El alboroto de Carimagua es más hondo de lo que creíamos. No se trató
solamente de que el Gobierno hubiese intentado entregar a unos
empresarios amigos una hacienda valiosa que en principio había ofrecido
destinar para alivio de los desplazados. Ahora venimos a saber que
detrás de ese inexplicable cambio de destinación, aparece una comparsa
de parientes y amigos íntimos del ministro de Hacienda, Óscar Iván
Zuluaga, y del director de Acción Social, Luis Alfonso Hoyos.
Con esos detallitos se entiende el porqué de la inicial postura asumida por el presidente Uribe y su ministro de “Palmicultura” (la expresión es de Vladdo, tomada de su columna en El Nuevo Siglo), cuando expresaron con su habitual arrogancia que el proceso de adjudicación de Carimagua se llevaría a cabo, a pesar del ruido que se armó. Lo que no nos dijeron fue que los posibles licitantes eran personas del entorno familiar, financiero y político del alto Gobierno.
Más que un escándalo es una avivatada, que una de las empresas que estuvo merodeando por Carimagua, obviamente con el fin de decidir si licitaba o no para quedarse con el inmueble, le pertenezca al empresario caldense Mario Escobar Aristizábal, delegado del presidente Uribe en la Junta Directiva de Acción Social, la entidad pública encargada de velar por los desplazados.
A esa malhadada coincidencia se suman las imborrables dudas de que Escobar Aristizábal es tío del Ministro de Hacienda, además de que ha financiado sus campañas políticas, lo mismo que las de Luis Alfonso Hoyos, director de Acción Social. ¡Todos a una, como en Fuenteovejuna!
Pero si todo lo anterior es sospechoso, todavía más las coartadas del ministro Arias, así como su exótica solución de privatizar la controversia y la solución, al integrar una comisión de particulares para que resuelva el problema público que se generó gracias a las ligerezas oficiales.
En efecto, el locuaz ministro Arias sostuvo la tesis de que lo de Carimagua fue una cortina de humo lanzada por quienes resultaron afectados por el otro escándalo de Fiduagraria. La cosa fue al revés. Fue el Gobierno el que se valió de Fiduagraria, para tender un manto que no dejara ver el elefante de Carimagua.
Como si fuera poco, el ministro Arias, con habilidad digna de mejor causa, soltó la especie de que el enredo de Carimagua no es un problema de corrupción de cuello blanco, sino ideológico. En su infinita sabiduría, para sacarle el cuerpo a las críticas fundadas de la Procuraduría sobre este turbio asunto, concibió una decisión con sabor a trampa: nombrar una comisión dizque de expertos para que digan la última palabra.
No advirtió el locuaz ministro que para resolver el problema “ideológico” sobre si las tierras del Gobierno deben darse a desplazados o a empresarios, designó a reconocidos aliados y voceros de industriales, inversionistas y los grandes capitales. Puso a los ratones a cuidar el queso. Así es como le gusta a este gobierno, que sus jueces sean sus amigos y de la casa. Adiós a las esperanzas de los desplazados.
No hay duda, tanto abuso de poder, hay que apuntárselo a la soberbia de la reelección y al 81% de popularidad del Presidente. El Gobierno está padeciendo el mismo mal que llevó al naufragio a la selección Colombia del 5-0 con Argentina. Están creyendo que como tendrán un tercer período, y quién sabe cuántos más, todo les es permitido, inclusive hasta los negocios lícitos.
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Adenda.- Valiente babosada con la que salió el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza. Según él, aquí ya no hay paramilitarismo sino delincuencia. ¡Vaya alivio! Le convendría a tan conspicuo burócrata internacional oír voces diferentes y visitar lugares distintos de la Casa de Nariño.
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