Hace unos días en El Tiempo se difundió una primicia que inexplicablemente pasó desapercibida: la nueva cúpula de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) se propone desenterrar los archivos del extinto DAS, hoy depositados en bodegas del Archivo Nacional, porque “es necesario construir la «paz total» a partir de conocer la dolorosa verdad del horror de la guerra” (“Gustavo Petro: ¿intentará su Gobierno desenterrar los archivos del DAS?”, Unidad Investigativa, El Tiempo). Aunque la noticia no identificó la fuente de la misma, sí sugirió que se trataría de una idea auspiciada por los exmiembros del M-19 Manuel Casanova y René Guarín, hoy las voces cantantes del Gobierno en inteligencia y seguridad. Al momento de escribir esta nota no se conoce rectificación alguna del Gobierno.
Es preciso recordar que el grupo insurgente M-19 no ganó la guerra que desató contra el Estado como consecuencia del fraude en las elecciones que perdiera el general Rojas Pinilla y que hicieron presidente a Misael Pastrana; por el contrario, la perdió y sus máximos dirigentes fueron indultados. Ese detalle no puede perderse de vista porque quien venció en las pasadas elecciones no fue el M-19, como para que dos exmilitantes del grupo insurgente, ahora que son gobierno, se atribuyan la función de revisar los archivos de inteligencia donde ellos deben figurar. Parecería que llegados al poder por la vía pacífica habrían adquirido licencia para asomarse a la inteligencia del enemigo de antaño, para saber si fueron o no víctimas de perfilamientos, interceptaciones ilegales, seguimientos o abusos.
Es previsible asumir que el propósito de esta confusa iniciativa no se agotaría con la sola apertura de las carpetas del desaparecido DAS, sino además con las de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, e inclusive las oficinas de la misma Fiscalía. Si se trata de conocer el “horror de la guerra”, el rastreo debe extenderse a todas las oficinas o autoridades que en el pasado y durante el conflicto interno armado tuvieron responsabilidades en inteligencia y contrainteligencia.
No recuerdo que Petro, en sus días como candidato, hubiera propuesto un revolcón de los archivos de inteligencia, o por lo menos no dio señales de que tenía en mente lo que ahora acariciarían Casanova y Guarín. Por eso no deja de sorprender que se esté tejiendo una especie de auditoría forense de la que tampoco se han definido sus alcances y objetivos.
Sabido es que de acuerdo con la ley de inteligencia vigente los archivos del DAS solo pueden ser revisados mediante orden judicial, lo mismo que los de las demás autoridades que en el pasado han desempeñado esas labores. Según lo revelado recientemente, alguien de la DNI habría expresado: “Esperemos qué dice la administración de justicia de este país: si prevalece la ley de inteligencia o si está por encima del derecho universal que refiere a los derechos humanos”. Esta no sería la vocería de un organismo de inteligencia, sino una especie de nueva Comisión de la Verdad. Habrá que esperar para verificar si el Gobierno se empeña en pedir a los jueces que abran todos los anaqueles de inteligencia o si va a impulsar una reforma para que se derogue la exigencia de que para acceder a esos papeles se requiera orden judicial. Cualquiera sea el camino que se elija el asunto se ve complejo, conflictivo y hasta peligroso, porque podrían quedar al descubierto los nombres de agentes de inteligencia que estarían expuestos a represalias y venganzas de diferentes sectores.
Si el propósito del Gobierno con esta propuesta es el de contribuir a la paz total, en aras de la equidad también deberían abrirse los archivos del desaparecido M-19, que tienen que existir, como se deduce de los enjundiosos trabajos de indiscutible valor histórico de Darío Villamizar Herrera, también exmilitante del M-19, conocedor de muchos datos del movimiento rebelde que sacudió al país en los 70 y 80. No tendría justificación que, sin haber sido vencido militarmente por el M-19, el Estado terminara arrodillado ante la DNI manejada hoy por excombatientes de ese grupo alzado en armas, que parecen estar aspirando a que todos revelen sus secretos menos ellos mismos. Esta no puede ser la mejor versión de la paz total.
Adenda. Insólita la agresión de que fue víctima un viajero que entraba al país por parte de un agente de Migración Colombia, ante la mirada indolente de otros funcionarios. La cara amable al ingresar a Colombia.
