Se está abriendo un procedimiento siniestro que encumbradas clases sociales vienen utilizando para aniquilar a quien les resulta incómodo o piensa en forma diferente a ellas y sus intereses.
No lo digo por mí, aunque motivos tendría para hablar también en causa propia como víctima, ahora que vengo de sufrir la más brutal agresión de unos intocables “momios” caleños, esas falanges de la nueva versión de la “mano negra”, como con razón los identifican en la Luciérnaga. Ya habrá tiempo para volver sobre esto, por lo pronto gracias a las muchas voces solidarias que he recibido y a El Espectador por ofrecerme duplicar esta columna para opinar sobre mi Valle del Cauca.
Empiezo por Carlos Caicedo, el alcalde electo de Santa Marta, el sobreviviente de un Archipiélago Gulag orquestado por sus contradictores políticos. Se trata de un militante de izquierda, exguerrillero, abogado de la Nacional, que un buen día encontró su destino en la Universidad del Magdalena y allí se ganó el respeto de sus conciudadanos, pero también el odio de esa casta política que cuando no compra a los opositores, los asesina.
Pues bien, a Caicedo le montaron un proceso judicial que lo tuvo cinco años detenido, hasta que fue absuelto después de muchas penalidades personales y familiares. Lo curioso de todo esto es que su drama kafkiano se inició con una decisión equivocada que dictó el fiscal Gabriel Ramón Jaimes Durán, el mismo sujeto que hasta hace poco era el segundo de abordo de la Procuraduría y que aun hoy nadie sabe exactamente por qué salió de tan alto cargo, pero se sospecha.
Caicedo ganó las elecciones enfrentado a esa jauría política que convive con paras, narcos y asalta las arcas públicas. Eso fue una proeza, que hoy, sin embargo, quieren truncar quienes saben que con la llegada de Caicedo a la Alcaldía se les fue el botín que han desangrado incansablemente. En efecto, todavía acosa otra denuncia penal temeraria a este alcalde electo, que sus enemigos están moviendo y que ojalá archiven cuanto antes, porque carece de fundamento.
Y sigo con Jeniffer Mojica, una joven abogada que pasó de ser asesora del Ministerio de Agricultura a la Subdirección de Tierras del Incoder, oficina encargada de adjudicar baldíos, expropiar bienes y ocuparse de casos emblemáticos y sensibles, como el de los desplazamientos de Las Pavas, a quien un perverso grupo de terratenientes persigue con sevicia.
¿Cuál la razón para tratar de eliminar profesionalmente a esta joven a la que han tildado de guerrillera, chavista, terrorista, sanguinaria e infiltrada? Increíble, pero cierto. Jeniffer —a quien no conozco— tuvo una relación sentimental con Gerardo Vega, desmovilizado del Epl, y allí fue Troya. A eso le agregaron sus detractores una foto que ella se hizo tomar al lado de un afiche de Chávez durante unas vacaciones en Venezuela, y que cometió el error de divulgarla en esa red de la chismografería universal de Facebook. Ese es el supuesto “prontuario” de quien tiene bajo sus hombros tan delicada responsabilidad pública en materia de tierras.
La verdad es otra; el motivo real por el cual están queriendo destrozar a esta abogada, no es que sea insurgente o cómplice de Chávez, ni ninguno de los horrores con los que la han estigmatizado. Lo que hay detrás de todo esto es una campaña de descrédito para impedir que tome fuerza la sustentada averiguación que esta novel funcionaria viene adelantando para probar que sí hay desplazamientos en el Urabá, con lo cual está pisando callos de gentes muy “honorables”. Y esos señores pretenden desviar las miradas que los acusan, con la vil estrategia de calumniar e injuriar a quien está cumpliendo su deber.
Hay que abrir bien los ojos, porque hay muchos buitres acechando a gentes buenas.
Adenda. Que no nos crean tan pendejos, como dice el presidente Santos. Ni el Gobierno colombiano quiere que extraditen a María del Pilar Hurtado, ni en Panamá la van a extraditar.
