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Notas de buhardilla

Panfleto milagro

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Ramiro Bejarano Guzmán
23 de agosto de 2026 - 05:06 a. m.
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Se negaron al empalme porque, de haberlo hecho, habrían tenido que retirar muchas de las acusaciones que necesitaban mantener calientes para publicar el ampuloso “Libro de la Verdad”, elaborado en pocos días y entregado públicamente a quienes tienen el deber constitucional de investigar con independencia. Linchamiento es la sensación que queda del lanzamiento del texto que, según el portal Las2orillas, fue preparado por el nuevo director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Bien que se sepa todo, pero perseguir el delito no legitima la arbitrariedad.

¿En un Estado de Derecho puede un gobierno convertir denuncias que deben tramitar autoridades independientes en un “Libro de la Verdad”, presentado públicamente como catálogo de culpabilidades? La respuesta solo puede ser no.

Habría bastado que en silencio y sin tanto alboroto el gobierno hubiese remitido todo a jueces y entes de control; pero no, Abelardo y su combo no iban a dejar servida lo que creen es una papaya, de la cual el pintoresco vicepresidente Restrepo vaticinó que esto es apenas la punta del iceberg.

Lo primero que hay que advertir es que este libro de la supuesta verdad preparado en pocos días por el gobierno entrante, no es solo contra Petro y su gente, sino un reclamo a la fiscal, al procurador y al contralor, porque si en semana y media, sin empalme, el nuevo gobierno descubrió 82 hechos “gravísimos”, ¿qué hicieron durante cuatro años los organismos constitucionalmente encargados de investigar y controlar? A propósito, ¿por qué no se mencionó a Euclides Torres, el cuestionado financiador de Petro?

Ya en el gobierno del ex subpresidente Duque el experimento de un mandatario indicándole públicamente a la Fiscalía qué hacer lo vivimos con pésimos resultados. En efecto, en la pomposa posesión del fiscal Francisco Barbosa, también Duque le trazó un libreto dizque para que estableciera e identificara los autores del crimen de Álvaro Gómez Hurtado, lo cual terminó en persecución política.

Por supuesto, hay que decirlo, no estoy en contra de que los actos de corrupción del anterior gobierno queden impunes; por el contrario, que se sancionen, pero conforme a la ley. De igual manera ocurrirá cuando concluya el ruidoso cuatrienio de Abelardo. Ya se ha visto que el gobierno es poderoso e inflexible acusando, pero débil admitiendo sus errores, tales como: (i) cuando el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, vacacionó en Santa Marta en medio de la tragedia sísmica, lo cual no les indignó pues fue defendido en redes sociales hasta por la primera dama, a quien pretenden habilitar de super ejecutiva para irle tallando presencia y perfil político; (ii) cuando le jalaron las orejas a la respetable ministra de Comunicaciones por nombrar a alguien que tuvo cercanías con Petro; (iii) cuando abortaron el nombramiento del director del DNP por sus preferencias sexuales; (iv) cuando han nombrado personas impreparadas o indeseables con sombras. Ya veremos si cuando Abelardo tenga el sol a sus espaldas permitirá abrir sus archivos, y si para entonces quienes hoy lo alaban, porque ahora sí hay gobierno y presidente coherente, continuarán dispuestos a apoyar que la sucesión del Tigre sea a imagen y semejanza de Nicaragua: de Ortega a su “Vida Mía” Rosario.

Fiscalía, Procuraduría y Contraloría tendrán que confirmar o desmentir si el propósito del tal “Libro de la Verdad” es o no un ajuste de cuentas de los vencedores a los vencidos. Difícil.

Nunca resultan convenientes las alianzas entre justicia penal y organismos de control para adelantar investigaciones conjuntas, menos cuando son anunciadas en ruedas de prensa. La foto en la que las cabezas de los organismos de control y la fiscal alzan el panfleto que el gobierno les impuso llamar “Libro de la Verdad” no da muchas esperanzas por la independencia y vigilancia sobre el Ejecutivo. Estos empeños de sancionar colectiva y simultáneamente la presunta corrupción empiezan con mucho ruido y nutridos aplausos, pero terminan desconociendo la presunción de inocencia y el debido proceso.

Por lo pronto, es preciso señalar que, leído el libelo acusador, se entiende por qué ni Fiscalía ni órganos de control han registrado esos sucesos convertidos oficialmente en “gravísimas” acusaciones, pues allí lo que hay son opiniones de quienes creen que siguen en campaña, pero de las que no veremos sentencias condenatorias.

Adenda. Reconforta la presencia en la administración pública de la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi. Ella sí una externadista de tiempo completo y de mostrar.

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