Hace unos días en El Tiempo se difundió una primicia que inexplicablemente pasó desapercibida: la nueva cúpula de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) se propone desenterrar los archivos del extinto DAS, hoy depositados en bodegas del Archivo Nacional, porque “es necesario construir la «paz total» a partir de conocer la dolorosa verdad del horror de la guerra” (“Gustavo Petro: ¿intentará su Gobierno desenterrar los archivos del DAS?”, Unidad Investigativa, El Tiempo). Aunque la noticia no identificó la fuente de la misma, sí sugirió que se trataría de una idea auspiciada por los exmiembros del M-19 Manuel Casanova y René Guarín, hoy las voces cantantes del Gobierno en inteligencia y seguridad. Al momento de escribir esta nota no se conoce rectificación alguna del Gobierno.
Es preciso recordar que el grupo insurgente M-19 no ganó la guerra que desató contra el Estado como consecuencia del fraude en las elecciones que perdiera el general Rojas Pinilla y que hicieron presidente a Misael Pastrana; por el contrario, la perdió y sus máximos dirigentes fueron indultados. Ese detalle no puede perderse de vista porque quien venció en las pasadas elecciones no fue el M-19, como para que dos exmilitantes del grupo insurgente, ahora que son gobierno, se atribuyan la función de revisar los archivos de inteligencia donde ellos deben figurar. Parecería que llegados al poder por la vía pacífica habrían adquirido licencia para asomarse a la inteligencia del enemigo de antaño, para saber si fueron o no víctimas de perfilamientos, interceptaciones ilegales, seguimientos o abusos.
Es previsible asumir que el propósito de esta confusa iniciativa no se agotaría con la sola apertura de las carpetas del desaparecido DAS, sino además con las de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, e inclusive las oficinas de la misma Fiscalía. Si se trata de conocer el “horror de la guerra”, el rastreo debe extenderse a todas las oficinas o autoridades que en el pasado y durante el conflicto interno armado tuvieron responsabilidades en inteligencia y contrainteligencia.
No recuerdo que Petro, en sus días como candidato, hubiera propuesto un revolcón de los archivos de inteligencia, o por lo menos no dio señales de que tenía en mente lo que ahora acariciarían Casanova y Guarín. Por eso no deja de sorprender que se esté tejiendo una especie de auditoría forense de la que tampoco se han definido sus alcances y objetivos.
Sabido es que de acuerdo con la ley de inteligencia vigente los archivos del DAS solo pueden ser revisados mediante orden judicial, lo mismo que los de las demás autoridades que en el pasado han desempeñado esas labores. Según lo revelado recientemente, alguien de la DNI habría expresado: “Esperemos qué dice la administración de justicia de este país: si prevalece la ley de inteligencia o si está por encima del derecho universal que refiere a los derechos humanos”. Esta no sería la vocería de un organismo de inteligencia, sino una especie de nueva Comisión de la Verdad. Habrá que esperar para verificar si el Gobierno se empeña en pedir a los jueces que abran todos los anaqueles de inteligencia o si va a impulsar una reforma para que se derogue la exigencia de que para acceder a esos papeles se requiera orden judicial. Cualquiera sea el camino que se elija el asunto se ve complejo, conflictivo y hasta peligroso, porque podrían quedar al descubierto los nombres de agentes de inteligencia que estarían expuestos a represalias y venganzas de diferentes sectores.
Si el propósito del Gobierno con esta propuesta es el de contribuir a la paz total, en aras de la equidad también deberían abrirse los archivos del desaparecido M-19, que tienen que existir, como se deduce de los enjundiosos trabajos de indiscutible valor histórico de Darío Villamizar Herrera, también exmilitante del M-19, conocedor de muchos datos del movimiento rebelde que sacudió al país en los 70 y 80. No tendría justificación que, sin haber sido vencido militarmente por el M-19, el Estado terminara arrodillado ante la DNI manejada hoy por excombatientes de ese grupo alzado en armas, que parecen estar aspirando a que todos revelen sus secretos menos ellos mismos. Esta no puede ser la mejor versión de la paz total.
Adenda. Insólita la agresión de que fue víctima un viajero que entraba al país por parte de un agente de Migración Colombia, ante la mirada indolente de otros funcionarios. La cara amable al ingresar a Colombia.