Vamos directo a un despeñadero por la arrogancia y la intolerancia del subpresidente Iván Duque, pero también por las peligrosas audacias de Néstor Humberto Martínez (NHM).
La carta del fiscal a Duque señalándole un camino lleno de artificios para que objete por inconveniente la ley estatutaria de la JEP, y le ponga conejo al país y a la comunidad internacional, retrata la perversidad del remitente, pero también la clase de nación que somos.
Haciendo sonar las esposas en el Congreso, NHM logró que en esa ley estatutaria, que hoy bombardea, se incluyeran varias proposiciones suyas, esas sí inconvenientes para la JEP. Sometido a revisión constitucional el proyecto, tal y como quedó en el Congreso luego de que fue hecho a la medida del fiscal, la Corte Constitucional decidió que esos ajustes “nestorhumbertianos” reñían con la Carta Política. Remitido el proyecto de ley a Duque para que lo sancionara, irrumpe de nuevo el fiscal alegando que esa ley es inconveniente porque la Corte le tumbó los esperpentos que él había logrado colgarle en el parlamento. NHM busca restablecer las disposiciones hechura suya que la Corte Constitucional excluyó de ese proyecto de ley.
Nunca antes el país había presenciado esta maroma de litigante con la que el fiscal pretende imponer a sangre y fuego su criterio en una ley estatutaria, con la complicidad del Gobierno. Ya veremos si Duque se atreve a objetar la ley y crear una situación insostenible para la JEP que tarde o temprano conduzca a su eliminación, como lo quiere su patrón, el “presidente eterno”. No me extrañaría que lo hiciera, porque el uribismo no le está apostando a la paz sino a la guerra, que es lo único que le sirve, así no hayan ganado ni una sola batalla.
Pero hay más. El canciller-candidato Carlos Holmes le jala las orejas a la Corte Constitucional porque a esta le pareció sensato escuchar al embajador palestino en el trámite de una audiencia relacionada con el TLC con Israel. Trujillo sostuvo que eso fue una intromisión de la justicia en las relaciones internacionales, sin advertir que es él quien está interfiriendo en la administración judicial descaradamente. Qué tal que el máximo tribunal constitucional tuviera que someterse al Gobierno para tramitar un asunto.
La ministra de Justicia se queja, no sin razón, de que la policía se equivocó en su exótica interpretación del Código de Policía, con base en la cual impuso una cuantiosa multa a un joven por comprar una empanada en la calle. Inmediatamente el ministro de Defensa la controvierte invocando razones similares a las que exponía en sus tiempos de presidente de Fenalco, cuando combatía el comercio irregular para proteger al formal.
Como para que no quede duda alguna de que atravesamos un período de desinstitucionalización, el comandante de las Fuerzas Militares, en compañía del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, sucumbió a la tentación de volverse protagonista de la crisis con Venezuela. No se había visto jamás semejante actitud belicosa que, como lo comentaba un amigo, nos conduce con los ojos abiertos a una guerra insensata. Y traigo de nuevo al canciller, quien se envalentona con la Corte Constitucional por pedir una opinión a un embajador, pero guarda silencio ante los excesos del mandamás de las Fuerzas Militares, quien se creyó asistido de facultades para pedir a los oficiales venezolanos que tomen decisiones, abriendo la puerta para que mañana sean militares extranjeros quienes le impongan sugerencias impresentables.
Y para cerrar con broche de oro, Duque, en otro acto de soberbia, nombró como director del Centro Nacional de Memoria Histórica al converso Darío Acevedo, el que dijo Uribe, un patán troglodita que llega allí para reescribir la historia al amaño de este régimen fascista, como en las más oprobiosas dictaduras.
No sería raro que el Congreso aprobara el proyecto de ley promovido por un liberticida del Centro Democrático para censurar la libertad de cátedra.
Y esto apenas comienza.
Adenda. ¿Que los periodistas no pueden ingresar a las audiencias de juzgamiento? El proceso penal es público, no secreto, y esa es una garantía ciudadana protegida por la Constitución.
