A pesar de la estrategia del Gobierno y de sus medios y comunicadores para desfigurar las marchas que no cesan, presentándolas como si hubieran sido únicamente una concentración de vándalos y terroristas, no pudieron desconocer que se trató de una protesta robusta. Además de las manifestaciones en Bogotá y en las capitales de departamento, en más de 600 municipios las gentes expresaron en paz su inconformidad. Esta columna la escribo antes del 1° de mayo, fecha en la que es de esperar que los trabajadores se hagan sentir, a ver cómo y qué “informan” las sesgadas primeras páginas de ciertos rotativos o los titulares de un decadente noticiero de televisión amarillista al servicio de los boletines oficiales.
En el Gobierno se creen las noticias falsas que ellos mismos difunden desde la “Casa de Nari”, porque después de lo del miércoles anuncian que seguirán buscando consensos con los partidos, que por fin se pellizcaron, en vez de oír a millones de voces que en todos los tonos exigen retirar la reforma tributaria. No se han dado cuenta Duque, Carrasquilla, el prepotente ministro del Interior, la locuaz vicepresidenta, ni tampoco los obsecuentes fiscal Barbosa, procuradora Cabello y contralor Córdoba que lo que estamos viendo en las calles es hambre, pobreza, desigualdad y desespero, como con acierto lo sentenció el senador Iván Marulanda.
Lo que pasó en Cali es una revuelta anunciada y quedó demostrada con el arrojo de la comunidad indígena misak al derribar, en las narices del momierío, la estatua del conquistador Belalcázar, el asesino esclavista al que allá decidieron rendirle honores perpetuos sin merecerlo.
Todo es preocupante y peligroso, en especial el mutismo oficial ante la medida cautelar decretada por una magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que tuvo la audacia de prohibir las marchas. Salvo el gobernador del Magdalena, no hubo un ministro, ni un solo funcionario en Bogotá o en el resto del país que defendiera el derecho ciudadano de marchar sin tener que pedir permiso a ninguna autoridad. ¡Qué desilusión! Desperdiciaron la feliz oportunidad de comportarse como demócratas porque, además de que guardaron cómplice silencio, aplaudieron la ilegal decisión judicial, empezando por el fiscal Barbosa, quien censuró al pueblo que en un gesto de dignidad se rebeló contra la errada medida cautelar que pretendió impedirle marchar. Y ese es el más preparado de su generación.
Si hay algún instante en la vida de un hombre público en el que valga la pena dejar constancia y demostrar su ideología, es al enfrentarse a decisiones que tengan que ver con las garantías ciudadanas. Eso es lo que distingue a un facho de un hombre libre y de buenas costumbres. De nada sirve a una sociedad que lucha por ser de avanzada que quienes gobiernan proclamen respeto a la democracia, si cuando les toca hacerlo en la práctica inventan falsos positivos, o persiguen a los contradictores o se hacen los de la vista gorda.
No hay en este Gobierno un solo jurista que tenga claro el límite de las competencias judiciales ni el alcance de los derechos ciudadanos. Por eso aquí está pasando todo lo que vemos a diario: campañas de desprestigio; la Fiscalía, entregada a la orgía de montar expedientes falsos; la Procuraduría, arrodillada y, además, una embestida contra el proceso de paz y la JEP.
Y lo peor, el cinismo de los ministros de Hacienda y Gobierno, funcionarios que concibieron este caos no responden políticamente, como ocurriría en cualquier otra parte. Ahí siguen en sus cargos, proponiendo que simplemente se hagan unos ajustes al adefesio, cuando por decoro frente al país o al menos por consideración con su jefe deberían haberse retirado.
En todo caso, este grito de insatisfacción contra el gobierno del Centro Democrático ya no podrán acallarlo con el Esmad, ni llenando las ciudades con el glorioso ejército colombiano y ordenándole que dispare, como parece ser el siguiente paso luego de que en Cali un policía acribilló a un protestante como respuesta a una patada. Veremos si oyen, entienden y recapacitan, o si siguen caminando en la dirección del abismo. La soberbia actitud de Duque ha puesto en jaque la gobernabilidad, pero también, lo que es más sorprendente, hasta su permanencia en la silla presidencial.
Adenda. La vacunación contra el COVID-19 sigue bien lenta y en veremos.
