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El presidente Petro acuñó la tesis antidemocrática y peligrosa de que cualquier intento de alguna autoridad por husmear en sus predios es un “golpe blando”. La única justicia que acepta el mandatario es la que le prodiguen sus hinchas.
Cuando las pesquisas oficiales se asoman por la Casa de Nariño o por los despachos petristas purasangre, Petro pone el grito en el cielo y vocifera que la democracia está en riesgo y que “comenzó el golpe de Estado”. Se trata de una exageración presidencial porque quienes amenazan con tumbarlo y horadar su poder son sus aliados que él mismo nombró, en especial aquellos que llegaron a enriquecerse. Su promotor fue Petro y hoy es víctima de su propio invento.
Por más que Olmedo López haya exonerado sorpresivamente al presidente y al Gobierno de los manejos sucios detectados recientemente, lo cierto es que no resulta creíble que el supuesto pago de $4.000 millones a los presidentes del Congreso haya sido una mera imprudencia o un simple malentendido. No, allí pasó algo muy grave que debe saberse pronto, aunque, como van las cosas, tal parece que han ablandado al tal Olmedo, a juzgar por sus lisonjeras y lacrimosas declaraciones sacándole bandera blanca al Gobierno. Esperemos que lo mismo no ocurra con Sneyder Pinilla.
Petro sorprende y asusta, pues para protestar porque el CNE se propone formularles pliego de cargos a él y al presidente de Ecopetrol por la financiación de su costosa campaña electoral, responde con llamas de fuego, como la de que hay una ruptura constitucional a la que se debe responder “con la fuerza del pueblo”. ¿Bogotazo?
El Gobierno no puede afirmar que la Corte Suprema, la Corte Constitucional, la Fiscalía, la Procuraduría y el CNE estén montadas en la montaña rusa de la conspiración. No se puede, por ejemplo, impedir que se investiguen las cuentas de la campaña, tanto por el CNE —trámite en el que el impresentable exrepresentante a la Cámara Álvaro Hernán Prada debería declararse impedido porque su presencia deslegitima cualquier decisión— o inclusive por la Comisión de Acusaciones, porque esa solución sí fractura el Estado de derecho. Una cosa es que el CNE no pueda investigar a Petro, porque vulneraría su fuero constitucional, y otra muy diferente es que no pueda examinar y revisar las cuentas de su campaña, porque sí lo puede y debe hacer.
Ahora Petro tiene que tener averiguado que si finalmente la Comisión de Acusaciones lo va a juzgar por cualquier cosa, incluida la violación de los topes, tendrían que declararse impedidos sus copartidarios que hagan parte de esa célula legislativa, porque su jefe invitó a “todas las instancias del Pacto Histórico a reunión de inmediato y a las fuerzas sociales del país a prepararse contra el intento de irrespetar el voto popular”. De no ser así, se repetiría la maroma de Uribe, quien renunció al Senado para librarse de la Corte Suprema y ponerse en manos de la Fiscalía de Barbosa, que lo trató con dulce parcialidad.
El presidente está ausente, porque sigue creyendo que el único “voto popular” fue el que lo ungió presidente en 2022, ignorando que en 2023 se realinderaron las fuerzas políticas y el Gobierno perdió las elecciones en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga, para solo mencionar esas grandes ciudades. Que aterrice Petro, porque ya no está montado sobre los 11 millones de sufragios. En efecto, si se trata de respetar el voto popular, como lo anda gritando, debe oír y respetar a las fuerzas políticas que lo derrotaron el año pasado, pero, aún más, está obligado a no desafiar el orden institucional.
Anda tan equivocado Petro que, aun en el escenario de que no hubiera perdido las últimas elecciones regionales y siguiera contando con los millones de votos iniciales, tampoco en ese evento tendría excusa para impedir que la justicia cumpliera su misión. Ningún demócrata se alza contra la justicia ni la resiste con el cuentazo de defender el voto popular. ¿A qué le teme?
Tiene razón Petro cuando amenaza con su retahíla de que no tiene miedo porque dice: “Seguiré hasta donde el pueblo diga, iremos hacia donde el pueblo colombiano ordene”. El empanicado con sus airadas salidas no es él sino ese pueblo que tiene que soportarlo.
Adenda. El Estado de Israel tiene derecho a existir y a defenderse, pero no a aniquilar al pueblo palestino. No a la invasión a Rafah.
