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El Gobierno Petro mostró fastidio con quienes venían representándonos en el litigio con Nicaragua, equipo del que hacía parte notoria el inefable Manuel José Cepeda, siempre estratégicamente bien ubicado. Según el mandatario, la defensa planteada está ligada al poder en Bogotá y “fracasó estúpidamente”. Nunca se había visto una andanada tan encendida.
No ha habido ni habrá una defensa de los intereses de Colombia en un pleito internacional que sea encargada a abogados de provincia, como las élites bogotanas llaman despectivamente a los oriundos de otras regiones. Es el talante excluyente, el cual multiplican en la altiplanicie quienes se sienten herederos y príncipes de la bobalicona realeza criolla.
A pesar de la dura declaración, Petro no mintió ni dijo nada nuevo, porque siempre en Bogotá se han contratado los abogados para estos menesteres, inclusive ahora con los nuevos agentes ante La Haya. Lo que muchos seguimos sin entender es por qué nunca se incluyó a Enrique Gaviria Liévano, maestro y jurista de indiscutible reconocimiento en estas materias. Seguramente los odios de encumbrados salones de la capital le cobraron su carácter independiente y lo excluyeron torpemente de un asunto donde su presencia habría dado seguridad a nuestros intereses. Cierto es que Gaviria murió en el curso de este pleito, pero en sus expertas manos otra historia estaríamos contando; así lo demostró con sus columnas en las que formuló fundadas críticas a la defensa colombiana sin que su voz fuese oída.
Expertos coinciden en considerar errada nuestra estrategia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, ni siquiera por negligencia de los defensores sino por cuenta de su inexperiencia en derecho internacional y más todavía en derecho marítimo y consuetudinario. A un pleito de esta magnitud no se puede llegar a aprender, sino llegar aprendido. Los nicaragüenses sí saben del oficio.
Desde diciembre de 2001 Colombia y Nicaragua controvierten en La Haya la soberanía sobre las islas en el Caribe occidental y su delimitación marítima, cuando los nicaragüenses nos demandaron reclamando Providencia, San Andrés, Santa Catalina y los siete cayos pertenecientes al archipiélago, y pidieron que se trazara una sola frontera marítima entre las áreas de plataforma continental y zona económica exclusiva. La CIJ ha proferido dos decisiones, una en diciembre de 2007 resolviendo excepciones preliminares y la otra el 19 de noviembre de 2012 reconociendo a Colombia como soberana en las islas y afirmando el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928. Ambas decisiones con sabor agridulce para los dos países, pero más para Colombia porque al trazarse la nueva frontera perdimos 75.000 km². En este momento estamos pendientes de que la CIJ resuelva dos demandas adicionales que propuso Nicaragua que de prosperar serían devastadoras porque extenderían la plataforma continental más allá de 200 millas náuticas y eso se sumaría a la ya catastrófica decisión adversa de perder 75.000 km² de mar. Se avecinan audiencias en la CIJ en el próximo diciembre y ya Colombia tiembla.
Cuando Petro se refirió al fracaso de los agentes de La Haya, debía estar recordando las ruedas de prensa donde nuestros representantes salieron a convencernos de que las dudosas decisiones contra los intereses de Colombia eran buenas noticias. No más aplausos a los desastres que se nos presentan como triunfos.
No hay reparos a Eduardo Valencia y Carolina Olarte, dos de los nuevos agentes en La Haya, pero en vez de la distinguida bióloga Elizabeth Taylor, la raizal del equipo, habrían podido designar sanandresanos con conocimientos en derecho, como por ejemplo el prestigioso exgobernador Álvaro Archbold.
Es la hora de que rindan cuentas los que se van, de manera que sepamos cómo dejan el litigio y qué se espera de quienes los reemplazan. Que no vuelva a pasar que si todo sale mal, se culpen unos y otros, pero si sale bien, todo se lo debamos al mentiroso gobierno de Duque.
Adenda No 1. Si Irene Vélez, ministra de Minas, tuviere decoro, habría renunciado ante la desautorización presidencial a su empeño ruinoso de no firmar contratos de exploración. Se acogerá al salvavidas de una moción de censura que tampoco prosperará.
Adenda No 2. Peligroso, injusto y antidemocrático ataque de la alcaldesa Claudia López a la Rama Judicial. No es culpa de los jueces que los delincuentes queden libres. A enterarse mejor y hablar menos.