A pesar de la estrategia del Gobierno y de sus medios y comunicadores para desfigurar las marchas que no cesan, presentándolas como si hubieran sido únicamente una concentración de vándalos y terroristas, no pudieron desconocer que se trató de una protesta robusta. Además de las manifestaciones en Bogotá y en las capitales de departamento, en más de 600 municipios las gentes expresaron en paz su inconformidad. Esta columna la escribo antes del 1° de mayo, fecha en la que es de esperar que los trabajadores se hagan sentir, a ver cómo y qué “informan” las sesgadas primeras páginas de ciertos rotativos o los titulares de un decadente noticiero de televisión amarillista al servicio de los boletines oficiales.
En el Gobierno se creen las noticias falsas que ellos mismos difunden desde la “Casa de Nari”, porque después de lo del miércoles anuncian que seguirán buscando consensos con los partidos, que por fin se pellizcaron, en vez de oír a millones de voces que en todos los tonos exigen retirar la reforma tributaria. No se han dado cuenta Duque, Carrasquilla, el prepotente ministro del Interior, la locuaz vicepresidenta, ni tampoco los obsecuentes fiscal Barbosa, procuradora Cabello y contralor Córdoba que lo que estamos viendo en las calles es hambre, pobreza, desigualdad y desespero, como con acierto lo sentenció el senador Iván Marulanda.
Lo que pasó en Cali es una revuelta anunciada y quedó demostrada con el arrojo de la comunidad indígena misak al derribar, en las narices del momierío, la estatua del conquistador Belalcázar, el asesino esclavista al que allá decidieron rendirle honores perpetuos sin merecerlo.
Todo es preocupante y peligroso, en especial el mutismo oficial ante la medida cautelar decretada por una magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que tuvo la audacia de prohibir las marchas. Salvo el gobernador del Magdalena, no hubo un ministro, ni un solo funcionario en Bogotá o en el resto del país que defendiera el derecho ciudadano de marchar sin tener que pedir permiso a ninguna autoridad. ¡Qué desilusión! Desperdiciaron la feliz oportunidad de comportarse como demócratas porque, además de que guardaron cómplice silencio, aplaudieron la ilegal decisión judicial, empezando por el fiscal Barbosa, quien censuró al pueblo que en un gesto de dignidad se rebeló contra la errada medida cautelar que pretendió impedirle marchar. Y ese es el más preparado de su generación.
Si hay algún instante en la vida de un hombre público en el que valga la pena dejar constancia y demostrar su ideología, es al enfrentarse a decisiones que tengan que ver con las garantías ciudadanas. Eso es lo que distingue a un facho de un hombre libre y de buenas costumbres. De nada sirve a una sociedad que lucha por ser de avanzada que quienes gobiernan proclamen respeto a la democracia, si cuando les toca hacerlo en la práctica inventan falsos positivos, o persiguen a los contradictores o se hacen los de la vista gorda.
No hay en este Gobierno un solo jurista que tenga claro el límite de las competencias judiciales ni el alcance de los derechos ciudadanos. Por eso aquí está pasando todo lo que vemos a diario: campañas de desprestigio; la Fiscalía, entregada a la orgía de montar expedientes falsos; la Procuraduría, arrodillada y, además, una embestida contra el proceso de paz y la JEP.
Y lo peor, el cinismo de los ministros de Hacienda y Gobierno, funcionarios que concibieron este caos no responden políticamente, como ocurriría en cualquier otra parte. Ahí siguen en sus cargos, proponiendo que simplemente se hagan unos ajustes al adefesio, cuando por decoro frente al país o al menos por consideración con su jefe deberían haberse retirado.
En todo caso, este grito de insatisfacción contra el gobierno del Centro Democrático ya no podrán acallarlo con el Esmad, ni llenando las ciudades con el glorioso ejército colombiano y ordenándole que dispare, como parece ser el siguiente paso luego de que en Cali un policía acribilló a un protestante como respuesta a una patada. Veremos si oyen, entienden y recapacitan, o si siguen caminando en la dirección del abismo. La soberbia actitud de Duque ha puesto en jaque la gobernabilidad, pero también, lo que es más sorprendente, hasta su permanencia en la silla presidencial.
Adenda. La vacunación contra el COVID-19 sigue bien lenta y en veremos.