Se inicia como ministra de Justicia la exmagistrada Margarita Cabello —a quien respeto y aprecio personal y profesionalmente—, pero el país no sabe para dónde va el Gobierno en temas de justicia. El interrogante tampoco quedó resuelto con la ministra que se acaba de ir. Eso no significa que la nueva funcionaria no sepa lo que hará o dejará de hacer, porque su larga experiencia le permite avizorar caminos transitables.
El Gobierno no tiene rumbo en lo que quiere de la justicia, salvo su empeño enfermizo por destruir la JEP para evitar que se conozcan muchas verdades, y por eso cada ministro del ramo traerá sus propias reformas debajo del brazo. Si el Gobierno tuviera definido qué hacer, el ministro llegaría a ejecutar ese itinerario, pero como se carece del mismo entonces tiene que someterse a las propuestas de cada titular de la cartera de Justicia o a los proyectos que en el Congreso presenten las colectividades políticas.
La ministra Cabello anuncia que se propone no una sino varias reformas para aproximar la administración de justicia al ciudadano, e inclusive sugirió que contempla dictar decretos que alivien la pesada carga de la morosidad judicial derivada del desorden en la administración y racionalización de los pleitos. Está por verse si a través de decretos el uribismo consigue lo que no ha sido logrado por los demás partidos con leyes. Ojalá acierte. Por ejemplo, es urgente acabar con ese procedimiento previsto en la Corte Constitucional de dar a conocer primero un comunicado de un fallo y posteriormente, luego de las reacciones en la opinión pública, divulgarlo completo. Eso no es garantista ni transparente, pues el ciudadano tiene derecho a conocer íntegramente las decisiones judiciales en cuanto se anuncian. Es también importante diseñar una reforma que controle los poderes ocultos de magistrados auxiliares, a veces los verdaderos jueces en la sombra de los litigios.
El Centro Democrático, malqueriente de las cortes, pretende que la reforma a la justicia consista en unificar en una sola corporación todas las que hoy existen. Propuesta inconveniente que no solo compromete la autonomía e independencia de las distintas ramas de esa corte unificada, sino que tampoco la unificación resuelve los problemas de choque de trenes ni la dilación que acosa algunas de esas salas.
La ministra entrante no se refirió a la integración de la terna para fiscal, porque sabe que el candidato a tan importante cargo no será sugerido por ella, ni siquiera por el propio Duque, pues ese es el jugoso plato que esperan devorar el “presidente eterno” y su entorno. Así como Uribe impuso al ministro de Defensa y al temible director nacional de Inteligencia, exigirá lo mismo respecto de quien rija los destinos del ente acusador durante los próximos cuatro años. Ese es territorio ocupado por el uribismo recalcitrante, porque necesitan un fiscal que, al igual que lo hizo Néstor Humberto Martínez, persiga o exonere de acuerdo con sus protervos intereses y necesidades políticas. El nuevo fiscal será amansado en las pesebreras de El Ubérrimo.
Habrá que ver qué derrotero toma durante el reinado de Margarita Cabello ese esperpento de propuesta de tramitar una ley de interpretación de la JEP, que no apaciguará los embates en su contra y, por el contrario, contribuirá a debilitarla, que es en lo que están el Gobierno y su partido. Muchos queremos ver a una ministra de Justicia que sin eufemismos les garantice al país y a la comunidad internacional que defenderá no sólo la JEP sino el accidentado proceso de paz con las Farc.
La ministra Cabello tiene derecho a que le vaya bien, veremos si se lo permiten los perros rabiosos que muerden en la Casa de Nari.
Adenda No. 1. A Duque le fastidian los “mafiosos”, pero como candidato se regodeaba retratándose con Jorge Luis Henao Arango, un impresentable “empresario” condenado penalmente por narcotráfico en Panamá y por abuso de menores en Colombia (ver https://drive.google.com/drive/folders/1fP1XzJ3CNW9UXkXWLPirIFn1Em8N3IJZ?usp=sharing), quien ha hecho fortuna con el beneplácito de las cuestionadas administraciones locales de Buga.
Adenda No. 2. Por supuesto que es un disparate mayúsculo sostener que es peor el azúcar que la coca.
