Si la lógica funciona en este país de locos, todo indica que Petro terminará su mandato el 1º de enero de 2016, al ajustar los cuatro años del período para el cual fue elegido.
Ni la embestida del siniestro y arbitrario procurador, ni la cacareada revocatoria del mandato, resultaron capaces de concretar el golpe de estado, como lo denominó el alcalde.
El procurador todavía le apuesta a que su azarosa destitución de Petro podrá cumplirse. Él confía en que el Consejo de Estado revocará los fallos de tutela proferidos por el Tribunal Administrativo, que dispusieron la suspensión de la destitución del alcalde. Y no le falta razón: Ordóñez se siente en casa en el Consejo de Estado, no sólo por haber sido miembro y presidente de esa corporación, sino por otros detallitos que me resisto a pensar van a seguir ocultos. Ya veremos si los medios resultan tan acuciosos para rastrear los parientes y amigos de magistrados que están sentados en la nómina de la Procuraduría, como lo hicieron con dos magistrados del Tribunal Administrativo.
Pero se equivoca otra vez Ordóñez, porque así el Consejo de Estado le camine a Ordóñez en su pretensión de tumbar los fallos de tutela del Tribunal Administrativo, en todo caso quedarán vigentes las otras órdenes de suspensión de la destitución decretadas por el Consejo Seccional de la Judicatura, cuyas providencias no son apelables ante el Consejo de Estado sino el de la Judicatura. Claro que allá también el procurador tiene alfiles, como su presidente, su exsubalterno Wilson Ruiz. Pero mientras se deciden esas apelaciones, el Gobierno no tendrá otra alternativa que la de cumplir los fallos de tutela, bien los del Consejo de Estado o los del Consejo de la Judicatura, y tendrá que abstenerse de ejecutar la orden de destitución de Petro. Y tendrá lugar la elección convocada para el próximo 2 de marzo, en la que llevaron al alcalde al terreno de la actividad proselitista donde mejor se mueve, y allá no habrá poder humano capaz de derrotarlo.
Pero el alcalde todavía tiene varias reservas legales que garantizan su permanencia contra viento y marea de una ultraderecha que creyó que lo sacarían a sombrerazos del palacio Liévano. En efecto, están pendientes las medidas cautelares pedidas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un ente tan paquidérmico que en esta ocasión está quedando muy mal con tirios y troyanos. Además, también hay que esperar la decisión del restablecimiento del derecho pedida por el alcalde al Tribunal Superior de Bogotá, que de prosperar atornillaría mucho más al alcalde a su puesto. Y, como si lo anterior no bastare, bien podría producirse una decisión de la Fiscalía, como consecuencia de la investigación penal iniciada contra el propio Alejandro Ordóñez, dentro de la cual no sería raro que también se ordenara suspender la destitución. En otras palabras, aunque todavía restan muchos rounds de esta guerra, lo cierto es que la pelea la va ganando Petro.
Los que quedaron en ridículo fueron los abogados que pregonaban la inexistencia de la suspensión de la destitución de Petro, dizque porque éste no se había notificado de la misma. Después de que su absurda tesis se les vino abajo, como buenos perdedores salieron a criticar el supuesto abuso de la tutela, porque a ellos parece no preocuparles la violación de los derechos fundamentales de los electores, que fueron vulnerados por el procurador y protegidos por la justicia.
Adenda. Ahora sí se comprende por qué el procurador Ordóñez es tan diligente y veloz para destituir al alcalde de Bogotá y sin embargo tarda tanto para decidir la recusación de Sandra Morelli contra la auditora general. En efecto, al abnegado procurador no le ha quedado tiempo para atender esos deberes por andar celebrándole el cumpleaños a la contratadora, en la casa de un magistrado del Consejo de Estado, donde hubo un delicioso festín, comilona y francachela amenizada por un conocido tenor que encantó interpretando el Ave María. Así sí rinde, pero sobre todo a la contratadora.
