Si algo virtuoso tiene la Constitución del 91, es que fue un estatuto fruto del consenso de todas las tendencias políticas que se sentaron en esa constituyente.
Esta Carta Política no nació de la imposición de los fusiles victoriosos de un partido político, como le ocurrió a la de 1886, que por eso suscitó la Guerra de los Mil Días y un régimen confesional y represor que se prolongó hasta 1930.
El sello de la Carta del 91 hay que mantenerlo, porque no nos puede ocurrir que en un tema tan denso y trascendente para la vida del país, como lo es la justicia, la reforma que se planea termine dividiéndonos de nuevo en vez de aproximarnos.
Las Cortes, con excepción de la Constitucional —por razones obvias— han venido participando de los debates en el Congreso a la reforma a la justicia, y sus presidentes han sido muy activos haciendo propuestas que han enriquecido la controversia. El gobierno de Santos, desde el primer día entendió que era necesario restablecer la comunicación con los hombres de leyes, y por eso su visita a las Cortes fue un bálsamo que recibimos bien todos los colombianos. Luego su restablecimiento del Ministerio de Justicia y del Derecho, y el nombramiento allí de un jurista de las calidades profesionales y personales de Juan Carlos Esguerra, han sido señales positivas de concordia y entendimiento.
Ahora, ad portas de terminar la primera vuelta en la discusión de la reforma a la justicia, las Cortes, una por una, se han ido retirando de la mesa de discusión, cada quien con sus motivos, y francamente ese camino no es institucionalmente el adecuado. Los ministros Germán Vargas Lleras y Juan Carlos Esguerra, con razón, han invitado a las Cortes a que no se ausenten, que continúen discutiendo, y eso, en mi opinión, es lo que debe ocurrir, aun si sus puntos de vista no terminan siendo acogidos.
Conozco al competente ministro Esguerra y su acucioso viceministro Pablo Felipe Robledo, y me consta que le han dedicado sus mejores esfuerzos a sacar adelante esta reforma a la justicia, y que han estado prestos a oír y confrontar puntos de vista y hacer todo cuanto sea útil para avanzar. Es imposible darle gusto a todos los sectores. Cualquiera que haya trajinado la modificación de un texto legal, sabe que está expuesto a que sus propuestas no sean acogidas, sin que ello sea una derrota, porque ese es el juego de la democracia. Los mismos magistrados están habituados a esa discusión colectiva de los fallos que preparan, y no es infrecuente que alguno de ellos salve el voto, cuando no está de acuerdo con una ponencia, sin que ello suscite su retiro de la Corporación.
Con la reforma a la justicia puede o no estarse de acuerdo, pero lo que no debe ocurrir es que se rompan los escenarios de conversación. A mí, por ejemplo, no me gusta para nada el proyecto que pretende ampliar el fuero militar consagrando una presunción constitucional extraña a nuestro derecho. Creo que las Cortes tienen razón en cuanto critican la propuesta de que las funciones electorales para elegir registrador, procurador y contralor, sean atribuidas exclusivamente al Congreso. Tampoco me entusiasma la idea que todavía merodea en el ambiente de la discusión de la reforma, de prorrogar el período de los magistrados y su edad de retiro forzoso, ni la forma como se propone reformar el sistema de elección de los futuros magistrados. Pero las discusiones hay que sostenerlas hasta que se agoten y participar de ellas.
Las Cortes ya participaron del proceso de reforma a la justicia, su retiro de ahora no las pone a salvo de lo que se termine aprobando. Para el futuro es mejor que aunque las propuestas de los magistrados no tengan eco en el Congreso, ellos sigan participando de lo que falta, porque sus luces ilustradas al menos quedarán como constancias históricas, que la experiencia demuestra luego hacen carrera.
Adenda. Lamentable el deceso de mi paisano, el genial bandolista, Diego Estrada. Paz en su tumba y solidaridad con los suyos.
