la guerra. Que venga la paz, ojalá pronto, antes de que esa ultraderecha organice un complot o un magnicidio que arruine la esperanza que por fin se ve cerca.
Adenda. La decisión del Consejo de la Judicatura de trasladar procesos en curso de unos juzgados a otros dizque para abrir camino a la oralidad, es una hecatombe judicial. La justicia civil está colapsada. ¿Cuánto más tendremos que soportar los litigantes?
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