La reforma que ha presentado el ministro de Justicia, Néstor Osuna, tiene su sello personal de seriedad, profundidad y dedicación. No en vano es un jurista de muchos quilates, probado con muchos méritos en la docencia universitaria. Su propósito de humanizar el sistema carcelario es loable, porque ciertamente nuestras prisiones no resocializan y en cambio constituyen una universidad para formar criminales.
Seguramente a Osuna le van a llover rayos y centellas con algunas de sus propuestas, por ejemplo, las que tienen que ver con algunos beneficios para los presos, como los permisos para salir por 72 horas o los fines de semana, o para trabajar de día y regresar a dormir en las cárceles, que el Centro Democrático ha calificado como premio inmerecido a los delincuentes. Definitivamente la ignorancia es atrevida, porque todos esos beneficios ya existen en nuestra legislación por lo menos desde 1993. Lo que veo de nuevo en la propuesta del ministro Osuna son unos ajustes a los requisitos para poder acceder a esas prerrogativas, como la de que para tener derecho a un permiso de 72 horas no se exija haber cumplido el 33 % de la pena impuesta sino el 25 %, lo que en modo alguno puede traducirse en incremento de la delincuencia ni en impunidad.
Como es apenas obvio, un proyecto de esta envergadura tiene cosas buenas y otras no tanto. Por ejemplo, despenalizar la injuria y la calumnia para que al afectado con estas conductas solamente tenga como única vía la justicia civil para restablecer el daño patrimonial y moral sufrido con la difamación, me parece que hay darle varias vueltas al asunto.
Mucho me temo que si el único camino que le queda a la víctima de injurias y calumnias sea la justicia civil, en la práctica las personas desistan de comprometerse en promover un proceso civil, siempre azaroso y costoso. O lo que es lo mismo, que el injuriado o calumniado nunca acuda a la justicia civil por costosa o porque la siente sofisticada, y su causa quede literalmente en la impunidad. No creo que las gentes estén más dispuestas a promover acciones civiles contra sus detractores que las que instauran sin abogado ante la Fiscalía, aun cuando allí por lo general no tengan eco sus querellas.
Pero lo que parece peor es que en este país de calumniadores, muy seguramente puede terminar ocurriendo que aquellos que gozan difamando irresponsablemente a diestra y siniestra a todo el mundo encuentren más placer en seguir haciéndolo, porque le juegan a que el afectado no los demandará o porque siempre estarán dispuestos a pagar los perjuicios que se reclamen o los que se establezcan, que no suelen ser importantes para una persona con recursos.
Fácil resulta imaginar que un industrial multimillonario que tenga acceso a medios bien por la pauta que prodiga o sencillamente porque es dueño —como en efecto los hay— no tendrá inconveniente alguno en calumniar o insultar sin ningún límite y sin correr muchos riesgos. En efecto, ese poderoso señor puede calcular que nadie o muy pocos se atreverán a reclamarle ante la justicia civil y confiará que de pronto no se lancen a judicializarlo, o que si alguien finalmente lo hace y logra que lo sancionen en los estrados, en todo caso cualquier condena patrimonial en su contra siempre será irrisoria o exigua.
En otras palabras, este experimento de despenalizar la injuria y la calumnia para que solo se pueda reclamar ante los juzgados civiles puede terminar convirtiéndose en un hobby para ricos, que, como diría un jugador de póker, siempre estarán dispuestos a pagar por gozarse el padecimiento ajeno de las víctimas que destrozan y hostigan con sus infamias.
Si el problema es que en la justicia penal no avanzan las denuncias contra injuriadores y calumniadores y que en ese campo también reina la impunidad, entonces la solución sensata no puede ser la de derogar esos delitos, sino cambiar el diseño de la Fiscalía para hacerla eficaz o crear un cuerpo especial de investigadores que realmente ofrezca resultados prontos y eficaces en las querellas que se instauren por estos delitos. No le falta razón al ministro Osuna en censurar la morosidad judicial en la solución de estas denuncias en la Fiscalía, pero cerrar las puertas de la justicia penal a estos reclamos y volverlos solo litigios civiles puede resultar siendo peor el remedio que la enfermedad.
Adenda. Qué tal el oportunismo del fiscal Barbosa; ahora cambia de bando, se lava las manos y previene a Petro de que hay enemigos “agazapados de la paz” en su gobierno.
