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Esta vez Uribe no se dio la caminta por la séptima al terminar la farsa de su versión libre en la Comisión de Acusación por las "chuzadas", a lo mejor para que no se repitiera el sinsabor de oír enfurecidos gritos de quienes rechazan su presencia.
Pero arrodilló de nuevo a su juez, que otra vez mostró su favoritismo por el exmandatario.
Sí, la comparecencia de Uribe a explicar las “chuzadas” fue una vergüenza para la historia judicial y para las páginas de la historia nacional. Como ciudadano esperaba oír de quien presidió los destinos del gobierno bajo el cual se desató la más alevosa guerra sucia, al menos una explicación que nos dejara dudando de que lo que pasó pudo haber obedecido a causas distintas de las que se han debatido en todos los expedientes. Qué desilusión, lo que oímos fue el insólito argumento de que todo fue obra de un complot de paramilitares e insurgencia para desacreditar al gobierno de la seguridad democrática. En otras palabras, el sindicado no explicó su conducta personal y política, que era de lo que se trataba; optó por reclamar su condición de víctima, y valido de semejante artificio, en la retina de muchos compatriotas debió quedar la sensación de que la Corte Suprema de Justicia fue la asaltante y no la asaltada, o que sus magistrados se concertaron con el narcotraficante Macaco para perseguir al gobierno, o que los periodistas espiados son auxiliadores de la guerrilla o del narcotráfico.
Y es allí donde la Comisión de Acusación, y en particular el parlamentario que condujo la malhadada diligencia y el incompetente agente de la Procuraduría que con su silencio patentó los abusos, quedaron en deuda con el país. En vez de haber repreguntado cuando el absolvente iba soltando mendacidades, se hicieron los de la vista gorda y todo le fue permitido al mesías.
Por ejemplo, olímpicamente Uribe contestó que en su gobierno no se nombraban directores del DAS a la ligera, y al “astuto” interrogador no se le ocurrió preguntarle cómo se podía explicar, entonces, que todas las personas que durante su gobierno condujeron ese organismo de inteligencia, incluido el actual, habían terminado enredadas en imborrables actos de corrupción. Menos le pasó por la cabeza preguntar pormenores sobre el testimonio de un parcializado dirigente del uribismo huilense, con el que Uribe pretendió sustentar el embeleco de que el exmagistrado Yesid Ramírez lo iba derrocar.
Tampoco le pareció al flamante interrogador ni al acobardado procurador, que valía la pena haber pedido claridad a Uribe sobre afirmaciones tales como la de que durante su gobierno se fortaleció la justicia, o la de que la Corte orquestó con el exfiscal Mendoza Diago el siniestro plan de dejarlo en interinidad por un año, a cambio de que el funcionario levantara expedientes falsos contra los alfiles del régimen. El representante investigador y el delegado de la Procuraduría parecían consuetas y no servidores públicos.
Para la historia también quedará la inocultable coincidencia de que en su recitado y baboso cuestionario, el representante investigador hubiese preguntado por cifras que reflejaran el incremento de los gastos en seguridad y protección a varias personas, y que el absolvente coincidencialmente hubiese tenido listos y a la mano los datos precisos que consultó abiertamente para responder.
Por algo la diligencia terminó abruptamente cuando el sindicado quiso y no cuando lo decretó el complaciente representante que lo interrogó. Si eso es justicia, cómo será la injusticia.
Adenda. La Procuraduría pidió a la Fiscalía investigar de oficio al Bolillo Gómez por un delito querellable, pero nada ha dicho respecto de la apología del delito en la que incurrió ese bárbaro del vicepresidente de la Federación de Fútbol, Álvaro González, al afirmar que si la golpeada hubiese sido Piedad Córdoba, todo el mundo habría aplaudido.
