Ni cuando las FARC eran lo que fueron, entonces sin disidencias, habíamos presenciado una oleada de violencia e inseguridad en todos los departamentos, incluida la capital de la república. Cualquier noticiero es desolador por revelar los múltiples actos criminales que están demostrando que llegó la hora de tomar decisiones trascendentales porque, de seguir como vamos, en menos de un año Colombia puede estar en llamas y sin posibilidad de recuperar el cauce institucional.
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Lo que está pasando en el Valle del Cauca, Cauca y Nariño es de una peligrosidad mayúscula y ojalá que la reacción de Petro de ir con toda contra el EMC haya llegado a tiempo.
En Cali, por ejemplo, cercanísima a Jamundí, hoy tierra de nadie, puede estar en riesgo la realización de la COP16 de Biodiversidad 2024, evento con el que ha sacado tanto pecho su alcalde, Alejandro Eder, no sin razón. No creerá este burgomaestre que con el solo consentimiento y los aplausos siempre zalameros del momierío caleño y las apariciones festivas y refrescantes de su carismática y popular cónyuge en todo acto público va a convencer a los visitantes de que una cosa es Cali y otra Jamundí, y de que todo está en orden. No, la gente no es boba y se informa, además sin dificultad, porque diariamente los medios de todo el planeta cuentan lo que está pasando en la otrora Sucursal del Cielo, hoy del infierno. Afuera nos ven como una república invivible.
La autoridad no existe en el Valle del Cauca y de ello doy testimonio. Desde hace cinco años no he podido volver a mi natal Buga, desde cuando recibí confusas señales de que un seudoempresario vinculado al Centro Democrático —a quien denuncié públicamente por estar condenado por narcotráfico y abuso de menores y por sus indelicadezas en la administración de la ciudad— estaba “dispuesto a todo” con tal de impedirme opinar. Sutilezas mafiosas.
En fin, el panorama de dificultades de orden público es muy extenso, como para incurrir en el dislate de sugerir públicamente a las Fuerzas Militares que desobedezcan la orden del presidente Petro de no disparar a los ciudadanos que protesten, como lo hizo Álvaro Uribe, en una de sus tempestuosas apariciones. “El Gobierno no puede impedir que las Fuerzas Armadas de Colombia protejan a los ciudadanos frente a la violencia como es su deber constitucional”, gritó el expresidente en la Universidad de la Sabana, invitando a policías y militares a desobedecer a su comandante supremo.
No, los problemas hoy no se solucionan propiciando una división o inconformidad en la fuerza pública. Semejante insensatez solamente puede ocurrírsele a alguien tan alterado como Uribe y su enrarecido entorno. Petro no puede dejarse invadir el espacio ni manosear su legitimidad como comandante de las Fuerzas Armadas, que nadie sensato ha puesto en duda.
Si ha habido algún instante propicio para convocar a esta nación adolorida al escenario de la paz total, es este. Si en el pasado reciente no ha habido posibilidad de entendimiento y de vencer la polarización, ahora están dadas las condiciones para que Petro convoque a todos los colombianos a salvarse del terror, sin asamblea constituyente, ni poder constituyente, ni ninguno de sus delirios que no lo dejan gobernar y ni siquiera vivir.
Al EMC, al ELN y a los grupos insurgentes o terroristas —que se creyeron que están a punto de conseguir que reinen el caos, la anarquía y la violencia— hay que exigirles que se sometan y dejen las armas. Para que eso sea posible, Petro debe dejar de lanzar globos incendiarios —como los de “Bocazas”, su ministro de Salud— y entender con humildad que él solo no superará esta emergencia que por desgracia se ha desatado también por su culpa y por la carencia de políticas claras y coherentes de seguridad y paz. Si no es con todos, Petro no tendrá salvación y llevará al país a su más segura destrucción.
No pierda más tiempo, presidente Petro, aproveche la actual circunstancia, no la deje ir. En lo único que podríamos coincidir un buen número de colombianos con su gobierno es en intentar un acuerdo por la paz. En lo demás, apague y vámonos.
Adenda. Que el nombrado rector de la Universidad Nacional pretenda meter a la cárcel al ministro de Cultura, más que un disparate, es una idiotez. Juan David Correa es un intelectual y un colombiano de bien. De él se puede discrepar, pero jamás sindicarlo de cometer delitos.
