Santos debe de estar dándose contra las paredes por haberse dejado meter en el enredo de someter al escrutinio ciudadano lo que se negocie en La Habana.
Ojalá que por lo menos para sus memorias dejara reservadas unas páginas para contarnos quién fue el genio al que se le ocurrió recomendarle la leguleyada de consultarles a los colombianos si aprueban o no lo que Gobierno y Farc finalmente acuerden.
Si lo que se quería era darles un toque democrático a los acuerdos habaneros, habría bastado el mandato por la paz que recibió Santos al lograr la segunda reelección. Ese día quedó claro que las mayorías hicieron la señal de querer un mandatario comprometido con la salida negociada del conflicto, en vez de un presidente engolosinado con las fracasadas fórmulas militaristas de aniquilar a bala la insurgencia. Y si se trata de interpretar resultados electorales, pues el del último domingo es igualmente diciente, porque los partidos que han venido apoyando el proceso en La Habana ratificaron sus mayorías -los de la Unidad Nacional con el Partido Liberal a la cabeza-, mientras que el Centro Demoniaco quedó desaparecido del panorama y el conservatismo acomodado, aunque también con un lánguido balance en las urnas.
Es decir, si perdieron las elecciones los dos partidos que se han venido atravesando a la paz -aun cuando de dientes para afuera suelen afirmar que sí la apoyan-, incluso en regiones donde tradicionalmente tienen aceptación Uribe y los goditos, las señales no pueden ser más claras: la gente sí quiere que avance y concluya la solución negociada con las Farc, y también con los del Eln.
Si ha habido dos elecciones sucesivas que han favorecido a los candidatos y programas vinculados con la posibilidad de acabar a las buenas con esta guerra, ¿cuál es la necesidad de insistir en un mecanismo de participación ciudadana para aprobar lo de La Habana? La prueba de que el Gobierno anda buscando dar marcha atrás en el esperpento de una consulta innecesaria y ruinosa, que antes defendía a diestra y siniestra, es que de la noche a la mañana cayeron en la cuenta de que ninguna de las fórmulas vigentes hoy les sirve. Ni el referendo, ni la consulta, ni mucho menos una constituyente. Entonces, ahora de la mano del constitucionalista del régimen, el camaleón Roy Barreras, están acuñando una reforma constitucional o legal dizque para convocar un plebiscito, que tampoco convence.
La legitimidad del proceso de La Habana no la proporcionará lo que sentencien los colombianos en otra jornada electoral. La paz por sí sola, sin ninguna refrendación, es suficiente legitimación de cualquier proceso. El día que los colombianos de verdad sientan que se acabó la guerra, no hará falta nada. La idea no es mía sino de Luigi Ferrajoli, quien en su reciente visita a Colombia en diferentes escenarios así lo comentó y justificó con brillantez, sin que nadie le parara bolas, porque este país se da el lujo de ignorar una autoridad mundial como el iluminado italo-francés, por andar haciéndole eco a los insensateces de Álvaro Uribe, Pacho Santos, Marta Lucía Ramírez, José Obdulio y esos loquitos anarquistas que andan tratando de ganar audiencia con la aventura de torpedear la paz.
Dejémonos de tonterías. La oposición uribista, que mientras fue Gobierno nunca les garantizó sus derechos a críticos y opositores, ahora reclama un nuevo escenario electoral donde ya han sido derrotados en dos ocasiones sucesivas, para intentar sabotear los acuerdos de La Habana.
Si el presidente y los partidos que lo acompañan quisieran ponerle punto final a ese laberinto en el que algún tecnócrata los metió sin medir las consecuencias, deberían darse la pela y enterrar esa idea de convocar consultas o plebiscitos para avalar las negociaciones, y quedarse con lo importante: la paz. O, preparémonos para que, si hay acuerdo con el Eln, también tengamos que pagar otra costosa e inútil jornada electoral.
Adenda. A cinco años de la muerte del escritor y periodista Fernando Garavito, imposible olvidar que su penoso e injusto exilio, donde murió trágicamente, se debió al hostigamiento y persecución de la seguridad democrática.
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