29 Aug 2021 - 5:30 a. m.

Ojo con el 2022

Gravísimo que en la antesala de la campaña electoral un militante importante de la izquierda como Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, tenga que abandonar precipitadamente el país por amenazas. Y doblemente inquietante que ese plan criminal al parecer también estuviere dirigido para ultimar a Gustavo Petro. Semejante locura solo puede ocurrírsele a quienes andan asustados con que Petro lidere las encuestas, tanto en la derecha como en la izquierda.

Fácil resulta imaginar lo que pasaría si los criminales resuelven a bala la sucesión presidencial. No pueden volver a salirse con la suya los mismos que desde siempre han estado agazapados disparando desde el establecimiento a personajes influyentes, como lo hicieron con Gaitán.

Esta amenaza del aniquilamiento físico no es aislada ni menos agresiva que la de poner en marcha la guerra jurídica (lawfare, en inglés; en español, sicariato judicial), consistente en la persecución judicial para aniquilar política y reputacionalmente a los adversarios. Se trata de una sofisticada operación que se diseña a partir de las redes sociales y los medios de comunicación, donde ambientan el hostigamiento judicial que arrasa con los derechos humanos y saca del juego político a quien sea víctima de estos poderosos malquerientes. Es el modelo siglo XXI para ganar elecciones o perpetuarse en el poder sin disparar un solo tiro, pero dejando muerto en vida y desprestigiado a más de uno. Por eso ahora andan con el esperpento de derogar la Ley de Garantías.

Aquí ya tenemos andando la versión criolla de lawfare, empezando por Sergio Fajardo, otro aspirante presidencial que va muy bien en las encuestas, o por lo menos mucho mejor que toda la gavilla del uribismo desde donde se han lanzado muchos lagartos a la Presidencia y del mismo modo han empezado a renunciar a sus autopostulaciones, en las que solo habían pensado ellos mismos, dizque para adherir a Óscar Iván Zuluaga, otra vez el que diga Uribe. ¡Qué ridículo!

El papel que la Fiscalía de Barbosa está jugando en este momento es peligroso, dañino y desestabilizante de la democracia, porque amenazar con una acción penal a quien ya se anunciaba como contendor del candidato oficialista en la próxima jornada electoral es lo más parecido a las consecuencias que se pueden derivar de un atentado personal. En efecto, cuando Barbosa decidió mostrar sus gobiernistas dientes a Fajardo, ya el antioqueño había dado las señales necesarias para concluir que su aspiración iba en serio. Por eso, en ese escenario, crear la zozobra al candidato y al electorado de que en cualquier momento lo pueden meter preso por cuenta de un supuesto delito que no han podido explicar cómo se habría cometido es una expresión nada sutil de la más pavorosa guerra jurídica.

Ningún aspirante presidencial incurriría en la estupidez de reclamar el privilegio de no ser encausado con un trámite judicial que amenace con privarlo de su libertad, pero el gobierno debe tomar el toro por los cachos y exigir que el perfumado e incompetente director de la Policía, José Luis Vargas, se ocupe de que cesen las amenazas de atentados contra Caicedo y Petro, y además que se desactiven los torpedos judiciales con los que la Fiscalía amiga ha puesto a tambalear una opción política con el probable encarcelamiento de su dirigente. Esa inquisición soterrada con la que Duque pretende que tengamos elecciones en 2022, disfrazada de lucha contra la corrupción cuando en verdad tiene otros propósitos, se ve verosímil e inminente.

No es una exageración y el Centro Democrático sabe de qué estoy opinando. A un gobierno como el de Duque, amo y señor en la Fiscalía, en la Procuraduría y en la Defensoría del Pueblo, nada difícil le ha quedado impulsar esa malvada guerra jurídica contra sus opositores que aspira a debilitar con expedientes judiciales, apoyada, por supuesto, por ciertos medios que a pesar de estar conscientes del desastre que se viene prefieren aplaudir al régimen y guardar silencio sobre sus atropellos.

Veremos si Duque pasa a la historia como el que aniquiló física o judicialmente a los candidatos que le quitan el sueño. Me temo que no está haciendo nada para evitarlo.

Adenda No 1. Amnistía general para delitos comunes y en beneficio propio. Estado de derecho uribista.

Adenda No 2. Solo falta que con la nueva política para recibir inmigrantes Duque esté haciendo méritos para que a su retiro la ONU lo nombre en la ACNUR.

notasdebuhardilla@hotmail.com

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