UNA RESEÑA ASÍ SEA INCOMPLETA de lo que ha sacudido al país en las últimas tres semanas, es bastante desalentadora:
• La protesta social no cesa y como en los buenos tiempos de Uribe, el presidente Santos y su ministro del Interior la criminalizan acudiendo al sucio expediente de acusar al enhiesto senador Robledo de ser agente de la violencia.
• El escándalo de los baldíos se pretende resolver con un proyecto de ley que se sabe fue proyectado por un asesor de las empresas que están en el ojo del huracán por cuenta de estos cuestionados negocios.
• Se radicaliza la actitud amenazante de un procurador que ya ni siquiera disimula que lo que pretende no es combatir la corrupción, con la que es obvio se siente a gusto, sino imponernos su fe, contando con el silencio cómplice de las cobardes fuerzas políticas que tiemblan ante su inmenso poder.
• De nuevo la contratadora Sandra Morelli le miente al país impunemente, ahora a propósito de una tutela que le formuló el fiscal Montealegre, de la cual hizo el aspaviento mediático de que había sido fallada en su favor, cuando en verdad ello no fue así.
• La anodina ministra de Justicia, Ruth Correa, sin ningún pudor aplaude la Ley de Justicia y Paz hecha a la medida de los paramilitares, y con ligereza inexcusable sostiene que ese esperpento nos trajo verdad sobre el tenebroso grupo criminal del que todavía no sabemos quiénes fueron los miembros de su junta directiva.
• El superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez, no pudo justificar sus vínculos con sus amigotes, los otrora dueños de Interbolsa, ni su presencia en una reunión insólita con ellos, en la que como servidor público jamás debió haber estado.
A pesar de todo no hay que perder las esperanzas. Una jueza civil municipal de Bogotá, Carmen Lucía Rodríguez, con la sola invocación de la ley, sin sesgos ideológicos, prendió una luz de esperanza contra la intolerancia y el naufragio institucional.
Esta jueza valerosa ha escrito para la historia. Autorizó el matrimonio igualitario a dos ciudadanos que le formularon la petición de casarlos, porque consideró que el asunto tenía que resolverse con base en la regulación legal prevista para las uniones entre personas de sexo diferente. Es decir, la funcionaria no sucumbió ante el obtuso alegato de la Procuraduría, de que los homosexuales no pueden casarse porque no hay legislación que se los permita. Es muy probable que a esta funcionaria le lluevan rayos y centellas, disparados por el procurador Ordóñez y su recalcitrante delegada para la Familia, Ilva Myriam Hoyos, quien con leguleyadas intentó anular el trámite.
Hace muchos años, otro juez municipal tuvo el arrojo de no acatar la orden de su Iglesia católica, que entonces prohibía a los jueces celebrar el matrimonio civil. Eran los tiempos de la oprobiosa hegemonía conservadora y de la perversa Ley Concha que tanto daño hicieron. ¡Quién dijo miedo! Lo excomulgaron, lo que para este buen hombre de profundas convicciones religiosas significó una afrenta y una pena. Pasaron muchos años antes de que consiguiera la rehabilitación, para lo cual debió trasladarse de Antioquia a Bogotá, donde simultáneamente se hizo un jurista de gran prestigio, magistrado de la Corte Suprema, y reconocido profesor del Externado. Estoy hablando de J.J. Gómez, cariñosamente llamado por sus alumnos El Sapo, catedrático de bienes, clase que hoy me honro en dictar en la misma universidad.
¡Quién lo creyera! Lo que no fueron capaces de hacer la Corte Constitucional ni el Congreso, porque literalmente les dio miedo, lo hizo una mujer anónima desde un destartalado despacho judicial, dándole una lección inolvidable al establecimiento hipócrita del que por desgracia somos testigos y víctimas.
Adenda Nº 1. No hay duda que el papa argentino Francisco, con sus mediáticas expresiones de humildad y pobreza, cada día se parece más a Belisario.
