Esperaba más de los proyectos de reforma a la justicia del Gobierno y del Consejo de Estado, pues de resultar aprobado uno u otro, o ambos, los males no se remediarían.
Las propuestas son sólo ajustes menores, algunos buenos, como la abolición del Consejo de la Judicatura o de las facultades electorales a las Cortes, la creación del Colegio Nacional de Abogados, las facultades transitorias a abogados para administrar justicia; pero hay otros inaceptables, como el establecimiento del precedente judicial, la prohibición a la Corte Constitucional para que revise sentencias de tutelas proferidas por las otras Cortes, lo cual acabaría con este formidable recurso.
El intento del Gobierno de consensuar el proyecto con las Cortes, resultó una experiencia para no repetir. Es incomprensible que después de un año de discusiones, la mayoría de los magistrados que tienen conocimiento de lo que está pasando en ese Consejo de la Judicatura puedan seguir sosteniendo que la autonomía e independencia de la rama judicial sólo se garantiza si se mantiene ese elefante blanco, del que todo el mundo sospecha.
Por supuesto que en el Consejo de la Judicatura hay gentes decentes y magistrados probos, pero hay más políticos que juristas, y ello ha hecho metástasis no sólo allí sino en las demás Cortes. Lo último que se ha sabido es que en junio pasado ese organismo creó unos jugosos cargos de magistrados auxiliares dizque para descongestionar la justicia disciplinaria, que parece se habrían hecho para satisfacer apetitos burocráticos de fichas claves en el Congreso y en las mismas Cortes, para que influyan en el propósito de hundir la propuesta de su eliminación. Cuando el presidente de la Corte Constitucional pidió explicaciones públicas por estos extraños y costosos nombramientos, en hora buena el vicepresidente del Consejo de la Judicatura los suspendió. Aun así, subsisten los rumores de los carruseles de nombramientos y ascensos decididos a dedo por razones políticas y de amiguismo, pues eso está de moda, hasta en la Procuraduría de Ordóñez, donde también se oye decir que se dispensan cargos para asegurar la reelección del obispo perseguidor.
Del proyecto del Gobierno es bueno destacar que por fortuna decidió excluir la propuesta de ampliarles el período a los magistrados actuales, de 8 a 12 años. No sonaba bien, inclusive por el buen nombre de las Cortes, que semejante prerrogativa se abriera camino. Sé que muchos magistrados se oponían a esa ampliación, por considerarla abusiva e inoportuna. Ojalá en el Congreso, a los asustados parlamentarios que tienen procesos en el Consejo de Estado y en la Corte Suprema, no se les ocurra restablecer esta fórmula definitivamente antidemocrática y antipática.
El Consejo de la Judicatura debe desaparecer, y esa decisión debería estar acompasada de una solución que sacuda la justicia, desde la cúpula hacia abajo. No basta restablecer la cooptación para resolver el problema, como lo cree el Gobierno; ni tampoco exigir que para ser magistrado se requiera tener 50 ó 45 años, o incrementar los recursos de la rama judicial al exorbitante 5% del presupuesto nacional, como lo propone el Consejo de Estado, soluciones importantes sí, pero siempre insuficientes.
Siendo presidente Barco, un prestigioso exministro de justicia propuso borrón y cuenta nueva en las Cortes, es decir, que se decretara la finalización anticipada de los cargos de los magistrados, para en su reemplazo designar por la primera y única vez a juristas de las más altas calidades y reconocimiento, sin importar su edad, que le cambiaran la cara y el destino a la justicia, y sobre todo que generaran credibilidad a la hora de cooptar a sus pares y sucesores. Reimplantar la cooptación, sin cambiar de protagonistas, está por verse si es una buena idea. Eso sí sería atreverse, lo demás son paños de agua tibia para curar el cáncer que devora la justicia.
Adenda. ‘Bolillo’ Gómez y la senadora Liliana Rendón, el uno para el otro, como para sacarles una cría.
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