Rastros del asilo

Con ocasión del tempestuoso asilo concedido por Petro al criminal y fastidioso expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, he recordado una experiencia personal inolvidable.

Corría el año de 1979, eran los tiempos tenebrosos del Estatuto de Seguridad orquestado por Turbay Ayala y Camacho Leyva. Apenas me asomaba al ejercicio de la profesión como abogado cuando un colega profesor del Externado, a quien habían nombrado gobernador de un departamento, me pidió reemplazarlo como consultor jurídico externo en una embajada europea. Acepté, entre otras cosas porque mi amigo me aseguró que el trabajo era ocasional y sobre cosas menores.

Unos meses después de estar en esa actividad —por la que, aclaro, no se me pagó un solo peso, pero disfruté—, cuando caían las primeras horas de una noche aburrida de domingo, recibí una llamada en la que un funcionario de esa embajada me pedía con urgencia me trasladara a ese lugar porque tenían una emergencia que requería abogado.

Inmediatamente me desplacé al sitio en el que creí encontrarme un crimen, pero mi sorpresa fue mayor cuanto fui informado de que a la sede diplomática había ingresado un militante del M-19 pidiendo asilo porque estaba siendo perseguido por las autoridades, sindicado de asesinar al sindicalista José Raquel Mercado. Eran los primeros golpes del-M 19. Entonces el canciller era Diego Uribe Vargas y el director del DAS mi profesor Rafael Poveda Alfonso.

La primera reacción del Gobierno fue negar el salvoconducto porque el hombre del M-19 estaba sindicado de un delito común y no político. Con el visto bueno de los funcionarios de la embajada, pedí autorización para hablar con el sujeto y le indagué si era responsable de esa muerte, a lo cual me respondió algo como: “No, pero yo sí participé en el juicio del movimiento que ordenó ejecutar a Mercado”. Aún hoy me asombra esa respuesta de ese miembro del M-19 que, si no ha muerto, debe estar en capilla para ser nombrado en el Gobierno, porque no lo volví a ver jamás.

El Gobierno estaba decidido a no otorgar salvoconducto y el asunto saltó a los medios. La embajada europea consideró que el insurgente del M-19 era perseguido político e insistió en protegerlo. Teniendo en cuenta los antecedentes muy valiosos que ya registraba para entonces la diplomacia criolla —con los casos de Víctor Raúl Haya de la Torre, quien vivió asilado cinco años en la sede de nuestra embajada en Lima, y con los perseguidos en Chile refugiados en la embajada en Santiago, luego del golpe de Pinochet—, rendí un concepto que repetiría hoy, casi 40 años después, en el sentido de señalar que la calificación sobre si el delito para conceder el asilo era común o político solo correspondía al país del que se pretendía refugiar el solicitante. Otro joven profesor del Externado, Mario Madrid Malo, me auxilió para emitir esa opinión que, sin su ayuda, no habría podido facturar.

El asunto concluyó unos meses después, cuando Turbay y su canciller, acosados por la presión diplomática y aconsejados por Poveda, concedieron el salvoconducto para que el personaje pudiera abandonar el país en medio de una tensa diligencia en El Dorado a la que acompañé al embajador y su equipo. Entonces el asilo cumplió su finalidad de proteger un perseguido político.

Con el asilo a Martinelli es cierto que Colombia ha honrado su tradición en cuanto defendió el principio de que es a ella a quien corresponde la calificación del delito, pero a ha hecho un pésimo uso de un instrumento inventado en América que no fue concebido para proteger bandidos ruidosos, como este impresentable de Martinelli. A menos, claro, que lo hayan traído a Bogotá, no solo a cantar rancheras en las discotecas, sino en la Fiscalía cuando lo interroguen sobre sus cercanías con los hijos de Uribe y lo que sepa sobre el negociado de Odebrecht. Porque si no fue para eso que lo han acogido sino para cobrar un favor en el futuro —por ejemplo, si el prófugo Carlos Ramón se refugiase en Panamá—, Martinelli llegó donde era, porque aquí es el reino impune de Odebrecht.

Adenda No 1. Delirantes y ruinosas las estrategias del Gobierno Petro que, ante la derrota en el Congreso, casi linchan a los parlamentarios, y como tampoco pudieron, ahora pretenden convocar una huelga.

Adenda No 2. Claro que queda de nuevo muy mal el ministro Benedetti luego de la renuncia de Angela María Buitrago, ministra de justicia proba y competente.