Adenda Nº 2. Valioso y de obligada consulta el informe ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, del Centro de Memoria Histórica.
notasdebuhardilla@hotmail.com
UNA RESEÑA ASÍ SEA INCOMPLETA de lo que ha sacudido al país en las últimas tres semanas, es bastante desalentadora:
• La protesta social no cesa y como en los buenos tiempos de Uribe, el presidente Santos y su ministro del Interior la criminalizan acudiendo al sucio expediente de acusar al enhiesto senador Robledo de ser agente de la violencia.
• El escándalo de los baldíos se pretende resolver con un proyecto de ley que se sabe fue proyectado por un asesor de las empresas que están en el ojo del huracán por cuenta de estos cuestionados negocios.
• Se radicaliza la actitud amenazante de un procurador que ya ni siquiera disimula que lo que pretende no es combatir la corrupción, con la que es obvio se siente a gusto, sino imponernos su fe, contando con el silencio cómplice de las cobardes fuerzas políticas que tiemblan ante su inmenso poder.
• De nuevo la contratadora Sandra Morelli le miente al país impunemente, ahora a propósito de una tutela que le formuló el fiscal Montealegre, de la cual hizo el aspaviento mediático de que había sido fallada en su favor, cuando en verdad ello no fue así.
• La anodina ministra de Justicia, Ruth Correa, sin ningún pudor aplaude la Ley de Justicia y Paz hecha a la medida de los paramilitares, y con ligereza inexcusable sostiene que ese esperpento nos trajo verdad sobre el tenebroso grupo criminal del que todavía no sabemos quiénes fueron los miembros de su junta directiva.
• El superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez, no pudo justificar sus vínculos con sus amigotes, los otrora dueños de Interbolsa, ni su presencia en una reunión insólita con ellos, en la que como servidor público jamás debió haber estado.
A pesar de todo no hay que perder las esperanzas. Una jueza civil municipal de Bogotá, Carmen Lucía Rodríguez, con la sola invocación de la ley, sin sesgos ideológicos, prendió una luz de esperanza contra la intolerancia y el naufragio institucional.
Esta jueza valerosa ha escrito para la historia. Autorizó el matrimonio igualitario a dos ciudadanos que le formularon la petición de casarlos, porque consideró que el asunto tenía que resolverse con base en la regulación legal prevista para las uniones entre personas de sexo diferente. Es decir, la funcionaria no sucumbió ante el obtuso alegato de la Procuraduría, de que los homosexuales no pueden casarse porque no hay legislación que se los permita. Es muy probable que a esta funcionaria le lluevan rayos y centellas, disparados por el procurador Ordóñez y su recalcitrante delegada para la Familia, Ilva Myriam Hoyos, quien con leguleyadas intentó anular el trámite.
Hace muchos años, otro juez municipal tuvo el arrojo de no acatar la orden de su Iglesia católica, que entonces prohibía a los jueces celebrar el matrimonio civil. Eran los tiempos de la oprobiosa hegemonía conservadora y de la perversa Ley Concha que tanto daño hicieron. ¡Quién dijo miedo! Lo excomulgaron, lo que para este buen hombre de profundas convicciones religiosas significó una afrenta y una pena. Pasaron muchos años antes de que consiguiera la rehabilitación, para lo cual debió trasladarse de Antioquia a Bogotá, donde simultáneamente se hizo un jurista de gran prestigio, magistrado de la Corte Suprema, y reconocido profesor del Externado. Estoy hablando de J.J. Gómez, cariñosamente llamado por sus alumnos El Sapo, catedrático de bienes, clase que hoy me honro en dictar en la misma universidad.
¡Quién lo creyera! Lo que no fueron capaces de hacer la Corte Constitucional ni el Congreso, porque literalmente les dio miedo, lo hizo una mujer anónima desde un destartalado despacho judicial, dándole una lección inolvidable al establecimiento hipócrita del que por desgracia somos testigos y víctimas.
Adenda Nº 1. No hay duda que el papa argentino Francisco, con sus mediáticas expresiones de humildad y pobreza, cada día se parece más a Belisario.
Adenda Nº 2. Valioso y de obligada consulta el informe ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, del Centro de Memoria Histórica.
notasdebuhardilla@hotmail.com