Todos los vetos son antipáticos, pero ninguno más irritante e injusto que el que algunos magistrados de altas cortes han decidido aplicar a los abogados, con ocasión de una norma que está incluida en el proyecto de la tortuosa reforma a la justicia que está a punto de ser aprobada, salvo que ocurra un milagro.
En efecto, a unos honorables magistrados les parece un atropello el artículo transitorio que quedaría en la Constitución, el cual permitiría encomendarles a particulares que ejerzan la profesión del derecho la función de administrar justicia en casos especiales. La escueta razón que han dado esos malquerientes de oficio es que esa medida conduciría a privatizar la justicia.
El reparo por la supuesta privatización de la justicia es un artificio trasnochado casi de tinte bolchevique. Si a quien se desempeña como litigante o asesor se le asigna la responsabilidad de fallar un pleito, pierde su condición de particular, y asume transitoriamente la función pública de administrar justicia para ese específico asunto. En otras palabras, deja de ser particular y se viste temporalmente de magistrado, así no haga parte de la Rama Judicial. Lo mismo ocurre cuando personas privadas o el Estado nombran árbitro a un abogado para que dirima una controversia.
De las pocas cosas útiles que tiene esta accidentada reforma a la justicia, es precisamente permitirle al gigantesco batallón de abogados que hay en el país colaborar transitoriamente administrando justicia, para descongestionar los anaqueles de los despachos judiciales, donde duermen innumerables expedientes en el más aberrante olvido. Seguramente los magistrados que se oponen a esta magnífica idea ignoran que en Colombia hay 97 mil estudiantes de derecho.
La suerte de la justicia no es terreno exclusivo para jueces y magistrados, también allí tienen la palabra los abogados, protagonistas y al mismo tiempo dolientes de los males de una justicia que deja más inquietudes que satisfacciones.
¿Por qué de una reforma a la justicia han de ser excluidos los abogados que ejercen independientemente su profesión? La solución es tan absurda como si en una reforma a la salud se prescindiera de los médicos o de los odontólogos. El deber de solidaridad ciudadana que consagra el artículo 1º de la Carta Política no excluye a los abogados, quienes como jueces ocasionales pueden apoyar la noble misión de descongestionar los despachos judiciales.
Si a algunos magistrados no les incomoda que en esta reforma a la justicia se les incremente el período de 8 a 12 años y su edad de retiro forzoso de 65 a 70, ¿cuál es la razón científica para que sus colegas abogados no puedan excepcionalmente administrar justicia? Por el contrario, hay más razones para no apoyar la prórroga del período y la edad de retiro, entre otras la de que esa reforma en ningún caso puede beneficiar a los actuales magistrados, como se rumora en los pasillos del Congreso, donde se habla sotto voce y con nombres propios de que algunos ilustres y encumbrados servidores de la Rama Judicial ya andan cabildeando tan exótica propuesta, que en nada mejoraría la maltrecha justicia.
Lástima que los pocos colegios de abogados criollos no tengan influencia política, como la que sí ejercen jueces, fiscales y magistrados. Si así fuera, no sólo nadie se habría atrevido a insultarlos, sino que aquí habría tenido lugar una huelga de profesionales del derecho ante el gesto excluyente de algunos magistrados que los quieren de dientes para afuera, o al menos una marcha de protesta que entre otras cosas les recordara que primero que funcionarios se hicieron abogados.
Adenda. La censura de monseñor Juan Vicente Córdoba a la Corte Constitucional por sus decisiones respecto de la adopción eventual por parejas homosexuales, busca convertir la corporación en otro feudo de la Iglesia católica, como ya lo logró con la Procuraduría de Ordóñez.
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