La expresión que sirve de título a esta columna se la oí al exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno en la última entrevista que concedió al canal de María Jimena Duzán, la valerosa periodista que con sus contundentes denuncias se ha venido enfrentando a poderosas fuerzas.
De ser cierto lo que por fin ha revelado el exfiscal, todo indica que en la Fiscalía se vienen manejando desde hace algún tiempo ciertos asuntos no con la venda de la imparcialidad de la diosa Temis, sino con todos los sentidos puestos en perseguir inocentes y absolver culpables.
Según Moreno, en sus épocas de fiscal anticorrupción nombrado por Néstor Humberto Martínez, cuando se querían obtener determinados resultados como consecuencia de una denuncia, había que integrar un equipo de fiscales “que hicieran caso”, porque solo con ellos salían adelante los criminales propósitos de archivar o imputar cargos a la medida de las necesidades de los usuarios. Y eso costaba un billete largo.
La fórmula era casi perfecta, hasta que un buen día alguna autoridad estadounidense capturó con las manos en la masa a Moreno, y ya se sabe cómo opera esa industria de amañar decisiones judiciales que al parecer no cesa.
El relato es tan siniestro que solo oírlo da miedo. Si había que exonerar a quien estuviera comprometido, pero que hubiere aceitado la maquinaria, para eso servían esos fiscales “que hicieran caso” y siguen fielmente las órdenes de sus superiores, seguramente por temor a ser trasladados o retirados de la Fiscalía, o por hacer parte de la comparsa. Pero lo peor, según Moreno, se daba cuando el “caso” se fabricaba para hacerle un montaje judicial a alguien, operativo que se iniciaba por encarcelarlo y someterlo al escarnio para que luego de varios años de injusta detención recobrara la libertad convertido en un paria. Empieza a tener sentido por qué la Fiscalía es una de las entidades públicas más condenadas patrimonialmente por sus excesos y arbitrariedades.
Cuando Moreno habla de fiscales que “hicieran caso” se está refiriendo a una cadena de mando superior que imparte las perversas órdenes, bien directamente o a través de ampulosos comités cuidadosamente orquestados para que todo parezca jurisprudencia.
Si la codicia de Moreno no lo hubiese hecho tropezar con las autoridades estadounidenses, es muy probable que hoy sería uno de esos perfumados señorones que se han vestido de gloria en los despachos judiciales o en la Fiscalía, desde donde ejecutaron el más sofisticado plan criminal contra la justicia.
El cartel de la toga, por cuenta del cual hay varios exmagistrados involucrados, tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia, es apenas la punta del iceberg de la más grande corruptela en la historia judicial. No solamente nos dejó el inmoral acuerdo con el que dos de sus magistrados se repartieron la presidencia de la Corte por unos pocos días, para disfrutar de por vida de pasaporte diplomático, sino que el mal también tocó las puertas de la Procuraduría y el Consejo de Estado. En efecto, hace algunos años las noticias dieron cuenta de un entramado de corrupción bastante peculiar, donde no pasó inadvertido el nombre del entonces procurador delegado ante el Consejo, Wilson Ruiz, hoy flamante ministro de Justicia en cuyos hombros reposa la colosal tarea de reformar la justicia. ¡Hágame el favor! Ya no hay duda de que todo es mucho más grave de lo que parecía y vamos a tener que darle la palabra a Moreno en muchas ocasiones para que cuente a las autoridades quiénes eran y son esos togados, abogados o intermediarios de la justicia que, movidos por el dinero o por el tráfico de influencias, son capaces de todo.
Aquí se ofendieron cuando el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, en sentido metafórico, habló de que debajo de cada piedra hay un sicario, cuando parece que en la realidad tenemos muchos encumbrados en sitios de la justicia.
Adenda. Magnífica la investigación del columnista y profesor de la Universidad del Valle Alberto Valencia Gutiérrez, “La invención de la desmemoria. El juicio político contra el general Gustavo Rojas Pinilla en el Congreso de Colombia”. Es un trabajo científico de grandes quilates que harían bien en leer tanto quienes se consideran conocedores de esa turbulenta historia de la vida política colombiana, como también los que apenas se aproximan a ella.
