Muy pronto tendrá que ocuparse Petro de presentar su terna de candidatos para que la Corte Suprema escoja a quien será su fiscal y que no pase lo mismo que ha sucedido con las fiscalías funestas y siniestras de Néstor Humberto Martínez Neira y Francisco Barbosa. Y eso va además para el pleno de la Corte Suprema.
Barbosa dejará el cargo el 1° de febrero de 2024, lo que significa que a principios de 2023 estará a menos de un año de concluir su accidentado período, comparable con el de su antecesor, pues ambos unas veces ejercieron en favor de poderosos señores y otras con sed de venganza contra sus críticos.
Ya empiezan a perfilarse los nombres de quienes aspiran a tan importante dignidad y esperamos que a última hora no surjan nombres secretos ya acordados con la Corte. Así nos clavaron a los dos últimos fiscales que salen sin ninguna credibilidad. Hay un buen número de aspirantes que andan tras bambalinas moviéndose tanto en el Gobierno como en la Corte. En otras palabras, ya están en campañas, como ha sido la usanza para acceder a estas responsabilidades, en las que medios, comunicadores, congresistas, magistrados y una inmensa nube de personajes influyen calladamente para, a la hora de la verdad, pasar sus impagables cuentas de cobro.
Néstor Humberto y Barbosa perdieron el juicio como fiscales y por eso hoy se les siente peligrosamente aliados. Algo malo debe pasar en ese búnker, porque el país ha venido asistiendo al espectáculo de comprobar que quienes son designados fiscales parecen llegar cuerdos a ese trabajo, pero cuando lo desempeñan se desquician, obnubilados con el inmenso poder que detentan. Eso tiene que ser parte de una reforma constitucional, pues un solo hombre decidiendo la libertad o el encarcelamiento de casi 50 millones de personas es peligroso inclusive para su propia salud. Una Fiscalía unipersonal, sin controles eficaces ni inmediatos, capaz de perseguir y destruir vidas y honras, que no tolera la crítica, como ha ocurrido en los últimos dos períodos, amenaza la estabilidad de la democracia y por eso hay que modificar esta estructura dañina.
En el estado actual de la legislación es preciso poner las cosas en su sitio para que mientras se reforma esa pesada normatividad no tengamos más cataclismos. Las actitudes descompuestas de Francisco Barbosa —a imagen y semejanza de Néstor Humberto— para responder las legítimas inquietudes planteadas por la revista Cambio y Noticias Uno, con ocasión de la extraña visita de su cónyuge a una sede de la Fiscalía dizque para sacar maletas a altas horas de la noche, no convencen ni son propias de quien respete la elemental regla de la democracia de que la prensa solo es libre si se le permite ejercer en libertad sus funciones. Ese presupuesto de oro no se puede ignorar, porque cuando eso ocurre estamos pisando terreno abonado para la tiranía. Lo peor es que los airados pronunciamientos de Barbosa descalificando a los medios que se ocuparon de revelar una información de notorio interés público tampoco tranquilizaron, porque no tiene presentación ni defensa que el jefe de un despacho público utilice la sede de la entidad bajo su mando para que le custodien objetos personales suyos o de sus familiares. Menos aún, cuando se trata del ente investigador y acusador. El decoro y la delicadeza aconsejan no valerse del poder para obtener esas “pequeñas” pero indebidas canonjías.
Recientemente la Corte Suprema se ha equivocado nombrando fiscal y no se entiende cómo es que una corporación donde están sentados los más importantes juristas de la jurisdicción ordinaria siempre se extravía. La grave sospecha de que el fiscal elegido reparte dádivas burocráticas entre parientes y conocidos de los magistrados tiene que disiparse. Estoy seguro de que a los togados de hoy no les temblaría la mano para suscribir un compromiso público en virtud del cual se obliguen a no aceptar ni pedir favores en la Fiscalía ni en ninguna otra entidad estatal o inclusive privada. Habría que empezar porque quienes tengan cuotas burocráticas lo informaran voluntariamente por transparencia a la nación y dieran las explicaciones del caso.
Pero que no nos coja descuidados el cambio de fiscal, no vaya a ser que repitamos las nefastas experiencias de Néstor Humberto y Barbosa. El país necesita un fiscal que inspire respeto, no desconfianza ni pánico.
Adenda. Un cabezazo designar a José Félix Lafaurie como negociador del Gobierno con el Eln. La paz se discute y concilia entre enemigos.