Se inicia como ministra de Justicia la exmagistrada Margarita Cabello —a quien respeto y aprecio personal y profesionalmente—, pero el país no sabe para dónde va el Gobierno en temas de justicia. El interrogante tampoco quedó resuelto con la ministra que se acaba de ir. Eso no significa que la nueva funcionaria no sepa lo que hará o dejará de hacer, porque su larga experiencia le permite avizorar caminos transitables.
El Gobierno no tiene rumbo en lo que quiere de la justicia, salvo su empeño enfermizo por destruir la JEP para evitar que se conozcan muchas verdades, y por eso cada ministro del ramo traerá sus propias reformas debajo del brazo. Si el Gobierno tuviera definido qué hacer, el ministro llegaría a ejecutar ese itinerario, pero como se carece del mismo entonces tiene que someterse a las propuestas de cada titular de la cartera de Justicia o a los proyectos que en el Congreso presenten las colectividades políticas.
La ministra Cabello anuncia que se propone no una sino varias reformas para aproximar la administración de justicia al ciudadano, e inclusive sugirió que contempla dictar decretos que alivien la pesada carga de la morosidad judicial derivada del desorden en la administración y racionalización de los pleitos. Está por verse si a través de decretos el uribismo consigue lo que no ha sido logrado por los demás partidos con leyes. Ojalá acierte. Por ejemplo, es urgente acabar con ese procedimiento previsto en la Corte Constitucional de dar a conocer primero un comunicado de un fallo y posteriormente, luego de las reacciones en la opinión pública, divulgarlo completo. Eso no es garantista ni transparente, pues el ciudadano tiene derecho a conocer íntegramente las decisiones judiciales en cuanto se anuncian. Es también importante diseñar una reforma que controle los poderes ocultos de magistrados auxiliares, a veces los verdaderos jueces en la sombra de los litigios.
El Centro Democrático, malqueriente de las cortes, pretende que la reforma a la justicia consista en unificar en una sola corporación todas las que hoy existen. Propuesta inconveniente que no solo compromete la autonomía e independencia de las distintas ramas de esa corte unificada, sino que tampoco la unificación resuelve los problemas de choque de trenes ni la dilación que acosa algunas de esas salas.
La ministra entrante no se refirió a la integración de la terna para fiscal, porque sabe que el candidato a tan importante cargo no será sugerido por ella, ni siquiera por el propio Duque, pues ese es el jugoso plato que esperan devorar el “presidente eterno” y su entorno. Así como Uribe impuso al ministro de Defensa y al temible director nacional de Inteligencia, exigirá lo mismo respecto de quien rija los destinos del ente acusador durante los próximos cuatro años. Ese es territorio ocupado por el uribismo recalcitrante, porque necesitan un fiscal que, al igual que lo hizo Néstor Humberto Martínez, persiga o exonere de acuerdo con sus protervos intereses y necesidades políticas. El nuevo fiscal será amansado en las pesebreras de El Ubérrimo.
Habrá que ver qué derrotero toma durante el reinado de Margarita Cabello ese esperpento de propuesta de tramitar una ley de interpretación de la JEP, que no apaciguará los embates en su contra y, por el contrario, contribuirá a debilitarla, que es en lo que están el Gobierno y su partido. Muchos queremos ver a una ministra de Justicia que sin eufemismos les garantice al país y a la comunidad internacional que defenderá no sólo la JEP sino el accidentado proceso de paz con las Farc.
La ministra Cabello tiene derecho a que le vaya bien, veremos si se lo permiten los perros rabiosos que muerden en la Casa de Nari.
Adenda No. 1. A Duque le fastidian los “mafiosos”, pero como candidato se regodeaba retratándose con Jorge Luis Henao Arango, un impresentable “empresario” condenado penalmente por narcotráfico en Panamá y por abuso de menores en Colombia (ver https://drive.google.com/drive/folders/1fP1XzJ3CNW9UXkXWLPirIFn1Em8N3IJZ?usp=sharing), quien ha hecho fortuna con el beneplácito de las cuestionadas administraciones locales de Buga.
Adenda No. 2. Por supuesto que es un disparate mayúsculo sostener que es peor el azúcar que la coca.