La expresión que sirve de título a esta columna se la oí al exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno en la última entrevista que concedió al canal de María Jimena Duzán, la valerosa periodista que con sus contundentes denuncias se ha venido enfrentando a poderosas fuerzas.
De ser cierto lo que por fin ha revelado el exfiscal, todo indica que en la Fiscalía se vienen manejando desde hace algún tiempo ciertos asuntos no con la venda de la imparcialidad de la diosa Temis, sino con todos los sentidos puestos en perseguir inocentes y absolver culpables.
Según Moreno, en sus épocas de fiscal anticorrupción nombrado por Néstor Humberto Martínez, cuando se querían obtener determinados resultados como consecuencia de una denuncia, había que integrar un equipo de fiscales “que hicieran caso”, porque solo con ellos salían adelante los criminales propósitos de archivar o imputar cargos a la medida de las necesidades de los usuarios. Y eso costaba un billete largo.
La fórmula era casi perfecta, hasta que un buen día alguna autoridad estadounidense capturó con las manos en la masa a Moreno, y ya se sabe cómo opera esa industria de amañar decisiones judiciales que al parecer no cesa.
El relato es tan siniestro que solo oírlo da miedo. Si había que exonerar a quien estuviera comprometido, pero que hubiere aceitado la maquinaria, para eso servían esos fiscales “que hicieran caso” y siguen fielmente las órdenes de sus superiores, seguramente por temor a ser trasladados o retirados de la Fiscalía, o por hacer parte de la comparsa. Pero lo peor, según Moreno, se daba cuando el “caso” se fabricaba para hacerle un montaje judicial a alguien, operativo que se iniciaba por encarcelarlo y someterlo al escarnio para que luego de varios años de injusta detención recobrara la libertad convertido en un paria. Empieza a tener sentido por qué la Fiscalía es una de las entidades públicas más condenadas patrimonialmente por sus excesos y arbitrariedades.
Cuando Moreno habla de fiscales que “hicieran caso” se está refiriendo a una cadena de mando superior que imparte las perversas órdenes, bien directamente o a través de ampulosos comités cuidadosamente orquestados para que todo parezca jurisprudencia.
Si la codicia de Moreno no lo hubiese hecho tropezar con las autoridades estadounidenses, es muy probable que hoy sería uno de esos perfumados señorones que se han vestido de gloria en los despachos judiciales o en la Fiscalía, desde donde ejecutaron el más sofisticado plan criminal contra la justicia.
El cartel de la toga, por cuenta del cual hay varios exmagistrados involucrados, tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia, es apenas la punta del iceberg de la más grande corruptela en la historia judicial. No solamente nos dejó el inmoral acuerdo con el que dos de sus magistrados se repartieron la presidencia de la Corte por unos pocos días, para disfrutar de por vida de pasaporte diplomático, sino que el mal también tocó las puertas de la Procuraduría y el Consejo de Estado. En efecto, hace algunos años las noticias dieron cuenta de un entramado de corrupción bastante peculiar, donde no pasó inadvertido el nombre del entonces procurador delegado ante el Consejo, Wilson Ruiz, hoy flamante ministro de Justicia en cuyos hombros reposa la colosal tarea de reformar la justicia. ¡Hágame el favor! Ya no hay duda de que todo es mucho más grave de lo que parecía y vamos a tener que darle la palabra a Moreno en muchas ocasiones para que cuente a las autoridades quiénes eran y son esos togados, abogados o intermediarios de la justicia que, movidos por el dinero o por el tráfico de influencias, son capaces de todo.
Aquí se ofendieron cuando el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, en sentido metafórico, habló de que debajo de cada piedra hay un sicario, cuando parece que en la realidad tenemos muchos encumbrados en sitios de la justicia.
Adenda. Magnífica la investigación del columnista y profesor de la Universidad del Valle Alberto Valencia Gutiérrez, “La invención de la desmemoria. El juicio político contra el general Gustavo Rojas Pinilla en el Congreso de Colombia”. Es un trabajo científico de grandes quilates que harían bien en leer tanto quienes se consideran conocedores de esa turbulenta historia de la vida política colombiana, como también los que apenas se aproximan a ella.