Pegasus del cambio

En agosto de 2021 el ministro de Defensa Diego Molano, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en respuesta a peticiones que elevé ante sus despachos, negaron que hubiesen adquirido el sistema de espionaje Pegasus. Para las verdades: el tiempo.

Andrés Idárraga, ministro de Justicia, en el muy escuchado reporte Coronell de la W Radio, reveló con notoria indignación que desde el Ministerio de Defensa lo estaban espiando junto con sus hijas, desde el mes de agosto, cuando aún era secretario de la transparencia, utilizando Pegasus. Para más señas, el ministro de Justicia no vaciló en responder que no confiaba en su colega de Defensa, el general Pedro Sánchez, y razón no le falta.

En esta ocasión y por primera vez en la historia, el denunciante es un ministro que acusa a otro, pero, como desde los gobiernos de Uribe y Duque el país se habituó a estas noticias, han intentado echarle tierra a ese cadáver insepulto del Pegasus. El uribismo, sus dóciles candidatos amaestrados, quienes esperan órdenes del patrón en la Gran Consulta —incluido el caricaturesco, protervo y alevoso Abelardo de la Espriella—, y el ex subpresidente Duque han guardado silencio porque temen aproximarse a una hoguera que los pueda incinerar.

Algo tiene que estar pasando en las estructuras de defensa y de inteligencia nacionales para que esto haya ocurrido. Todo se ve oscuro y peligroso desde la revelación de que el entonces secretario presidencial de Transparencia venía adelantando una o varias investigaciones contra uniformados, lo que habría desatado la ira de alguien en la cúpula militar y en represalia habría ordenado seguimientos a un funcionario conocido y consentido del presidente Gustavo Petro.

Tal parece que el Gobierno no aprendió la lección que debió dejarles al presidente y a su entorno el escándalo en el que se vieron comprometidos cuando, enfrente de la propia Casa de Nariño, usaron indebidamente un polígrafo y adelantaron actuaciones propias de policía judicial cuando alguien le robó a la entonces secretaria presidencial, Laura Sarabia, una suma de dinero, que finalmente nunca supimos a cuánto ascendió.

Habría que ver en qué consistieron las investigaciones que se adelantaron desde la Secretaría de Transparencia ahora, porque si obraron como fiscales o jueces se habrían equivocado de nuevo los agentes de la casa presidencial. Pero, aun así, eso no justifica ni explica que la respuesta de los militares que se supieron investigados por el secretario de Transparencia hubieren echado mano del Pegasus, no para defenderse, sino para delinquir.

Lo cierto es que la respuesta del ministro de Defensa a tan grave acusación no convence a nadie, porque señalar que su colega ha sido víctima de “información falsa” cuando el afectado ha respaldado su dicho con un arsenal de pruebas es, por lo menos, irresponsable.

Pero resultó sorprendente que el titular de defensa haya reconocido lo que me negaron en su momento en el gobierno anterior acerca de que no habían comprado el aparato para espiar. En efecto, según el general Sánchez,  el software Pegasus estuvo en Colombia únicamente durante los años 2021 y 2022 y desde entonces dejó de utilizarse: “Hoy no está siendo utilizado por la fuerza pública”.

Es decir, mientras en el gobierno de Duque negaron haber comprado el Pegasus, ahora el actual ministro de Defensa dice que sí lo tuvieron y que lo usó la fuerza pública precisamente en los años tenebrosos de 2021 y 2022. ¿Cómo lo compraron, cuánto costó, quién pagó? ¿A quién se lo compraron? ¿A quiénes espiaron? ¿A insurgentes y a la delincuencia, o solamente “primeras líneas”, periodistas y opositores de ese cuatrienio corrupto y perseguidor? ¿Cuándo y por qué razón dejó la fuerza pública de utilizar el Pegasus? ¿Dónde está ahora el software, quién lo heredó o a quién se lo vendieron? Si los militares ahora dicen que ya no tienen el Pegasus, entonces ¿con que equipos “chuzaron” a Idárraga?

El tema puede ponerse peor, ahora que al frente de la DNI estará un intransigente y perturbado como René Guarín. Curiosamente, los cuatro años de Petro siempre estuvo en manos de ex M-19. En todo caso, señora fiscal y señores procurador y contralor, las acciones para investigar y sancionar no están prescritas. Tienen la palabra.

Adenda No 1. Ahora solo falta que la medalla del Premio Nobel de Paz termine en manos de Delcy Rodríguez.

Adenda No 2. Los gobernadores han hecho lo constitucionalmente correcto al invocar la excepción de inconstitucionalidad contra el arbitrario decreto de emergencia económica. Es la repetición de Guerra de los Supremos del siglo XIX.