No le bastó al gobierno de Santos promover la perversa ley de inteligencia, para conculcar los derechos ciudadanos. Ahora, con el decreto 1704 de 2012, expedido por el presidente con las firmas de sus ministros de Justicia, Comunicaciones y Defensa, le ha dado un golpe mortal a la privacidad de los usuarios de teléfonos y celulares.
La cosa ha pasado desapercibida, pero en términos de respeto a los derechos fundamentales es una afrenta. El artículo 4 del malhadado decreto obliga a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones a entregar las bases de datos de sus suscriptores a la Fiscalía o a las autoridades supuestamente competentes.
La norma parece inofensiva, pero está envenenada. Lo primero es que la expresión “autoridad competente” legitima no sólo a la Fiscalía o a la Sala Penal de la Corte para obligar a un proveedor a que entregue la información de sus abonados, sino a muchísimos e indeterminados funcionarios. Si un operador de celulares recibe la visita de un coronel de la Policía o del Ejército pidiéndole información sobre la identidad de un abonado o su dirección, no creo que sea capaz de controvertir la competencia de esa autoridad. Con que vean un uniforme es suficiente.
Pero allí no paran las sorpresitas. La información que los proveedores de telefonía deben facilitar a las autoridades, han de entregarla “a través del grupo de Policía Judicial designado para la investigación del caso”. Es decir, la información que pida la Fiscalía o en su caso la “autoridad competente” no será solicitada por éstas directamente, sino que, por ejemplo, la exigirán los investigadores del CTI o de la Policía Nacional, o los flamantes señores de la Agencia Nacional de Inteligencia, la misma que se ha visto envuelta en el episodio confuso de nuevas “chuzadas” a comunicadores. Eso traducido al español, sólo puede significar que las bases de datos de los usuarios de teléfonos quedarán en poder de organismos de seguridad o de inteligencia, lo que por supuesto en un Estado verdaderamente democrático es impensable y peligroso.
Por ese camino de tan dudosa factura democrática, el Estado se ha valido de un artificio legal que en plata blanca le permitirá realizar un censo colectivo, con el cual podrá establecer quién es quién, dónde vive, qué tipo de conexión tiene, etc. Para nadie es un misterio que acceder hoy a las bases de datos de los operadores de teléfonos es tener a la mano una información bastante ambiciosa, en un país en el que se sabe que hay 44 millones de personas que usan celulares.
Lo que es todavía más grave, es que el decreto de marras además de arbitrario es abiertamente ilegal. Cualquiera sabe que los aspectos relacionados con la interceptación de comunicaciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de la Carta Política, es materia de la que sólo puede ocuparse el Congreso, no el Ejecutivo. La razón es obvia, en el Parlamento tienen asiento las voces de quienes representan al pueblo. Adicionalmente, con este malhadado decreto reformaron el Código Penal, lo que es una herejía, pues los códigos no pueden modificarse por decretos reglamentarios sino por el Congreso. Es el sistema de garantías ciudadanas, que les importó un comino al presidente Santos, a la caótica ministrica de Justicia y al ministro de Comunicaciones, que se ufanan de ser liberales, pero que se comportan con el talante castrense del ministro de Defensa.
Con la ley de inteligencia legitimaron el espionaje indiscriminado a través del uso del espectro electromagnético; ahora con este decreto aseguraron el acceso a información reservada de millones de colombianos. Vendrán más gracias de este régimen que se hace llamar de la “prosperidad democrática”. Y el Defensor del Pueblo, calladito.
Adenda. No pudo haber sido más perjudicial la intervención de Ruth Stella Correa como ministra de Justicia en el paro judicial. No sólo no solucionó nada, sino que agravó el conflicto. En otros tiempos la dignidad se ejercía renunciando.
No le bastó al gobierno de Santos promover la perversa ley de inteligencia, para conculcar los derechos ciudadanos. Ahora, con el decreto 1704 de 2012, expedido por el presidente con las firmas de sus ministros de Justicia, Comunicaciones y Defensa, le ha dado un golpe mortal a la privacidad de los usuarios de teléfonos y celulares.
La cosa ha pasado desapercibida, pero en términos de respeto a los derechos fundamentales es una afrenta. El artículo 4 del malhadado decreto obliga a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones a entregar las bases de datos de sus suscriptores a la Fiscalía o a las autoridades supuestamente competentes.
La norma parece inofensiva, pero está envenenada. Lo primero es que la expresión “autoridad competente” legitima no sólo a la Fiscalía o a la Sala Penal de la Corte para obligar a un proveedor a que entregue la información de sus abonados, sino a muchísimos e indeterminados funcionarios. Si un operador de celulares recibe la visita de un coronel de la Policía o del Ejército pidiéndole información sobre la identidad de un abonado o su dirección, no creo que sea capaz de controvertir la competencia de esa autoridad. Con que vean un uniforme es suficiente.
Pero allí no paran las sorpresitas. La información que los proveedores de telefonía deben facilitar a las autoridades, han de entregarla “a través del grupo de Policía Judicial designado para la investigación del caso”. Es decir, la información que pida la Fiscalía o en su caso la “autoridad competente” no será solicitada por éstas directamente, sino que, por ejemplo, la exigirán los investigadores del CTI o de la Policía Nacional, o los flamantes señores de la Agencia Nacional de Inteligencia, la misma que se ha visto envuelta en el episodio confuso de nuevas “chuzadas” a comunicadores. Eso traducido al español, sólo puede significar que las bases de datos de los usuarios de teléfonos quedarán en poder de organismos de seguridad o de inteligencia, lo que por supuesto en un Estado verdaderamente democrático es impensable y peligroso.
Por ese camino de tan dudosa factura democrática, el Estado se ha valido de un artificio legal que en plata blanca le permitirá realizar un censo colectivo, con el cual podrá establecer quién es quién, dónde vive, qué tipo de conexión tiene, etc. Para nadie es un misterio que acceder hoy a las bases de datos de los operadores de teléfonos es tener a la mano una información bastante ambiciosa, en un país en el que se sabe que hay 44 millones de personas que usan celulares.
Lo que es todavía más grave, es que el decreto de marras además de arbitrario es abiertamente ilegal. Cualquiera sabe que los aspectos relacionados con la interceptación de comunicaciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de la Carta Política, es materia de la que sólo puede ocuparse el Congreso, no el Ejecutivo. La razón es obvia, en el Parlamento tienen asiento las voces de quienes representan al pueblo. Adicionalmente, con este malhadado decreto reformaron el Código Penal, lo que es una herejía, pues los códigos no pueden modificarse por decretos reglamentarios sino por el Congreso. Es el sistema de garantías ciudadanas, que les importó un comino al presidente Santos, a la caótica ministrica de Justicia y al ministro de Comunicaciones, que se ufanan de ser liberales, pero que se comportan con el talante castrense del ministro de Defensa.
Con la ley de inteligencia legitimaron el espionaje indiscriminado a través del uso del espectro electromagnético; ahora con este decreto aseguraron el acceso a información reservada de millones de colombianos. Vendrán más gracias de este régimen que se hace llamar de la “prosperidad democrática”. Y el Defensor del Pueblo, calladito.
Adenda. No pudo haber sido más perjudicial la intervención de Ruth Stella Correa como ministra de Justicia en el paro judicial. No sólo no solucionó nada, sino que agravó el conflicto. En otros tiempos la dignidad se ejercía renunciando.