Algo tiene que estar pasando para que en este país de abogados el Gobierno tenga dificultad para escoger unos cuantos a quienes pueda encomendar altas responsabilidades.
Mientras las facultades de derecho cada año botan miles de profesionales ansiosos de trabajar, el Gobierno improvisa a la hora de nombrar a verdaderos juristas.
El asunto empezó a notarse cuando se necesitaron nombres para la terna de candidatos a procurador. Ni el Consejo de Estado, ni el Gobierno, pudieron resolver el dilema satisfactoriamente, sin duda, porque debieron desistir algunos aspirantes calificados ante el temor de ser molidos por la manguala corrupta que encabezó el sinvergüenza de Alejandro Ordóñez, de la que hicieron parte todos los senadores liberales. Por eso pasó lo que pasó y terminó reelegido como procurador el jefe del partido de la corrupción, un oscuro y mediocre abogado, que sin ningún pudor ha confesado que dio puestos a quienes no podía dar.
Algo similar acontece con la nómina de abogados que han estado detrás del sonado litigio ante la Corte Internacional de La Haya. Ahora que enfrentamos el desastre de un fallo que nos privó de inmensas zonas marítimas, venimos a enterarnos de que en la plantilla de juristas que nos defendieron no estaban las figuras cimeras del derecho internacional, como Enrique Gaviria, para citar un solo ejemplo, excluido por obra y gracia de las antipatías y celos de varios cancilleres incompetentes. Prefirieron sentar en el banquillo de la defensa a unos personajillos que les quedaba grande ese pleito, y por eso apenas recibieron la muenda, se largaron a disfrutar sus cuantiosos honorarios que pagamos todos los contribuyentes. Que no quede duda, el litigio con Nicaragua principalmente lo perdimos, porque no tuvimos un abogado litigante experto y recursivo que supiera capotear ese toro bravo; pusieron unos lagartos trepadores a cuidar nuestra soberanía.
Pero el asunto es mucho más grave de lo que parece. En cuanto se conoció el fallo de La Haya, el Gobierno integró una comisión de juristas para que lo aconsejara en la estrategia que ha de ejecutarse en adelante para no perder lo que en el papel ya nos cercenaron. Que en ese panel hayan incluido a los cercanos amigos de Santos no es raro porque ese es el estilo de este Gobierno. Por eso en las embajadas están sentados sus íntimos amigos y una pesada rosca de cachacos bogotanos y momios vallunos. Ese es el feudo personal del mandatario y su entorno. Pero dejando de lado esa consideración sobre la que será necesario volver en otra columna, lo que resulta insólito y preocupante es que el Gobierno hubiese elevado a la categoría de jurista notable a Joaquín Polo, integrándolo al grupo de togados con los que aspiramos a recuperar el mar perdido. Para quienes no lo recuerdan, Polo fue director del DNE y encargado también del DAS, y no todos hemos olvidado su perfil ni sus gracias.
La primera sorpresa es que nadie sabía, a lo mejor ni el mismo Polo, que fuese experto en derecho internacional. Lo segundo es que resulta un desafío que el Gobierno haya vinculado a ese plantel de juristas —que entre otras cosas todavía no se sabe si van a trabajar gratis o cobrando, como lo reveló alguno de ellos— a quien como el doctor Polo tiene la condición de indiciado ante la Fiscalía, que lo investiga por cuenta de varios señalamientos que algunos testigos le han hecho por las chuzadas y seguimientos orquestados desde el DAS en las épocas de Uribe, cuando fue su subdirector y director encargado. Por esos mismos hechos la Procuraduría le abrió pliego de cargos. Todo eso sin contar sus tropiezos como director de Estupefacientes, donde también despertó la curiosidad de los organismos de control. Y al Gobierno todo eso le importa un comino y pone en sus manos la suerte de nuestros aguas en el Atlántico.
Adenda. Primero fue Jorge Noguera, el buen muchacho del DAS; luego el delincuente general Mauricio Santoyo. ¿Y el jefe de la banda cuándo?
