Orgullosamente pertenezco a esa generación de quienes en nuestra juventud protestábamos en las calles contra los malos gobiernos y las arbitrariedades de los poderosos. Soy, para más señas, un antiguo revoltoso jacobino de los 70 que no tiene nada de qué arrepentirse de lo que fueron esos días de furia de una añorada revolución que nunca fue. Por eso y porque soy un hombre libre y de buenas costumbres, jamás estaré de acuerdo con que la protesta se reprima con cárcel.
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Esa sola razón es suficiente para compartir los esfuerzos del gobierno por poner en libertad a esos jóvenes que el régimen opresor y corrupto de Iván Duque puso tras las rejas porque entendieron que no podían ser indiferentes ante un gobierno que pretendió llevarlos a la miseria con una reforma tributaria odiosa y excluyente. Somos muchos los colombianos que no creemos la versión de que quien protesta sea terrorista. No y mil veces no. Por nuestro pasado lleno de ilusiones y por lo que pueda acaecerle a nuestra descendencia que ojalá nunca pierda la esperanza y jamás sea sumisa.
Avergüenza que nuestra legislación tolere que su pesado e inútil articulado punitivo sea un arsenal para criminalizar a la muchachada irreverente, esa es una mancha grande de nuestra maltrecha institucionalidad que hay que erradicar de los códigos para que sea verdad que aquí sí se respeta el derecho a protestar.
Bienvenidos, pues, los gestores de paz que tan asustados tienen a la ultraderecha y a los viudos de poder, que paradójicamente, a lo mejor sin advertirlo, hoy pretenden parecerse a quienes mostraron su legítima inconformidad en las calles de todo Colombia contra quienes como Duque y su combo se atrincheraron en el odio y la intolerancia. No debe haber en nuestras prisiones un solo compatriota que haya sido sorprendido protestando. El país no se va desmoronar porque esos prisioneros recobren la libertad en estas navidades; por el contrario, mantenerlos en las mazmorras de la infamia sí destruyen la Nación y su futuro.
Por supuesto no todo lo que el gobierno de Petro ha hecho, dicho u omitido con ocasión de este asunto de los gestores de paz es aceptable. Por ejemplo, luego de aprobada la ley sobre la que está andando esta decisión, sobraba expedir un decreto creando una comisión de ilustres funcionarios encargados de proponerle al presidente los nombres de quienes pueden ser convertidos en gestores de paz y obtener la libertad. Si la ley fijó los requisitos para quedar libres por el solo hecho de asumir la reconciliadora gestión de la paz, no era necesario que en últimas apareciera Petro dispensando estos beneficios. Este decreto tuvo más sabor de provocación que de solución pues ha politizado a niveles irreconciliables esta decisión que debieron tomar directa y autónomamente los jueces sin intermediarios ni consejeros. Es la ley aplicada por los jueces la que encarcela o libera a los ciudadanos, no el presidente de turno. Eso es propio de las tiranías.
Y es allí donde también es preciso señalar que no le hace bien a esta democracia que funcionarios de todos los poderes estén montando discursos incendiarios invitando a no cumplir la ley que concibió los gestores de paz, liderados por la voz nada respetable y siempre oportunista del fiscal Francisco Barbosa. No se entiende cómo se pide respeto por la independencia judicial, sin respetar la del Congreso. Las leyes, buenas o malas, se hacen en el Congreso, para que los ciudadanos las cumplan y sobre todo para que nuestros jueces las hagan cumplir.
Si la ley en hora buena creó los gestores de paz para poner en libertad a quienes hoy están presos fundamentalmente por haber protestado, así no le guste al fiscal y a los jueces o procuradores, tendrán que acatarla. Ponerse en pie de lucha contra la rama del poder público que definió esa ruta es una aventura amenazante.
Que no se libere a todos los prisioneros de esta jornada de la ira, en especial a quienes estén sindicados o condenados por delitos atroces, de acuerdo. La palabra la tienen los jueces que mientras lo sean no podrán eludir su responsabilidad de aplicar la ley. A quienes crean que esa ley riñe con la Carta Política, les queda la opción de abstenerse de aplicarla invocando la excepción de inconstitucionalidad, al menos mientras la Corte Constitucional no la declare inexequible. Pero la ley se cumple o la milicia se acaba.
Adenda. Desastrosa la reforma política hecha a la medida de la reelección de los propios congresistas, quienes además podrán ser ministros reviviendo las roscas frentenacionalistas.