Muy pronto tendrá que ocuparse Petro de presentar su terna de candidatos para que la Corte Suprema escoja a quien será su fiscal y que no pase lo mismo que ha sucedido con las fiscalías funestas y siniestras de Néstor Humberto Martínez Neira y Francisco Barbosa. Y eso va además para el pleno de la Corte Suprema.
Barbosa dejará el cargo el 1° de febrero de 2024, lo que significa que a principios de 2023 estará a menos de un año de concluir su accidentado período, comparable con el de su antecesor, pues ambos unas veces ejercieron en favor de poderosos señores y otras con sed de venganza contra sus críticos.
Ya empiezan a perfilarse los nombres de quienes aspiran a tan importante dignidad y esperamos que a última hora no surjan nombres secretos ya acordados con la Corte. Así nos clavaron a los dos últimos fiscales que salen sin ninguna credibilidad. Hay un buen número de aspirantes que andan tras bambalinas moviéndose tanto en el Gobierno como en la Corte. En otras palabras, ya están en campañas, como ha sido la usanza para acceder a estas responsabilidades, en las que medios, comunicadores, congresistas, magistrados y una inmensa nube de personajes influyen calladamente para, a la hora de la verdad, pasar sus impagables cuentas de cobro.
Néstor Humberto y Barbosa perdieron el juicio como fiscales y por eso hoy se les siente peligrosamente aliados. Algo malo debe pasar en ese búnker, porque el país ha venido asistiendo al espectáculo de comprobar que quienes son designados fiscales parecen llegar cuerdos a ese trabajo, pero cuando lo desempeñan se desquician, obnubilados con el inmenso poder que detentan. Eso tiene que ser parte de una reforma constitucional, pues un solo hombre decidiendo la libertad o el encarcelamiento de casi 50 millones de personas es peligroso inclusive para su propia salud. Una Fiscalía unipersonal, sin controles eficaces ni inmediatos, capaz de perseguir y destruir vidas y honras, que no tolera la crítica, como ha ocurrido en los últimos dos períodos, amenaza la estabilidad de la democracia y por eso hay que modificar esta estructura dañina.
En el estado actual de la legislación es preciso poner las cosas en su sitio para que mientras se reforma esa pesada normatividad no tengamos más cataclismos. Las actitudes descompuestas de Francisco Barbosa —a imagen y semejanza de Néstor Humberto— para responder las legítimas inquietudes planteadas por la revista Cambio y Noticias Uno, con ocasión de la extraña visita de su cónyuge a una sede de la Fiscalía dizque para sacar maletas a altas horas de la noche, no convencen ni son propias de quien respete la elemental regla de la democracia de que la prensa solo es libre si se le permite ejercer en libertad sus funciones. Ese presupuesto de oro no se puede ignorar, porque cuando eso ocurre estamos pisando terreno abonado para la tiranía. Lo peor es que los airados pronunciamientos de Barbosa descalificando a los medios que se ocuparon de revelar una información de notorio interés público tampoco tranquilizaron, porque no tiene presentación ni defensa que el jefe de un despacho público utilice la sede de la entidad bajo su mando para que le custodien objetos personales suyos o de sus familiares. Menos aún, cuando se trata del ente investigador y acusador. El decoro y la delicadeza aconsejan no valerse del poder para obtener esas “pequeñas” pero indebidas canonjías.
Recientemente la Corte Suprema se ha equivocado nombrando fiscal y no se entiende cómo es que una corporación donde están sentados los más importantes juristas de la jurisdicción ordinaria siempre se extravía. La grave sospecha de que el fiscal elegido reparte dádivas burocráticas entre parientes y conocidos de los magistrados tiene que disiparse. Estoy seguro de que a los togados de hoy no les temblaría la mano para suscribir un compromiso público en virtud del cual se obliguen a no aceptar ni pedir favores en la Fiscalía ni en ninguna otra entidad estatal o inclusive privada. Habría que empezar porque quienes tengan cuotas burocráticas lo informaran voluntariamente por transparencia a la nación y dieran las explicaciones del caso.
Pero que no nos coja descuidados el cambio de fiscal, no vaya a ser que repitamos las nefastas experiencias de Néstor Humberto y Barbosa. El país necesita un fiscal que inspire respeto, no desconfianza ni pánico.
Adenda. Un cabezazo designar a José Félix Lafaurie como negociador del Gobierno con el Eln. La paz se discute y concilia entre enemigos.