Algo tiene que estar pasando para que en este país de abogados el Gobierno tenga dificultad para escoger unos cuantos a quienes pueda encomendar altas responsabilidades.
Mientras las facultades de derecho cada año botan miles de profesionales ansiosos de trabajar, el Gobierno improvisa a la hora de nombrar a verdaderos juristas.
El asunto empezó a notarse cuando se necesitaron nombres para la terna de candidatos a procurador. Ni el Consejo de Estado, ni el Gobierno, pudieron resolver el dilema satisfactoriamente, sin duda, porque debieron desistir algunos aspirantes calificados ante el temor de ser molidos por la manguala corrupta que encabezó el sinvergüenza de Alejandro Ordóñez, de la que hicieron parte todos los senadores liberales. Por eso pasó lo que pasó y terminó reelegido como procurador el jefe del partido de la corrupción, un oscuro y mediocre abogado, que sin ningún pudor ha confesado que dio puestos a quienes no podía dar.
Algo similar acontece con la nómina de abogados que han estado detrás del sonado litigio ante la Corte Internacional de La Haya. Ahora que enfrentamos el desastre de un fallo que nos privó de inmensas zonas marítimas, venimos a enterarnos de que en la plantilla de juristas que nos defendieron no estaban las figuras cimeras del derecho internacional, como Enrique Gaviria, para citar un solo ejemplo, excluido por obra y gracia de las antipatías y celos de varios cancilleres incompetentes. Prefirieron sentar en el banquillo de la defensa a unos personajillos que les quedaba grande ese pleito, y por eso apenas recibieron la muenda, se largaron a disfrutar sus cuantiosos honorarios que pagamos todos los contribuyentes. Que no quede duda, el litigio con Nicaragua principalmente lo perdimos, porque no tuvimos un abogado litigante experto y recursivo que supiera capotear ese toro bravo; pusieron unos lagartos trepadores a cuidar nuestra soberanía.
Pero el asunto es mucho más grave de lo que parece. En cuanto se conoció el fallo de La Haya, el Gobierno integró una comisión de juristas para que lo aconsejara en la estrategia que ha de ejecutarse en adelante para no perder lo que en el papel ya nos cercenaron. Que en ese panel hayan incluido a los cercanos amigos de Santos no es raro porque ese es el estilo de este Gobierno. Por eso en las embajadas están sentados sus íntimos amigos y una pesada rosca de cachacos bogotanos y momios vallunos. Ese es el feudo personal del mandatario y su entorno. Pero dejando de lado esa consideración sobre la que será necesario volver en otra columna, lo que resulta insólito y preocupante es que el Gobierno hubiese elevado a la categoría de jurista notable a Joaquín Polo, integrándolo al grupo de togados con los que aspiramos a recuperar el mar perdido. Para quienes no lo recuerdan, Polo fue director del DNE y encargado también del DAS, y no todos hemos olvidado su perfil ni sus gracias.
La primera sorpresa es que nadie sabía, a lo mejor ni el mismo Polo, que fuese experto en derecho internacional. Lo segundo es que resulta un desafío que el Gobierno haya vinculado a ese plantel de juristas —que entre otras cosas todavía no se sabe si van a trabajar gratis o cobrando, como lo reveló alguno de ellos— a quien como el doctor Polo tiene la condición de indiciado ante la Fiscalía, que lo investiga por cuenta de varios señalamientos que algunos testigos le han hecho por las chuzadas y seguimientos orquestados desde el DAS en las épocas de Uribe, cuando fue su subdirector y director encargado. Por esos mismos hechos la Procuraduría le abrió pliego de cargos. Todo eso sin contar sus tropiezos como director de Estupefacientes, donde también despertó la curiosidad de los organismos de control. Y al Gobierno todo eso le importa un comino y pone en sus manos la suerte de nuestros aguas en el Atlántico.
Adenda. Primero fue Jorge Noguera, el buen muchacho del DAS; luego el delincuente general Mauricio Santoyo. ¿Y el jefe de la banda cuándo?